Gaizka Fernández Soldevilla-El Correo
El asesinato de Máximo Casado es el primer caso resuelto gracias al ‘archivo histórico de ETA’, los documentos incautados a la banda durante los últimos años
Nacido en Santa Elena de Jamuz (León), Máximo Casado Carrera empezó a trabajar en la prisión alavesa de Nanclares de Oca en 1983. Primero lo hizo como maestro; a partir del año siguiente, tras aprobar las oposiciones, como funcionario de carrera. En 1990 fue ascendido a jefe de Servicios, cargo que compatibilizaba con su militancia en CC OO, sindicato del que fue delegado en el centro. Vivía en Vitoria, estaba casado y tenía dos hijos de 18 y 11 años.
Su vida se trastocó cuando ETA le puso en su punto de mira. Como otros funcionarios de prisiones, Máximo Casado recibió cartas de la banda durante el largo secuestro de su colega José Antonio Ortega Lara, entre 1996 y 1997. Las amenazas fueron subiendo de tono: llamadas de madrugada, rayones en el coche, marcas y luego quema del buzón, pintadas, enfrentamientos públicos con familiares de radicales… Como ocurría a menudo en Euskadi, la violencia de persecución fue el antecedente de algo peor.
El domingo 22 de octubre de 2000 Casado comenzaba su turno a las 8.00 horas de la mañana. Contra su costumbre, esta vez no le acompañó su mujer. A las 7.45 el funcionario entró en el aparcamiento y arrancó su Citroën Xsara. Apenas había avanzado cuando el coche estalló. Tenía adosada una bomba lapa con trampa de movimiento de unos dos kilogramos de explosivo Titadyn. La víctima murió en el acto.
Unos días después su viuda, Concepción Jaular, anunció que abandonaba inmediatamente el País Vasco junto a su familia. «A vosotros, miembros de ETA, a los que los apoyáis, qué os puedo decir. Me habéis arrebatado lo que más quería en el mundo, pero desde el inmenso dolor desde el que agradezco a la buena gente su solidaridad, solo puedo deciros que lo único que habéis conseguido es fortalecer infinitamente mi amor por Máximo y por mis convicciones».
La organización terrorista reivindicó el asesinato como parte de su campaña «contra los carceleros y responsables de las cárceles de España». Gracias a sus pesquisas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encontraron a los colaboradores necesarios de los asesinos. En 2010 la Audiencia Nacional condenó a los miembros del comando de información que había facilitado a la dirección de ETA los datos sobre Casado y una copia de la llave de su garaje: Juan Carlos Subijanda y Zigor Bravo, vecino de la víctima. Ahora bien, no se consiguió descubrir a los autores materiales del atentado. La investigación había llegado a un callejón sin salida. El de Casado estaba destinado a convertirse en uno de los más de trescientos asesinatos de ETA sin resolver. Lo impidieron unos papeles.
En febrero de 2018 Francia entregó a España el ‘archivo histórico de ETA’: los efectos y documentos incautados a la banda durante los últimos años. En total, más de 40.000 folios, a los que hay que sumar innumerables archivos en formato digital. Pese a que es una tarea tan difícil como buscar una aguja en un pajar, las fuerzas de seguridad están realizando un minucioso examen de los fondos para constatar si hay documentos que aún tengan valor judicial.
Por suerte, los hay. Lo demostró el Servicio de Información de la Guardia Civil al encontrar dos autocríticas (‘cantadas’) de un miembro del comando ‘Ttoto’, José Ignacio Guridi Lasa, dirigidas al aparato de seguridad de ETA. Los documentos habían sido intervenidos por la Policía francesa en un depósito escondido en una vivienda de la localidad de Castres en abril de 2002. En ellos Guridi repasaba el historial del comando ‘Ttoto’, del que también formaban parte Asier Arzalluz y Aitor Aguirrebarrena. Su ‘hoja de servicios’ incluía el asesinato de José Luis López de Lacalle, un coche-bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Ágreda (Soria), el asesinato de los guardias Irene Fernández y José Ángel de Jesús en Sallent de Gállego (Huesca), un atentado contra la discoteca Txitxarro (Deba) y otro contra el centro de menores de Zumárraga. En la lista aparecían dos acciones todavía sin esclarecer: un artefacto explosivo en el domicilio de un guardia civil en Cintruénigo, que fue desactivado, y el asesinato de Máximo Casado. Guridi llegaba a acusar a su compañero Arzalluz de haber olvidado usar guantes en «la lapa de Gasteiz», con lo que sus huellas digitales habrían quedado impresas «en un rollo de cinta». La Benemérita comprobó que, efectivamente, en el lugar de los hechos se había descubierto un «trozo de cinta adhesiva plástica de color marrón», que era exactamente igual a la que tenía Guridi Lasa en su mochila cuando fue arrestado. Aquellos indicios permitieron reorientar la investigación policial.
En octubre del año pasado la Audiencia Nacional condenó por el asesinato de Casado a los tres integrantes del comando ‘Ttoto’, así como a Xabier García Gaztelu (‘Txapote’), responsable del aparato militar de ETA que había dado la orden de cometer el atentado. Tras diecinueve años, se hacía justicia.
Este es el primer caso que el ‘archivo histórico de ETA’ ha contribuido a resolver. Probablemente no será el último. Cuando termine la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Poder Judicial, todos estos fondos serán depositados en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Serán piezas cruciales para elaborar un relato histórico riguroso y documentado sobre lo que ocurrió en Euskadi. Contra el olvido y las mentiras, se alza el derecho a la verdad.