KEPA AULESTIA, EL CORREO 11/05/2013
· La deseable excarcelación de Otegi no le hace víctima de un ‘proceso de martirio’ ni acreedor a ‘virtudes heroicas’.
La noticia de que Arnaldo Otegi podría quedar en libertad condicional, una vez admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el recurso contra la sentencia que le condenó a seis años y medio de cárcel por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna, parece acercar el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales a criterios de Justicia. La actuación punitiva del Estado de Derecho se volvería incomprensible en este caso si la pena impuesta en 2011 por la Audiencia Nacional, y rebajada por el Supremo en 2012, no pudiera ser objeto de revisión.
Los acontecimientos se han desarrollado acorde a algunos de los argumentos de la defensa. Aunque ello no avalaría la tesis de que al ser detenidos, en otoño de 2009, Otegi y los otros cinco condenados de ‘Bateragune’ confabulaban para empujar a ETA a una pronta renuncia a las armas. Y mucho menos serviría para prejuzgar positivamente la actitud que hubiesen mostrado ante la eventual continuación de los atentados terroristas, dado que mientras persistieron no se oyó una voz crítica por su boca.
Forma parte de la convención al uso que se ensalce como artífice de la paz a quien previamente contribuyó a la guerra por el hecho mismo de reclamar el armisticio. Se trata siempre de un acceso ventajista a la gloria eterna del Bien. La exacerbación más cruel del conflicto puede conducir a una persona a ser acusada ante el Tribunal Penal Internacional y a otra a acabar de candidata al Premio Nobel, sin que en este segundo caso el protagonista deba retractarse necesariamente de su actuación pasada.
La ética de la violencia generada por ETA ha propiciado una versión de reminiscencias católicas a la hora de premiar a los artífices de la paz en Euskal Herria. No hace falta arrepentirse de nada para acceder a la antesala del Cielo. Basta con demostrar ‘virtudes heroicas’ o aparecer como víctima de un ‘proceso de martirio’. Es suficiente con contribuir al final del Mal tras causarlo, justificarlo después como necesario, explicarlo finalmente como inevitable, para renegar de la violencia de ahí en adelante. Siempre que se haga heroicamente y el sujeto en cuestión se vea martirizado en el trayecto.
Pero la renuncia a las armas ha de ir acompañada de la renuncia a ser condecorado por ello. No solo debido a que la medalla al desistimiento comporta un mensaje extremadamente doloroso para las víctimas de la despiadada persecución. Sobre todo, porque ninguna sociedad puede erigirse en democráticamente sana cuando en su seno se alzan monumentos a la meritocracia de la ignominia pasada.
Arnaldo Otegi y los encausados en ‘Bateragune’ pertenecen a la estirpe de los dirigentes de la izquierda abertzale con potestad para recurrir a todas las posibilidades del Estado de Derecho. Sencillamente porque cada victoria suya ante los tribunales se convierte en derrota postrera del enemigo. Los demás reclusos por causas de terrorismo tienen prohibida la búsqueda de salidas personales, porque cada una de ellas adquiere connotaciones de rendición incluso veinte meses después de declarado el «cese definitivo de las actividades armadas». Habrá quien, entre sus seguidores, defienda la oportunidad de su excarcelación porque la causa le requiere como secretario general de Sortu. Y habrá quien silencie su disconformidad con lo que considerará un trato de favor por parte de un Estado de Derecho chantajista y aborrecible. Pero así es como se escribe la Historia; también la de la izquierda abertzale.
La particular cohabitación radical entre EH Bildu gobernando instituciones y ETA resistiéndose a desaparecer puede ser especialmente hiriente para quienes más razones han tenido de sentirse perseguidas por el terror. Pero al mismo tiempo adelanta los términos del cierre definitivo de la espiral etarra: los que ocupan las ‘carteras ministeriales’ y sus correspondientes puestos de designación no son aquellos que, en el relato de la épica terrorista, más se han sacrificado por la causa. Quienes según esa épica más han contribuido al éxito electoral de EH Bildu o Amaiur continúan encarcelados o, una vez cumplida su condena, se ven con serias dificultades para regresar a la normalidad.
Claro que los reproches domésticos son acallados por la inexorabilidad del Estado de Derecho, que se fija en los culpables del terror sin preocuparse de quienes pudieran obtener alguna ventaja política del mal, y por el ancestral pudor con el que en este país se dirimen los litigios de familia. La meritocracia terrorista describe una pirámide invertida ciertamente elocuente, de manera que una minoría de depravados asesinos condenados o procesados por ello sostiene, sobre el riesgo de ir armados y vivir clandestinamente el juramento sectario de su entrega, todo un edificio inicialmente connivente que, sometiéndose a las vías de la legalización, ha acabado ocupando parcelas del poder establecido.
Es la otra cara de la posible excarcelación de Otegi y de la naturalidad con la que el diputado general Martin Garitano preludia con exigencias su último encuentro con Iñigo Urkullu y deprecia después el reparto alcanzado, sin que se sepa qué hizo mientras en Ajuria Enea.
KEPA AULESTIA, EL CORREO 11/05/2013