LA INICIATIVA de Fernando Grande-Marlaska de mantener una reunión con los representantes de las víctimas del terrorismo demuestra el buen talante y el compromiso con la justicia del ministro del Interior, que quiso trasladar a los diferentes colectivos de víctimas que el Gobierno de Sánchez no contempla la posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios a los presos etarras. No obstante, Grande-Marlaska no pudo asegurar con rotundidad que el nuevo Ejecutivo decida mantener la política de dispersión tras el anuncio de disolución de ETA, por lo cual las víctimas le recordaron que un acercamiento masivo de presos conllevaría un rechazo unánime «en la calle» de todos los colectivos. Con razón, los representantes de las víctimas del terrorismo desconfían de un Gobierno que logró acceder al poder gracias, entre otros, a los votos de Bildu y del PNV, este último partidario del traslado a cárceles vascas –o como máximo, a 250 kilómetros de éste– de los miembros de ETA que cumplen condena en prisiones de toda España. Además, los nacionalistas vascos, que preparan junto con la izquierda abertzale un nuevo estatuto de naturaleza soberanista, no ocultan su ambición de obtener las mayores competencias posibles en política penitenciaria.

Las víctimas han sido claras con un ministro al que reconocen la firmeza en la lucha contra la banda que le caracterizó durante sus años como magistrado, a pesar de que acabó decretando la libertad de Otegi y votando a favor de la de Bolinaga. E hicieron bien en marcarle las líneas rojas que no debe transitar. El Gobierno, le dejaron claro las víctimas, no debe hacer ninguna concesión a ETA por haber dejado de matar; no debe tomar decisiones colectivas sobre los presos, sino individualizadas y sometidas al estricto principio de legalidad; por último, se debe exigir un rechazo individual y un repudio inequívoco de la violencia que practicaron durante décadas y la colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los casi 350 asesinatos sin resolver.

Es cierto que la política de dispersión fue instaurada para hacer frente a una situación excepcional, y que desaparecida ésta, es decir, si ETA realmente se ha disuelto, no existiría una razón legal para mantener alejados de sus familiares a los presos. Pero se equivocaría el Gobierno si decidiera revocarla, ya que podría entenderse como una concesión a los asesinos. Además, tal y como publicamos hoy, unos 15.000 delincuentes comunes, esto es, el 25% de la población reclusa, cumplen su condena fuera de su comunidad, en contra de lo que argumentan quienes piden el acercamiento de etarras o de los presos independentistas. Detrás de la exigencia de que estos últimos sean trasladados a cárceles de Cataluña, existe la voluntad de darles un trato de favor, ya que la Generalitat es la única con competencias sobre prisiones. Algo que el Gobierno debería tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión.