En su reciente visita a Madrid, el canciller Olaf Scholz sintonizaba amablemente con Pedro Sánchez hasta que de repente le tocaron la fibra sensible: las reglas fiscales de la Unión Europea. Scholz mostró ahí que, aunque ahora gobiernen los socialdemócratas, Alemania sigue estando preocupada, como hace 10 años, por la posibilidad de tener que apechugar con las deudas de los países del sur de Europa. 

Las reglas fiscales —que buscan limitar el déficit público al 3% del PIB y la deuda pública al 60%— se encuentran suspendidas desde el principio de la pandemia para permitir que los países tengan suficiente flexibilidad a la hora de luchar contra las consecuencias económicas y sanitarias de la crisis. Pero, teóricamente, tras dos años de recuperación, en 2023 debemos volver al marco de disciplina fiscal estipulado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto ha generado un enorme debate sobre la necesidad de aplicar las reglas tal y como estaban antes de la pandemia o, por el contrario, enmendarlas.

En este debate hay posiciones dispares. Mientras que los países del sur, como Francia e Italia, apuestan por una reforma profunda, los llamados frugales son más reticentes a hacer cambios de gran calado. La cuestión es cómo encontrar una solución de consenso que evite la complejidad política de una reforma, que permita conciliar la disciplina fiscal con la inversión y que seamos capaces de hacerlo antes de 2023. 

Es cierto que no podemos dejar pasar la oportunidad de cambiar el sistema de reglas fiscales. Como consecuencia de la crisis, se han disparado los niveles de endeudamiento en la UE: España cerró 2021 con un déficit del 8,4% y una deuda pública del 119,5%, muy por encima de lo establecido en las reglas europeas. Su aplicación estricta llevaría a iniciar procesos disciplinarios contra un gran número de Estados miembros, algo a todas luces insostenible. De ahí la necesidad de la reforma.

Además, incluso desde antes de la pandemia, las reglas fiscales no han conseguido alcanzar sus dos principales objetivos: garantizar la disciplina fiscal a largo plazo y promover una política económica anticíclica. Los países han cumplido con las reglas solo uno de cada dos años de media, y algunos incluso menos que eso. Además, no han sido capaces de fomentar el ahorro en los tiempos de bonanza económica y el gasto durante las recesiones. Todos tenemos en mente aún la política de austeridad que se impuso en Europa después de la crisis financiera de 2008. Y esta tendencia, en menor magnitud, no se ha revertido. 

Pero es que, además, la UE tendrá que hacer frente a grandes inversiones para alcanzar los objetivos de neutralidad climática en 2050: no lo podrá hacer si pierde su credibilidad económica o si restringe en exceso la política fiscal de los Estados.

Por eso, tanto el norte como el sur tienen su parte de razón: debemos promover la disciplina fiscal y aumentar al mismo tiempo nuestras inversiones. La mejor forma de hacerlo es ligar la sostenibilidad ambiental a la sostenibilidad fiscal. No son objetivos contrapuestos, todo lo contrario. La UE será capaz de financiar el Pacto Verde Europeo única y exclusivamente si adopta una política fiscal inteligente. 

Mi propuesta para alcanzar un compromiso es que mantengamos las reglas como están, sin más cambios que una mayor flexibilidad en su interpretación, y utilicemos nuestro éxito con los fondos de recuperación como modelo para crear un sistema nuevo. 

La UE será capaz de financiar el Pacto Verde Europeo única y exclusivamente si adopta una política fiscal inteligente 

En primer lugar, establecer un Fondo Europeo de Inversión Climática dotado con 57.000 millones de euros para que los países que cumplen con las reglas fiscales accedan a ayudas y préstamos para luchar contra el cambio climático, basándonos en la experiencia de Next Generation EU. La UE deberá reducir sus emisiones de CO₂ en un 55% en 2030, y ello requerirá de 360.000 millones de euros anuales adicionales en inversión climática. Un fondo dotado con 57.000 millones anuales serviría para cubrir cerca del 50% de las inversiones públicas adicionales necesarias, por lo que condicionar el acceso al fondo al cumplimiento de las reglas fiscales implica la creación de un sistema de incentivos mucho más robusto para asegurar la disciplina fiscal y superar el modelo actual de sanciones, que ha demostrado no ser creíble. 

En segundo lugar, crear una Agencia Fiscal Europea Independiente que evalúe si los países cumplen con una nueva ‘regla de gasto’, que sería el núcleo de las nuevas reglas fiscales. Esta regla limitaría el crecimiento de los gastos públicos hasta un nivel que asegure la reducción de la ratio de deuda, pero de una forma lo suficientemente flexible como para aumentar el ahorro durante las etapas de crecimiento económico y fomentar la inversión durante las crisis. Solo los países que recibieran buena nota de esta agencia fiscal podrían solicitar inversiones del Fondo de Inversión Climática.

Hasta el momento, la evaluación del cumplimiento de las reglas ha estado muy politizada por parte de la Comisión. Por eso es necesario que una institución independiente dictamine si un país está en efecto cumpliendo las reglas y debería, por tanto, poder acceder al fondo. 

Hace un año, hicimos historia al aprobar el paquete de recuperación Next Generation EU con el acuerdo de los principales actores políticos europeos. Lo conseguimos además en un tiempo récord. Ha llegado la hora de que la Unión Europea aborde esta oportunidad que se nos presenta para enmendar los errores del pasado y crear una arquitectura fiscal más simple, eficiente y transparente. No existe excusa alguna para no volver a hacer historia, y no tenemos tiempo que perder. 

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.