El anuncio combinado entre el Gobierno y el fiscal general desbarata la posibilidad de que la izquierda abertzale se presente a los comicios de 2011 mediante las candidaturas de EA. La viabilidad de esa maniobra requeriría tan profundo cambio en la actitud de la izquierda abertzale que, de producirse, no le interesaría compartir la nueva aventura con EA.
El Gobierno y el fiscal general avanzaron ayer por dónde irán las reformas legales dirigidas a sellar los resquicios por los que la izquierda abertzale pudiera continuar dando cobertura al terrorismo etarra o regresar a la vida institucional de manera fraudulenta. La conclusión inmediata es que las medidas anunciadas obligan a la izquierda abertzale a un cambio en toda regla si quiere actuar legalmente. Al proponerlas, tanto el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero como el fiscal general corrigen implícitamente la equívoca actitud que mantuvieron ante las candidaturas locales y forales de 2007, justificando la licitud de unas y la ilicitud de otras con argumentos poco convincentes. Pero, sobre todo, vienen a confirmar que Mayor Oreja se ha mostrado tan errado en sus apreciaciones como certero en lo que de advertencia contenían: los socialistas desearían cualquier cosa menos afrontar las elecciones generales de 2012 bajo la sospecha de haber propiciado la vuelta de la izquierda abertzale a la legalidad si no se retracta de forma palpable.
El desarrollo más restrictivo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, convertido en razón de Estado, refleja el interés electoral del partido en el Gobierno frente a las expectativas que se le abren al PP en tanto que formación que se distingue por sus recelos hacia el «buenismo» del presidente. El paso por el que la izquierda abertzale podría colarse en los comicios del año que viene se ha estrechado tanto que resulta impensable que pueda atravesarlo tal cual está ahora, con Otegi en la cárcel, Permach en libertad bajo fianza y Brian Currin dibujando su solución ideal en la pizarra a cuenta de no se sabe quién.
La izquierda abertzale ha ido tomando conciencia de que nadie le facilitará el tránsito que ha de realizar para incorporarse a la democracia, aunque sus portavoces se vieran ayer en la necesidad de referirse al «miedo del Estado a la confrontación democrática» con ella. Hasta hace no tanto tiempo exigían la derogación de la ley de partidos; incluso contemplaban dicha posibilidad como moneda de cambio para una eventual negociación con el Estado. Hoy saben que si algún día esa ley deja de aplicarse en su vertiente sancionadora será porque ETA haya desaparecido. Pero a pesar de esto, en su inercia sigue pesando la ley del mínimo cambio, puesto que a la izquierda abertzale le resultaría imposible proceder a una rectificación radical respecto a su propia trayectoria sin arriesgarse a una ruptura interna. Sus integrantes están demasiado comprometidos con el pasado como para pasar página sin que se resienta esa malsana solidaridad interna que les encadena a la faceta más tenebrosa de su pasado.
Llegados a este punto, a la izquierda abertzale no le queda más remedio que optar por una de estas tres salidas: convencer a ETA para que renuncie definitivamente a la violencia, liberarse del dictado etarra para emprender un camino propio o seguir soportando las consecuencias políticas y legales de su complicidad, unidas a una creciente marginación social. Hasta ahora la izquierda abertzale no se ha mostrado capaz de decidir por sí misma. El documento ‘Zutik Euskal Herria’ o el comunicado hecho público tras el asesinato de Jean-Serge Nérin no van más allá de una tímida búsqueda de un espacio propio para la retórica. Así lo ha entendido la práctica unanimidad del arco parlamentario vasco, exigiendo que la izquierda abertzale demuestre con hechos lo que es incapaz siquiera de insinuar con palabras. De las tres salidas apuntadas, parece dudoso que Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria estén en condiciones de persuadir a esta ETA de ahora. Otra cosa es que la marcha de los acontecimientos -la primacía del Estado de Derecho- acabe dando la razón a los viejos sobre los nuevos. Pero para que sea así debería producirse un distanciamiento más explícito de la izquierda abertzale respecto a la deriva etarra. De lo contrario se verá irremisiblemente arrastrada por esos mismos acontecimientos.
El anuncio combinado entre el Gobierno y el fiscal general desbarata la posibilidad de que la izquierda abertzale se presente a los comicios locales y forales de 2011 mediante su inserción en las candidaturas de Eusko Alkartasuna. Por una parte, a la formación fundada por Carlos Garaikoetxea no le interesaría correr el riesgo de ver anuladas sus candidaturas por acoger en ellas a una izquierda abertzale remisa a cortar amarras con ETA. Por la otra, la viabilidad de esa maniobra requeriría tan profundo cambio en la actitud de la izquierda abertzale que, de producirse, no le interesaría compartir la nueva aventura con EA.
Las reformas legales apuntadas dejarán siempre algún resquicio. Pero el pasaporte hacia la legalidad requeriría, cuando menos, una toma de distancia notable respecto al uso de la violencia, junto a unos pasos hacia atrás irreversibles por parte de ETA, y la concurrencia electoral de personas que no hubiesen sido partícipes de las listas y de las estructuras de Batasuna. La izquierda abertzale tiende siempre a dar un largo rodeo para eludir las exigencias del Estado de Derecho. Sería interesante ver hasta qué punto estaría dispuesta a depositar su legado en manos de personas que no se hayan significado anteriormente.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 27/3/2010