EL MUNDO 04/08/13
ROSA DÍEZ
Transcurridas apenas unas horas desde que compareció el presidente del Gobierno en el Senado, ha llegado el momento de dar un paso más en la exigencia de responsabilidad política. En tanto los medios de comunicación internacionales no comiencen a pedirle a Rajoy que dimita para no tener que fotografiar a sus dirigentes nacionales sentados en un Consejo con un primer ministro que tenía un tesorero que le robaba durante años y no se daba cuenta (ni siquiera cuando le descubrieron una fortuna en Suiza), hay que tomar decisiones para ampliar la capacidad de control del Parlamento sobre el Gobierno.
Por eso, mientras Rajoy llega a la conclusión de que tiene que dimitir (como llegó a la de que tenía que comparecer), sigamos haciendo nuestro trabajo. Es un buen momento para que los políticos nos pongamos límites, protegiendo así la propia democracia. Los ciudadanos sólo volverán a creer en la política y sólo recuperarán la confianza cuando vean que actuamos –permítaseme la expresión– para proteger a la sociedad contra nosotros mismos.
Desde Unión Progreso y Democracia proponemos una serie de medidas para reforzar el artículo 108 de la Constitución que proclama el principio de responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento, complementarias de todas aquéllas que ya hemos defendido y que están aún pendientes de desarrollo legislativo o han sido rechazadas por el Gobierno, como el delito de financiación ilegal de los partidos, el delito de enriquecimiento injustificado de cargos públicos, medidas de regeneración como la eliminación del privilegio de aforamiento de cargos públicos, la mejora de la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas o una Ley de Transparencia que vaya más allá del texto que pretenden aprobar.
Las nuevas medidas se resumirían en estas cinco:
1. Modificación del reglamento del Congreso de los Diputados a fin de que una minoría cualificada de diputados pueda acordar la comparecencia obligada del presidente para que informe específicamente de un asunto que se considere de relevancia para la nación.
2. Flexibilización del sistema de creación de comisiones de investigación y las mayorías requeridas para la aprobación de sus conclusiones, habilitando un sistema en virtud del cual la dirección de la investigación tenga que recaer en una persona independiente de reconocido prestigio, que cuente con plenos poderes para practicar diligencias de pruebas.
3. Estudiar la implantación de un sistema de reprobación del presidente del Gobierno, que tendría el efecto de una censura política, pero no sería vinculante, no le obligaría a dimitir.
4. Flexibilizar la regulación de la moción de censura, dejando a criterio de los diputados que la suscriban la posibilidad de presentar o no candidato; o bien reducir la exigencia de mayoría absoluta para la aprobación de la censura (ni siquiera la Ley Fundamental de Bonn, en la que se inspira nuestro sistema exige mayoría absoluta).
5. Creación de un nuevo tipo delictivo especial de perjurio de cargo público, cuyos sujetos activos serían el presidente y los restantes miembros del Gobierno. En la actualidad, el delito de falso testimonio definido en el Código Penal se comete cuando una persona llamada a prestarlo en causa judicial miente en lo que sabe y se le pregunta. La idea sería crear un nuevo delito de perjurio o falso testimonio para quien mienta en sede parlamentaria. Obviamente, no podría ser cualquier mentira, sino aquéllas cometidas con la finalidad de encubrir o negar un hecho delictivo conocido en razón de su cargo público o de su responsabilidad orgánica en el correspondiente partido político. Estaríamos hablando de un nuevo tipo penal autónomo, que podría tener su encaje dentro de los delitos contra las instituciones del Estado. La finalidad es evitar que la mentira en un contexto tan grave (ocultación de un hecho delictivo) cause grave deterioro a las instituciones del Estado.
Sé que habrá quien argumente que no podemos comportarnos como si todos estuviéramos bajo sospecha. Nada más lejos de la pretensión; se trata, como dije antes, de incrementar los límites y los controles democráticos; y hemos de actuar porque nadie puede legislar en nuestro nombre. Más control parlamentario no es más sospecha o más complicidad; más control parlamentario es más y mejor democracia. Para la mentira no puede haber impunidad; porque sin verdad no hay democracia.