EL MUNDO – 21/08/15
· El gobierno es incapaz de dar con la llave para frenar la inmersión lingüística impuesta por la Generalitat de Cataluña, esa mezquina política de hechos consumados de Artur Mas que sólo busca marginar el castellano en las escuelas, privando así a multitud de alumnos de un derecho fundamental. El pasado año, José Ignacio Wert intentó combatir, con la Lomce en mano, la deslealtad institucional de la Generalitat costeando colegios privados a las familias que por el sistema público no consiguen una educación en castellano para sus hijos. Pero la solución de Wert, una medida que ya suscitó recelo en su puesta en marcha, ha sido un auténtico fracaso: ante la escasez de familias que se han acogido a ella, la partida para financiarla se ha reducido de seis millones iniciales a tan solo uno.
El Real Decreto establece que el Estado adelante cada mes a los afectados los gastos de la escolarización y cada tres meses Hacienda se lo deduzca de la financiación a las comunidades que ejecutan la inmersión. Aunque esta norma no se vio nunca como la mejor alternativa para asegurar el derecho de los catalanes a recibir la educación en el idioma que ellos elijan, sí suponía un modo para compensar las continuas burlas a la Ley de la Generalitat. Sin embargo, la norma descarga toda la responsabilidad de la lucha contra la discriminación lingüística en las familias, que ya en el momento en el que demandan la ayuda se ven enfrascados en una maraña burocrática que los obliga a adelantar el pago de un colegio privado hasta que su solicitud sea aprobada –el Ministerio puede demorar hasta seis meses la respuesta–. Un obstáculo disuasorio para la mayoría. Por otra parte, sorprende que Educación sólo haya recibido 368 peticiones; un hecho que se puede deber a un problema de publicidad, lo que mostraría un preocupante desinterés por parte del Estado.
Mientras los tribunales están tumbando cada día las estrategias de Mas para aprovechar la lengua como arma de su desafiante batalla independentista, el Gobierno es incapaz de defender el derecho de sus ciudadanos a escoger la lengua vehicular en los centros educativos. Un patente fracaso estatal que choca con el tesón de los padres que llevan años litigando contra la Generalitat y que ven en esta falta de voluntad política un enorme espaldarazo moral al soberanismo.