EL ECONOMISTA, 02/05/13
EDITORIAL
Los sindicatos, que junto a la patronal jugaron un papel sustancial en el tránsito a la democracia y en la modernización del país, se enfrentan a la pérdida de popularidad y a una gran desafección en un momento en que más de seis millones de parados reclaman soluciones.
El modelo sobre el que se sustentan los agentes sociales no ha resistido el paso del tiempo, ni es sostenible su financiación basada en las subvenciones. Tampoco lo es su defensa prioritaria de los intereses de quienes tienen mayor seguridad en su puesto de trabajo, frente a los más jóvenes, afectados por el paro y con un futuro más incierto. En un momento en que es necesario que las cuentas estén claras es muy difícil conocer la situación financiera de la patronal y los sindicatos.
CCOO y UGT reciben aproximadamente unos 400 millones de euros cada uno por subvenciones directas y en concepto de cursos de formación del Estado y de las CCAA. Una cantidad que sigue siendo excesiva a pesar de los recortes de los últimos ejercicios. Las subvenciones directas se han reducido de 26,6 millones en 2011 a los 11,2 millones de 2013. No hay auditorías, ni fiscalización aunque finalmente se ha incluido a los agentes sociales en la futura Ley de Transparencia. Además de un mayor control de los presupuestos de los sindicatos, es preciso acabar con las subvenciones. Tanto patronal como centrales sindicales deben reducir burocracia y financiarse con las cuotas de sus afiliados. El Gobierno debe abrir a la competencia los cursos de formación, lo que supondrá un freno a las prácticas corruptas. Para recuperar credibilidad, los sindicatos deben renunciar a su dependencia financiera y practicar la transparencia que ellos también exigen a otras instituciones.