La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los grandes sindicatos constituye una anomalía que merece una explicación más allá de las afinidades ideológicas. Según publica hoy ABC, las subvenciones directas a las centrales sindicales han pasado de 8,8 millones de euros anuales a 32 millones durante el mandato socialista, un incremento del 264 por ciento. Paralelamente, UGT y CC.OO. y sus organizaciones vinculadas han recibido más de 569 millones entre 2018 y 2025, con un aumento del 34 por ciento en las ayudas anuales de este conjunto. Una generosidad presupuestaria que contrasta con la escasa afiliación sindical, situada en el 12,5 por ciento de los asalariados, según la OCDE, cuatro puntos menos que en 2012.

Esta desproporción plantea un problema de legitimidad y autonomía. La representación sindical no depende exclusivamente del número de afiliados, puesto que también responde a los resultados de las elecciones sindicales. Pero resulta difícil justificar que unas organizaciones con tan limitada implantación directa disfruten de semejante capacidad para captar recursos públicos sin que existan mayores exigencias de transparencia y rendición de cuentas. A las subvenciones se añade la utilización gratuita de 58 inmuebles estatales, cuyo valor de mercado superaría los 200 millones de euros, según las estimaciones publicadas por ABC.

No se cuestiona aquí el papel constitucional de los sindicatos ni su derecho a recibir ayudas para determinadas funciones de interés general. Lo discutible es que su creciente dependencia financiera del Gobierno de turno comprometa su independencia, esencialmente cuando esa financiación coincide con una actitud de extraordinaria complacencia con el poder.

UGT y CC.OO. protagonizaron dos huelgas generales contra Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, durante los ocho años de Sánchez han mantenido una llamativa paz social pese al deterioro del acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Su silencio resulta tan elocuente como su disposición a respaldar las iniciativas de Yolanda Díaz bajo cualquier circunstancia. La convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre agrava esta contradicción. Impulsada inicialmente por organizaciones sindicales minoritarias, ha terminado incorporando a las grandes centrales. Pero lo verdaderamente revelador fue la afirmación de María Jesús Montero, estratega de la campaña del PSOE, de que la protesta es «contra la oposición». Que se presente una huelga como instrumento de confrontación con quienes no gobiernan supone una inversión del sentido tradicional de la movilización sindical.

Los sindicatos deben defender a los trabajadores, no actuar como auxiliares políticos del Ejecutivo que los financia. La coincidencia entre subvenciones crecientes, debilidad afiliativa y docilidad institucional no demuestra por sí sola una relación de causa y efecto, pero exige explicaciones y controles rigurosos. España necesita organizaciones sindicales fuertes, independientes y representativas, no estructuras sostenidas por el presupuesto cuya proximidad al Gobierno alimente dudas razonables sobre sus prioridades. La autonomía sindical se acredita frente al poder, no mediante su adhesión incondicional.