ABC 07/11/15
EDITORIAL
EL Gobierno tiene construida la argumentación que utilizará en la impugnación de la resolución independentista, en caso de que el Parlamento catalán la apruebe definitivamente el próximo lunes. El paréntesis abierto por el Tribunal Constitucional tras denegar la suspensión cautelar del debate sobre la propuesta separatista da a entender que la fuerza de la ley y de la Constitución caerá con todo su peso sobre la resolución separatista, una vez sea aprobada. No habrá sorpresas de ningún tipo, porque la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno obliga al TC a suspender el acuerdo del Parlamento catalán. Es decir, no será una suspensión discrecional de los once magistrados del TC, sino el efecto automático previsto por la Constitución. A partir de ese momento se verá hasta dónde está dispuesto a llegar el separatismo catalán en el desafío al Estado. Si las fuerzas nacionalistas deciden seguir adelante con su plan de «desconexión», el TC podrá aplicar las sanciones previstas por la última reforma de su ley orgánica, la Fiscalía General del Estado deberá actuar penalmente contra los responsables y el Gobierno tendrá motivos suficientes para instar ante la Diputación Permanente del Senado la aplicación de medidas concretas para poner bajo control del Estado aquellas competencias de la Generalitat de Cataluña empleadas deslealmente.
Los argumentos del Gobierno contra la resolución separatista no permiten una respuesta por debajo de ese nivel de reacción legal y constitucional. Según el Gobierno, la iniciativa separatista es un acto con relevancia jurídica externa, es decir, excede lo propio del Parlamento catalán. Además, tiene la pretensión de ser vinculante para el Gobierno autonómico con la finalidad de derogar el orden constitucional en Cataluña mediante la desconexión de esta comunidad autónoma respecto a España. Todo ello no es más que una vulneración de los valores esenciales del Título Preliminar de la Constitución.
Si esto es así, si el Parlamento catalán violara la soberanía nacional del pueblo español en caso de aprobar la resolución separatista, no habría que esperar a más pruebas de cargo contra el separatismo. La suspensión cautelar del acuerdo o la inhabilitación posible de Carme Forcadell, presidenta de la Cámara catalana, serán sólo anécdotas en el contexto de la estrategia institucional que el Estado deberá desarrollar para que este golpe de mano que está perpetrando el nacionalismo contra la Constitución no sólo lo pierdan sus autores, sino que sea además el punto de inflexión para, de una vez por todas, poner definitivamente al independentismo bajo el peso de la ley.