EL CONFIDENCIAL 06/03/13
ANTONIO CASADO
Martín Rodríguez Sol renunció antes de que lo destituyeran. Al menos en apariencia, la causa nos remite a unas declaraciones públicas en las que se mostraba muy comprensivo con las tesis del nacionalismo catalán sobre el derecho a decidir. Sin embargo, la apertura del expediente de destitución, ordenada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, habría estado igualmente indicada si aquel se hubiera mostrado hostil frente a las tesis nacionalistas. Como es lógico, el expediente decae con la renuncia.
La segunda precisión es gramatical. Deberíamos hablar del fiscal superior ‘en’ Cataluña y no del fiscal superior ‘de’ Cataluña. Lo digo porque el fiscal pertenece a una institución que funciona bajo el principio de la unidad de actuación. Da igual que esté en Cataluña, en Murcia, en Madrid o en Algeciras. Ha de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos con un mismo criterio, el del Ministerio Fiscal, al margen de la opinión o el sentir del funcionario, que debe ser imparcial y parecerlo, so pena de quedar contaminado en el ejercicio de su función.
Para que en la labor del fiscal pueda aplicarse correctamente esa unidad de criterio, es congruente la dependencia jerárquica. He ahí el otro principio capital que inspira la actuación de la Fiscalía. Nadie debe escandalizarse si se acepta cierto paralelismo con la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, una institución cuyo funcionamiento también se asienta sobre la unidad de criterio y la dependencia jerárquica.
Si Rodríguez Sol se dedica a especular sobre las distintas vías legales que podrían seguirse para la realización de un referéndum de autodeterminación, no está buscando formas de defender la legalidad, sino de esquivarlaSi tenemos en cuenta estas premisas, entenderemos perfectamente que si el fiscal general del Estado ha forzado la salida de Rodríguez Sol no es por simpatizar con el nacionalismo catalán o por alentar el derecho a decidir, sino por haber incumplido los deberes contemplados en el Estatuto Fiscal. Se encierran en uno: la defensa de la ley en nombre del interés general. Si este servidor del Estado se dedicaba a especular sobre las distintas vías legales que podrían seguirse para la realización de un referéndum de autodeterminación, no estaba buscando formas de defender la legalidad, sino de esquivarla.
Unamos a todo eso que Rodríguez Sol ya salió en defensa de Artur Mas cuando el diario El Mundo hizo públicos ciertos informes policiales sobre supuestas cuentas suizas del actual presidente de la Generalitat. Se vino abajo la apariencia de imparcialidad de este representante de la Fiscalía en Cataluña. Habida cuenta de que, en aquella ocasión, ya fue reconvenido en privado y rectificado en público por el fiscal general, cuando aquel abrió diligencias contra ese periódico por supuestas calumnias, no es extraño que la falta de confianza haya sido un elemento más para llegar a la renuncia del susodicho como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
De no haberlo hecho, al final habría decidido Torres-Dulce su destitución, una vez oido el Consejo Fiscal, que no es vinculante. Y, por supuesto, con el respaldo absoluto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el que habló el domingo pasado sobre su intención de abrir expediente a Rodríguez Sol y estuvo de acuerdo.