Adiez días de la constitución de las Cortes, le han llegado malas noticias a Puigdemont. Con el rechazo del Tribunal Constitucional a estudiar su recurso, y el de Toni Comín, contra su orden de detención por malversación agravada y desobediencia, el prófugo de la justicia española ha acusado el golpe. Es una contrariedad para el líder de Junts. Por lo tanto, malas noticias también para Pedro Sánchez que ha depositado en el huido de Waterloo sus esperanzas de poder ser investido en una hipotética investidura. Una actitud incomprensible desde un punto de vista democrático pero así está la situación que tanto le preocupa, entre otros, al barón socialista García Page. La Sala de Vacaciones del Tribunal no admitió su recurso de amparo. Ni siquiera entró a considerar el texto. Una resolución dictada por mayoría de dos a uno, con el voto particular de una magistrada progresista. Pero no está todo dicho porque la Fiscalía ya se prepara para recurrir el dictamen que se debatirá en pleno con mayoría progresista. «La Fiscalía ¿de quién depende? Pues ya está», decía Pedro Sánchez hace algunas campañas electorales.

Puede haber muchos acontecimientos imprevistos porque, en realidad, están las investiduras (las de los dos posibles candidatos) tan inciertas que parece que todavía estemos en campaña. No se explica de otra manera que desde la Moncloa en funciones se siga arremetiendo contra Feijóo con las mismas artes que las que utilizaron en plena carrera electoral.

Las espadas están en alto. Si Coalición Canaria, después de la renuncia de Vox a exigir ministerios para apoyar al PP, se decanta por la investidura del candidato popular, Feijóo contará con 172 escaños. Mientras Sánchez cuenta hasta 171 aunque algunos de los 24 partidos posibles socios aún no se han pronunciado. Pero como el PNV de momento se ha apuntado al estilo sanchista del ‘no es no’ al PP sin darle opción de escuchar sus argumentos, Sánchez solo está pendiente de la dirección en que Puigdemont va a mover su dedo pulgar para la investidura.

La situación se acaba de complicar. Puigdemont, después del dictamen del Tribunal Constitucional, tiene más razones que ayer para dejar colgado a Pedro Sánchez. Que ya barajaba bastantes argumentos en ese sentido cuando pensaba que cualquier colaboración con la gobernabilidad de España (ese Estado que tiene presos políticos, según él) pueda suponer una traición a la rebelión que él mismo organizó en 2017.

La próxima semana, el 17 de agosto, se librará la primera batalla de la legislatura por el control de la presidencia del Congreso, la tercera autoridad del Estado, y por la composición de la Mesa que, entre otras cosas, decide la adjudicación de los grupos parlamentarios propios. Y ERC y Junts no cumplen los requisitos para tener grupo propio. Eso se puede arreglar. Por lo tanto, todos quieren pillar. El PP defiende su derecho a que se refleje su condición de partido mayoritario también en la Mesa del Congreso. Hoy por hoy, ninguna investidura está asegurada.