“El deber de los liberales españoles –en este auroral octubre de 1982– no puede ofrecer duda alguna: dar su voto –y también su voz– al PSOE”. Así concluía Juan Marichal, unos días antes de la rotunda primera victoria que conseguiría Felipe González el 28 de ese mes, una tribuna en El País titulada “Socialista a fuer de liberal” y que hacía evidentemente referencia a la célebre frase de Indalecio Prieto. Hoy, treinta y siete años después, la tradición socialdemócrata, el socialismo reformista, el centro-izquierda ajeno al egoísmo identitario del nacionalismo, creo que deben corresponder ese apoyo del liberalismo progresista y votar a Ciudadanos como mejor opción en defensa de una España más próspera e igualitaria.
Si las encuestas tienen verosimilitud, al menos en las tendencias, ese apoyo ya tomó forma en varios periodos de los últimos años, aunque parece que estuviera bajando ahora que toca volver a las urnas. Las razones que más se escuchan entre los que dudan tienen que ver con la nostalgia de haber mantenido durante décadas el voto a un mismo partido. La ilusión de que el PSOE pudiera regresar solo a su cauce inclina a muchos a la abstención o el voto en blanco. Y sobre todo buscan y rebuscan razones para convencerse de que no merece la pena votar a Ciudadanos y restan importancia al efecto de las decisiones del PSOE gobernado por Sánchez. Veamos las más recurrentes.
En 2017 Ciudadanos optó en votación secreta de su Asamblea General por definirse como “un partido liberal progresista, demócrata y constitucionalista”, inspirado directamente del “liberalismo político de las Cortes de Cádiz” y reconociendo como principios “la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia”. Pero se retiró la mención a la “socialdemocracia” y la izquierda lo enfatizó como una negación de lo que representó para nuestro país. Lo cierto es que no he encontrado ninguna declaración en ese sentido de los dirigentes de Ciudadanos y considero más adecuado entender que se trató de una apuesta por dar claridad sobre su enraizamiento liberal dentro del espectro español constitucionalista que abarcaba entonces desde la socialdemocracia del PSOE a las posiciones conservadoras del PP. Así lo demostraría el respaldo generoso a la valiente apuesta a la alcaldía de Barcelona de Manuel Valls, huérfano de partido pero no de ideas ni de bagaje como primer ministro socialdemócrata.
Otro punto habitual de crítica es el pacto de investidura en Andalucía de diciembre de 2018. No obstante, si se analizan las medidas que contiene, y manifiestamente más entre las solicitadas por Ciudadanos, la mayoría venían a reforzar y hacer sostenible el Estado del bienestar, aumentando el gasto público e introduciendo instrumentos que pretenden atajar la corrupción y el despilfarro. Incluso cuando se propone rebajar la fiscalidad (de sucesiones) se argumenta en que se busca evitar la desigualdad según el lugar de residencia. Con una alternancia encabezada por el Partido Popular gira ciertamente el gobierno andaluz a la derecha, pero exageran quienes profetizan una causa general de demolición contra los aciertos que la socialdemocracia logró para esa comunidad autónoma. Ciudadanos había de hecho permitido la investidura del PSOE andaluz en la anterior legislatura.
Sánchez envió a sus ministros a la Generalitat agachándose bajo la pancarta de “presos políticos”
Y por Andalucía llegamos al meollo de las críticas a Ciudadanos: su relación con Vox. Ciudadanos suscribió ese pacto de investidura exclusivamente son su socio de gobierno que es el Partido Popular. Vox posibilitó la investidura con sus votos como podían haberlo hecho –incluso con una abstención– el PSOE o Podemos. Obviamente quien apoya una investidura puede esperar una influencia, pero eso no compromete en nada las decisiones del Ejecutivo. ¿Lo mismo se puede decir entonces de Sánchez que logró ser presidente con el apoyo de los independentistas catalanes? Equiparar ambas situaciones supone olvidar una diferencia fundamental: los independentistas gobiernan en Cataluña y desde ese poder institucional mantienen una abierta confrontación con el Estado.
Considero que no procede pactar con nacionalpopulistas de uno ni otro extremo porque ellos no hacen política sino antipolítica. No buscan deliberar desde ideas o preferencias sino que se atrincheran en maximalismos irredimibles porque su victimismo egoísta es la esencia misma de su identidad (el odio a lo ajeno más que el orgullo de lo propio). Nuestra nación constitucional se construyó en 1978 desde un acuerdo amplísimo (casi el 90%) fruto de cesiones de todos y el resultado fue un catálogo de derechos, libertades, garantías y prosperidad entre los mejores del mundo, aunque debamos seguir mejorándolo. Quienes lanzan lapidariamente sus soluciones simplistas para problemas complejos buscan romper ese gran acuerdo. Tiran desde extremos pretendidamente opuestos pero romperían España por las mismas costuras.
No pretendo quitar legitimidad democrática a los electores que optan por el nacionalpopulismo ni a sus representantes en las instituciones. No pactar con ellos no impide que puedan decantar algunas votaciones incluidas las investiduras, pero defiendo que los partidos constitucionalistas no deben negociar su apoyo. Así ocurrió con Ciudadanos con respecto a Vox en Andalucía, que no ocupa ninguna responsabilidad ejecutiva; los apoyos parlamentarios se irán configurando en la votación de cada ley donde los partidos de izquierda también podrán hacer valer que tienen cada uno más diputados que Vox.
Sin embargo, Sánchez recibió a Torra con su lazo amarillo en Moncloa atendiéndolo con más mimo que a los demás líderes autonómicos, envió a sus ministros a la Generalitat agachándose bajo la pancarta de “presos políticos”, encargó a su delegada del Gobierno y al líder del PSC hablar de unos indultos antes siquiera del juicio del procés, humilló a España reuniéndose en Pedralbes no solo con una estética de armisticio bilateral sino reduciendo en su indigno acuerdo la Constitución a una “seguridad jurídica” propia de un contrato mercantil por donde los independentistas quieren colar su antidemocrático “derecho a decidir” (donde decidirían ellos solos lo que atañe a todos) y lo empiezan a lograr cuando el propio Iceta anticipa que un 65% de catalanes bastarían para exigir decidir lo que atañe al 100% de los españoles. Y no son solo símbolos: el gobierno de Sánchez ha retirado el control a las cuentas de la Generalitat justo cuando Torra reabría sus embajadas fake, permitió el traslado a cárceles catalanas donde se sabía que el régimen penitenciario iba a ser un coladero, cesó al abogado del Estado que resistió a la presión de rebajar la calificación de rebelión y un largo etcétera.
No se me ocurre equiparar un error de campaña al ejercicio reiteradamente engañoso del actual gobierno
En febrero de este año, la indignación de los españoles estalló con el esperpento del relator explicado nada menos que por una vicepresidenta del gobierno desde la Moncloa en el marco de la negociación presupuestaria. Con un sobrio pero rotundo “Por una España unida: elecciones ya”, sin más banderas que las de España y sus comunidades autónomas, Ciudadanos y Partido Popular convocaron a toda la ciudadanía que se sintiera interpelada. La “foto de Colón” fueron los cientos de miles que con su asistencia lograron que pocos días después Sánchez se resolviera a esa convocatoria anticipada, que tenía sobre todo preparada para pillar por sorpresa a los rivales de su propio partido. La imagen de Vox colándose en el estrado de una manifestación multitudinaria que no habían ni organizado ni sufragado es de hecho una buena metáfora de lo que representa este partido populista: un polizón del constitucionalismo, que vocea que defiende la Constitución mientras cuestiona en sus propuestas algunos de sus principios fundamentales como la igualdad o la solidaridad.
Desde que se convocaron las elecciones Sánchez continúa el socavamiento de las instituciones –que tanto practicó también Rajoy– con el engaño de publicar cada viernes en el BOE una carta a los Reyes Magos. Arriesga la inseguridad jurídica de que se puedan tumbar más adelante unos decretos-leyes en los que manifiestamente no concurre urgencia alguna salvo en el referido al brexit: ¿si esas medidas que se escapan a la deliberación legislativa y al equilibrio presupuestario no podían esperar unas semanas, por qué no las presentó en sus anteriores ocho meses de gobierno?
Ciudadanos ha cometido en mi opinión errores tácticos en la campaña como apoyar la convalidación de algunas de esas medidas en la Diputación Permanente por mucho que Sánchez las hubiera copiado del “Pacto del Abrazo” que suscribió en 2016 con Rivera y del que el líder socialista ahora reniega prefiriendo una política de frentes. El momento de aprobarlas debía ser con las cámaras funcionando normalmente y asegurando además otras reformas necesarias para asegurar su sostenibilidad financiera. Pero no se me ocurre desde luego equiparar un error de campaña al ejercicio reiteradamente engañoso y creo que perjudicial de casi un año del actual gobierno.
Por su irresponsabilidad tanto en materia socioeconómica como en la defensa formal y simbólica de nuestra Constitución, que es la primera de las obligaciones de un gobernante, Ciudadanos ha anunciado que no pactará con Sánchez ni con su PSOE tras el 28 de abril. Como se ha terminado de comprobar en la sorda depuración de las listas socialistas, lo que concurre a las elecciones generales con esas veteranas siglas es una plataforma personalista que rompe deliberadamente con una tradición de valores y de mérito. Sánchez ya ha ganado: no las elecciones, pero sí al PSOE. Uno de los actuales presidentes autonómicos socialistas ha llegado a afirmar que se reconoce muy compatible con Ciudadanos en sus posiciones “en torno a la Constitución y al modelo de país” (otra forma de decir que en todo) y que las identifica con las del PSOE de cuando él se había afiliado: toda una enmienda a la totalidad a Sánchez pero que no es más que un canto de cisne del socialismo reformista que se queda sin representación parlamentaria.
Socialdemocracia y liberalismo político en buena medida se superponen, tanto en valores como en propuestas
El veto de Ciudadanos a Sánchez es el último de los argumentos al que se aferran antiguos votantes socialistas profundamente desengañados con su política pero que prefieren la poco útil abstención antes que votar a otro partido por primera vez en su vida. Expresan que desearían un gobierno presidido por el PSOE que tuviera que moderarse en una coalición con Ciudadanos pero quizá no tienen en cuenta lo poco probable de que esto ocurriera. En efecto, si Sánchez gana las elecciones, sería su PSOE el que se perpetuaría y de volver a ser elegido presidente tendría las manos libres durante cuatro años para decidir cuando le conviniera volver a pactar con los independentistas. En efecto, el mecanismo constitucional de la moción de censura exige presentar otro candidato y que logre mayoría absoluta lo que implicaría que no podría formarse más que apelando al nacionalpopulismo, tentación en la que precisamente Sánchez es el único que ha sido capaz de caer.
Considero que debe ser primordial retirar de la presidencia del Gobierno a quien tan poco fiable ha resultado ser con el país, empezando con su propio partido. Es habitual que los políticos se desdigan de algunos anuncios de campaña en la medida en que han de ordenar la factibilidad de sus promesas según el respaldo que hayan recibido de los electores. Cuando Rivera lo hizo anteriormente fue en el sentido de moderar su posición y favorecer la gobernabilidad; sin embargo, el giro de Sánchez consistió en huir del entendimiento con los partidos constitucionalistas prefiriendo llegar al poder con quienes denigran y dañan a España.
Si es Ciudadanos quien queda primero sí que se podrían establecer conversaciones tanto con el Partido Popular como con un PSOE donde la(s) tesis y el propio liderazgo de Sánchez tendrían que ser cuestionados. Solo Ciudadanos podría presidir hoy un gobierno donde tanto sus apoyos de investidura como el principal partido de la oposición, hacia el centro-izquierda o centro-derecha según decidieran los electores, asegurarían un diálogo entre fuerzas constitucionalistas evitando la dañina influencia que el populismo y el nacionalismo han logrado ejercer en los últimos años. En otras palabras, para quienes anhelan resucitar al “PSOE de nuevo” frente al “nuevo PSOE”, o más sencillamente no aceptan trocar el proyecto socialdemócrata por el afán personalista de Sánchez por el poder, estoy convencido de que respaldar a Rivera es la mejor opción.
Para aquellos que intentan disipar su duda con aquello de “el partido está por encima de las personas” recuerdo que Ramón Rubial siempre decía que el partido no era más que un instrumento, o los términos de la declaración de Santillana: “España es y ha sido siempre la pasión de los socialistas” (España, no el PSOE). También, ante aquellos tentados por el abstencionismo del “a ver qué pasa”, hay que tener claro que las urnas están ahora vacías, el turno de los 350 diputados que se elijan solo llegará cuando se cierran las mesas y ahora todo depende de lo que decidamos cada uno de los electores por nosotros mismos.
Volviendo a las palabras del profesor Marichal, socialdemocracia y liberalismo político no son espacios políticos idénticos, pero no son ni antagónicos ni siquiera simplemente contiguos: en buena medida se superponen tanto en valores como en propuestas. Por eso, con humildad y responsabilidad –en este auroral abril de 2019– pido a quienes se sientan herederos de la mejor tradición socialdemócrata y a todos los que desean reconstruir el consenso constitucional que confíen el 28 de este mes en Ciudadanos para que España vuelva cuanto antes a una senda reformista y progresista.
*** Víctor Gómez Frías forma parte del colectivo ‘Socialistas & Liberales’ y es consejero de EL ESPAÑOL.