Sociedad civil independentista

EL CORREO 04/09/13
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA, ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL

La opinión pública catalana se retroalimenta en base a aforismos y sentencias discutibles que solo parecen ir en una dirección

Se acerca de nuevo la Diada. El 11 de septiembre de 2012 quizá sea recordado por los historiadores en el futuro como el punto de inflexión en el que Cataluña dijo adiós a España. Una gran manifestación puso en marcha el movimiento independentista que hoy domina con insultante superioridad la política catalana. Durante el verano, los medios públicos y privados catalanes hicieron diariamente recordatorio de la gran marcha por un nuevo Estado en Europa que se iba a celebrar en Barcelona. La Generalitat instrumentalizó lo que pudo la misma para presentarse en septiembre ante Rajoy y pedirle el pacto fiscal. Mas, como si del Cid Campeador se tratara, dijo aquello de que «no voy a la manifestación, pero estaré en espíritu». Tras el indudable éxito de la misma, el presidente de la Generalitat cambió el paso y le pidió a Rajoy un referéndum, pues a él «solo le cabía ponerse al frente de lo que había decidido la sociedad civil».
La sociedad civil catalana, en asuntos independentistas, está liderada por la Asamblea Nacional de Cataluña, creada en el año 2011 para aglutinar las fuerzas soberanistas en el ámbito social, y el Ómnium Cultural, organización de rancio abolengo creada por el padre de Félix Millet en la década de 1960 para trabajar en favor de la lengua catalana. Tanto en la Diada del año pasado como en la de éste, los festejos centrales del día corren a cargo de ambas organizaciones: la Asamblea Nacional dispone el lema y la naturaleza del acto y Ómnium Cultural da su apoyo sin fisuras. Este año el lema es ‘Vía Catalana hacia la independencia’, que se reivindicará mediante una cadena humana que atravesará el territorio. Algunos partidos políticos como el PSC y Unió han objetado que se reclame directamente la independencia, si por lo que se está ahora es por el derecho a decidir. Sin embargo, tanto Carme Forcadell como Muriel Casals, presidentas de ambas organizaciones, han señalado que el lema es el correcto, porque el derecho de secesión es un atributo natural de Cataluña que no está siquiera en discusión.
La cadena humana del próximo 11 de septiembre será otro triunfo independentista. Colocará a Cataluña como noticia global durante algunas horas, subirá el tono político del país y logrará lo que el nonato registro de adhesiones ideológicas de Mas no pudo conseguir: tener un listado fiable de los ciudadanos que están por la independencia. Ello porque para participar en la cadena humana hay que apuntarse previamente. Con todo, lo realmente relevante es que los partidos políticos y las instituciones catalanas parecen haber perdido el timón del proceso soberanista, que ahora pasa por las manos de personas y organizaciones pertenecientes a la siempre reputada sociedad civil. Pero, ¿existe realmente la sociedad civil catalana? Si así fuera, ¿es únicamente independentista?
En nuestro país se ha generalizado un concepto de sociedad civil ciertamente liberal: aquél de fundamentación anglosajona y que está caracterizado negativamente por todas aquellas organizaciones sociales que no son el Estado, con capacidad para tener proyección en la opinión pública. Los estudiosos de la ciencia política han venido denunciando desde hace décadas que esta definición es una ficción, sobre todo en países como el nuestro, donde la tradición corporativa heredada del franquismo y la aparición del Estado de bienestar y sus políticas clientelistas han reforzado los procesos de intersección entre lo público y lo privado, quedando muy poco espacio para el sueño neoliberal de la separación entre el sistema político y la sociedad. Resulta difícil, desde este punto de vista, considerar como sociedad civil a organizaciones cuyos miembros forman parte de movimientos sociales más amplios dirigidos en la sombra por partidos políticos, o que directamente cobran jugosas subvenciones a cambio de crear estados de opinión diseñados previamente en despachos de instituciones que representan a todos los ciudadanos, con el objetivo de conseguir respetabilidad para las propuestas más osadas.
En el caso catalán y el separatismo, la idea de sociedad civil requiere la aplicación de las viejas tesis de Gramsci, filósofo italiano marxista. Para éste, la sociedad civil formaba parte de la superestructura social y se caracterizaba por ser el lugar de la lucha ideológica, que a través de distintos medios, como la comunicación, la educación o la acción intelectual, servía para conseguir la hegemonía de un proyecto político concreto. Cualquiera que viva en Cataluña podrá percatarse de que los medios de comunicación públicos y privados han dejado de lado el principio de neutralidad y realizan una aproximación al debate abierto el 11 de septiembre de 2012 esencialmente en clave independentista. La opinión pública se retroalimenta en base a aforismos y sentencias discutibles que solo parecen ir en una dirección, buscando crear una especie de totalismo o espiral del silencio, que como ya explicó hace años Noelle-Neumann, trata de eliminar del espacio público las opiniones discordantes, creando la sensación de unanimismo.
Si Rajoy y su Gobierno quieren evitar el accidente insurreccional que se está gestando en Cataluña, tendrán que entrar en el debate suscitado con los soberanistas y obligar a los partidos, instituciones y medios catalanes a discutir seriamente las posibilidades reales de independencia y sus consecuencias, quien sabe si como está ocurriendo en Escocia o con el nuevo paradigma de la consulta que parece abrirse privadamente en distintos sectores de la política española.