ROGELIO ALONSO-EL MUNDO

El autor subraya la indignidad que representa el ‘blanqueamiento’ de miembros de ETA hoy reconvertidos en líderes políticos por parte de algunos medios y de dirigentes como la secretaria general del PSE.

«UNA SOCIEDAD decente es aquélla que no humilla», escribe Avishai Margalit en The decent society. Una «sociedad decente» es aquélla en la que cada persona recibe «el honor debido» por parte de «sus instituciones», añade el filósofo israelí. La sociedad del posterrorismo etarra es una sociedad indecente en la que incluso algunos de quienes reivindican verdad, memoria y dignidad humillan a las víctimas de ETA.

Como «inmoral» se ha calificado el brindis de Otegi con dirigentes del PSE, PNV y Podemos publicado en Diario Vasco y El Correo en Nochebuena. Los diarios de referencia en el País Vasco, víctimas de ETA en el pasado, hoy, pese a comprometerse con la deslegitimación del terrorismo, incurren a menudo en lo contrario. Ninguna autocrítica les merece a sus responsables la «inmoralidad» que llevó a José Mari Múgica a dejar el PSOE tras un reportaje que legitima política y socialmente a quien justifica el asesinato de su padre y el de todos los asesinados por ETA. Un día antes El Correo entrevistaba a otro dirigente etarra, Rafael Díez Usabiaga, titulando: «Los ongi etorris no deben percibirse como una ofensa hacia las víctimas». Privilegiada plataforma para blanquear a líderes del grupo terrorista y su proyecto político sustentado en el asesinato. Políticos que rechazan un mínimo democrático como la condena del terror etarra transformados en respetables referentes mediante el lavado de biografías manchadas de sangre. Poco o nada deslegitiman a ETA los testimonios de sus víctimas en esos diarios cuando sitúan en idéntico plano moral a los representantes políticos del terror invitándoles a victimizar a los terroristas y a falsear la realidad sobre sus crímenes.

El terrorismo nacionalista ha contribuido a consolidar un régimen político que Antonio Elorza ha descrito como «totalismo», definido por una hegemonía política, social y cultural del nacionalismo ampliamente asumida. En las páginas de El Correo en las que se maquilla a los herederos de ETA como «coalición soberanista» e «izquierda abertzale», o sea, patriótica, se estigmatiza como «ultraderecha» al partido de víctimas del terrorismo como Ortega Lara y Abascal. La engañosa derrota de ETA que algunos demócratas predican esconde la impunidad política y social del terrorismo nacionalista, injustamente rehabilitado en la sociedad y la política vasca, así como la victoria del nacionalismo institucional imponiendo su peligroso relato: los fines nacionalistas compartidos por ETA y el PNV no deben quedar contaminados por el terrorismo nacionalista. Como si ETA jamás hubiera existido, PNV y Bildu exigen «el reconocimiento de Euskal Herria como comunidad política» en un nuevo Estatuto. Ignorando las consecuencias políticas de la coacción terrorista, no importa que en la verdadera comunidad política el terrorismo haya deformado el tejido político y social, que la competencia al nacionalismo fuera laminada por la violencia nacionalista. Los constitucionalistas critican tímidamente la coincidencia de fines nacionalistas que demuestra el rédito de los medios terroristas. Pero eluden la auténtica deslegitimación de ese nacionalismo convertido por PSOE y PP en fundamental para la gobernabilidad de un país que desestabiliza en función de sus intereses. Los partidos víctimas del terrorismo asumen la hegemonía nacionalista, ese «totalismo» que confunde a una sociedad plural con una de sus partes erigiendo al nacionalismo en el único sujeto político válido. Hoy, el PNV se alía con Bildu, al que PP y PSOE han normalizado como demócrata tras su fraudulenta legalización, para denunciar «la base antidemocrática» de la Constitución española. Otra legitimación del terror nacionalista, como subraya Francisco Llera al criticar la «unidad de discurso y de objetivos» del PNV «con ETA y sus herederos» y su consiguiente «blanqueamiento» del «pasado ignominioso del terrorismo».

Los Gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez han prometido memoria y dignidad para las víctimas ensalzando una derrota de ETA a la que renunciaron después del ingente esfuerzo de policía y servicios de inteligencia. Las élites políticas desean imponer un relato verosímil pero falso. Si la derrota política e ideológica de la violencia nacionalista se hubiera producido realmente, no sería necesaria esa «batalla del relato» a la que invocan quienes no osan desafiar la hegemonía del nacionalismo consolidada gracias al terrorismo. Por eso humillan a las víctimas negándose a cumplir dos leyes que prohíben expresamente los homenajes a terroristas. Patética resulta la fingida indignación e impotencia de los responsables políticos, antes del PP y ahora del PSOE, prometiendo nuevas medidas que nunca llegan cuando además ya disponen de instrumentos legales que evitan aplicar. También son humilladas las víctimas que denuncian las unidades didácticas del Gobierno vasco elaboradas por Jonan Fernández, ex concejal de Batasuna. Quien legitimó el terrorismo durante años lo sigue haciendo ahora aun declarando su compromiso con la deslegitimación de una violencia claramente legitimada en ese material escolar. Lo hace además mientras el Gobierno español humilla a las víctimas elevándole a Patrono del Memorial de Víctimas del Terrorismo, centro que tampoco tuvo reparo en invitar a Bildu a celebrar el Día de la Memoria, aunque este partido jamás ha condenado el asesinato de aquéllos cuyo recuerdo se reivindica.

El Memorial ha elaborado sus propias unidades didácticas que borran de la Historia de España a movimientos fundamentales como ¡Basta Ya! y Foro de Ermua. En la memoria oficialista no existen movimientos que desafiaron la espiral del silencio nacionalista. Pero sí Gesto por la Paz que, como censuró Joseba Arregi aun reconociendo la labor del colectivo, recurrió a una «condena prepolítica, exclusivamente ética» que eludía la crítica al nacionalismo gobernante responsable de legitimar la violencia nacionalista y de la desprotección de los amenazados. Así se arrebataba «el aguijón político» a las víctimas del terrorismo nacionalista. Tan sesgada versión de la Historia encaja con el desprecio del ministro del Interior a la reciente protesta constitucionalista en Alsasua. Frente a la «crispación» que Marlaska quiso ver, valorando en cambio movilizaciones diferentes como las de Gesto por la Paz años atrás, Fernando Savater, referente de ¡Basta Ya! y protagonista de aquel acto, aclaró: «Si hubiéramos hecho caso a esas admoniciones, Otegi sería hoy lehendakari y el Carnicero de Mondragón, jefe de la Ertzaintza».

LA POLÍTICA dominante en el posterrorismo priva a la memoria del terror de su significado político mediante apelaciones emocionales al sufrimiento de las víctimas. La memoria amputada sustituye a la justicia negada para embellecer la impunidad. Se apela con solemnidad al recuerdo de las víctimas para olvidar la decisiva dimensión nacionalista del terrorismo y sus efectos políticos y sociales. Se aplauden homenajes que no lo son como el de Rentería, en el que su alcalde de Bildu abraza a una víctima sin condenar ni deslegitimar el crimen, deshonrando al asesinado: el antónimo del olvido no es el recuerdo, sino la justicia. Otra escenificación de tan indecente memoria se produjo el 1 de octubre en Moncloa. «Francia y España rinden homenaje al triunfo de las víctimas y del Estado de derecho sobre el terrorismo de ETA», destacó la propaganda gubernamental de un acto en el que el presidente no reclamó justicia ni una sola vez. En la reveladora teatralización no sonó el himno nacional, símbolo de la nación atacada por el terrorismo nacionalista de ETA y, por tanto, del significado político de las víctimas, plurales en sus ideas pero unidas por la intencionalidad política de sus asesinos. El falso homenaje a las víctimas culminó con un aurresku que puso en pie al lehendakari Urkullu, el moderado que desprecia como «antidemocrática» la Constitución por la que ETA asesinó al considerarla también ilegítima. Nadie cuestionó que ésa es la danza habitual en los homenajes a terroristas que las autoridades se niegan a impedir mientras prometen verdad, memoria y dignidad para las víctimas humilladas.

Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política, autor de La derrota del vencedor. La política antiterrorista del final de ETA (Alianza).