Empezaré con algo obvio, pero que el Gobierno de España suele ignorar cuando se refiere a la subida de la luz: para fabricar electricidad, se necesitan fuentes que la produzcan y si, por un lado, renunciamos a las fuentes baratas y, por otro, se encarecen las restantes, la consecuencia inevitable consiste en un alza imparable de la factura que empresas y particulares pagamos. La luz sube por un conjunto de causas con complejas interrelaciones entre ellas frente a las que la única respuesta inútil es la demagogia y, por lo visto, esa es la receta con que cuenta el Gobierno de Sánchez. 

Viene una crisis que podría llegar a ser como la del petróleo de los setenta porque también tiene un trasfondo geoestratégico que hay que resolver para salir del hoyo, y, mientras no afrontemos ese trasfondo, el monstruo de los precios seguirá creciendo. No es el mercado, es la política internacional (o su falta) la que nos está ahogando a todos.

Los monstruos se ríen de los demagogos y el problema eléctrico, tal y como se alza ante nosotros, es un monstruo. Venirles con recortes de expectativas a los inversores internacionales, cambios inesperados e inexplicables en el marco regulatorio, propaganda o frases bonitas en televisión es hacer reír al monstruo, y mucho. Una vez más, este Gobierno no está diciendo la verdad a los españoles. Una vez más, parece imponerse en el Consejo de Ministros la política mágica del chavismo: “Les quitaremos el dinero a las eléctricas y se lo repartiremos al pueblo”. Y así se nos comerá el monstruo.

¿Por qué sube la electricidad? Sin ánimo de simplificar, diría que por el covid. En efecto, la subida de la electricidad es otro efecto secundario de la peste. Si puedo decirlo así, la subida de la factura eléctrica es el covid persistente que le queda a la economía. 

Durante un año, el mundo se paró y la demanda de gas natural, amén de otras materias primas que ahora escasean también, cayó drásticamente. Y de repente, esta primavera, tras una exitosa campaña de vacunación, el primer mundo se quitó la mascarilla y se propuso que su economía creciera a gran velocidad, de cero a 100, para recuperar rápidamente toda la riqueza perdida después de 12 meses de confinamiento. Eso hizo que la demanda de gas escalara a niveles más altos que los previos de la crisis y lógicamente, como señala la ley de la oferta y la demanda, que también el precio escalara en la misma proporción.

La pregunta ahora sería: después de desescalar el confinamiento, ¿cómo desescalamos el precio de la electricidad? Y la respuesta no es fácil, ya que no bastará con que se ajusten oferta y demanda. Digamos que la crisis de oferta gasista se produce en un sector que ya estaba tensionado por la transición ecológica y la geopolítica, dado que Dios decidió poner el gas en países inseguros y bastante poco amigos de la democracia y del Estado social. 

¿Cómo desescalamos el precio de la electricidad? La respuesta no es fácil, ya que no bastará con que se ajusten oferta y demanda 

Voy a decir la segunda obviedad que nuestro Gobierno oculta: hoy por hoy y hasta que tengamos suficiente potencia instalada, la electricidad verde es más cara que la electricidad sucia. A los ciudadanos se les anuncia la transición ecológica sin advertirles de que puede conllevar pérdidas de puestos de trabajo y encarecimiento de productos. A ver, una prueba muy simple: ¿alguien ha visto alguna vez en el supermercado un producto ecológico más barato que otro no ecológico? Los molinos no consumen más que viento, cierto, pero hay que instalar esos molinos y que sean suficientes.

Bien está dejar de contaminar al encender la luz, pero que se nos avise de que esa exigencia moral implica una transición cara. Si no utilizamos energía nuclear (por descalificación ideológica, claro) y tampoco quemamos carbón (para no emitir mucho CO₂), nos quedan el gas, el agua y el viento. Si fallan el agua y el viento, que solo la naturaleza y los avatares del cambio climático deciden cuándo vienen, no hay otra que comprar gas. 

Durante la presente crisis de precios, que yo sepa, al menos dos centrales en la península Ibérica han vuelto a quemar carbón.

El gas natural es un hidrocarburo mucho más limpio que el carbón, y cada vez más popular para compensar el mencionado déficit de energías renovables. Pero en Europa, no solo en España, carecemos de yacimientos de gas y padecemos una gran dependencia del exterior. Más de la mitad del consumo interior de energía de la Unión Europea corresponde a fuentes de energía importadas. Y aquí viene otra dificultad adicional: Europa no es la única región del planeta con grandes necesidades energéticas. 

China se ha convertido en un depredador de gas natural. Y, sobre todo, se ha convertido en un competidor aventajado que no está dispuesto a repetir errores, como el año pasado cuando un invierno más gélido de lo habitual acabó con sus reservas gasísticas poniendo en riesgo el suministro de calefacción.

Además, a tener en cuenta que, si China es el gigante importador, Rusia es el gigante exportador. Y Moscú, que sabe vender bien sus productos, mantiene desde hace unos meses los grifos abiertos para llenar los depósitos de Pekín, lo que se traduce en un menor flujo de gas para Europa y, por tanto, en otro impulso para el precio. 

Aquí entra en juego la geopolítica de la que hablaba antes. Rusos y europeos llevamos prácticamente seis años enzarzados en una ‘guerra fría’ de espinosa solución, desde que a Putin se le puso entre ceja y ceja desestabilizar al vecino ucraniano. Tenemos sanciones impuestas de manera recíproca, entre ellas listas negras de personas vetadas para entrar en territorio ruso o europeo. La última vez que Borrell puso un pie en Moscú, salió literalmente chamuscado en uno de los días más aciagos de la diplomacia continental. Y, sin embargo, Rusia no es solo nuestro mejor exportador energético, sino, además, el único que nos puede garantizar un suministro suficiente.

Dicho de otra manera, más allá de las injerencias electorales, el apoyo al tirano bielorruso empujando literalmente migrantes a través de las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia o la desestabilización de Ucrania, donde realmente se juega la partida entre Rusia y Europa es en la dependencia energética. Y en este campo, siento decir que Putin nos tiene a los europeos agarrados por los gasoductos. 

Algunos dirán que el problema lo tiene el norte y no un país como España, geográficamente más cercano a Argelia, el tercer exportador de gas a Europa. De hecho, el 29% del gas natural que llegó a España en 2020 lo hizo desde Argelia. Pero esto tampoco es así.

Pese ser un país con importantes reservas, la inestabilidad política de Argelia, sumada al aumento del consumo interno, ha propiciado una reducción en su capacidad de exportación. Si a ello se suma la tensión diplomática con Marruecos, por donde pasa uno de los principales gasoductos de suministro a la Península que, como consecuencia de esa tensión, las autoridades de Argel han anunciado que dejarán de usar, cuanto menos hay razones para la preocupación.

Para terminar de cerrar el círculo monstruoso, añadamos a la ecuación otro pequeño, pero vital, detalle: la capacidad de almacenamiento de gas. En Europa, tenemos almacenes de gas muy pequeños en comparación con el resto de grandes regiones económicas. 

Experiencias pasadas nos llevan a pensar que lo mejor en estas circunstancias es actuar con la cabeza fría y no dejarse llevar por las efervescencias del momento. Justamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de España y que le ha costado ya una advertencia, verbal de momento, de la Comisión Europea. 

Pensar que se pueden solucionar los problemas de suministro y coste energético a golpe de real decreto es de una ingenuidad tal que hasta dan ganas de compadecer a la vicepresidenta Ribera. Si no fuera, claro está, porque legislar siempre tiene consecuencias, y legislar mal tiene malas consecuencias.

Eso es lo que hizo el Ejecutivo con el famoso Real Decreto 17/2021. No solo se salió del marco legislativo vigente en la UE, sino que, en un ejercicio nada disimulado de intervencionismo del mercado, ha puesto en solfa la seguridad jurídica de nuestro país. 

Nadie argumenta que la inacción sea una alternativa. De hecho, dentro de la UE hay vías legales y legítimas para actuar en casos como este, y eso es lo que han hecho otros gobiernos, a través de medidas mucho más sensatas en el corto plazo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, como aminorar la carga impositiva o facilitar ayudas directas a los ciudadanos más vulnerables.

El Gobierno de Sánchez ha renunciado por razones ideológicas a las bajadas de impuestos y a las ayudas a las empresas privadas que más electricidad consumen, y así, indefenso en una economía de mercado, no le queda más que la demagogia para hacer frente al monstruo de la crisis de oferta. Las soluciones chavistas no son de recibo en el mercado europeo, ¡cómo no lo han aprendido ya! 

Y ahora, como hace siempre que se ve acorralado, Sánchez con una mano acusa a la regulación europea del precio de la electricidad española y con la otra le pide a la UE que centralice la compra de gas para resolverle el problema. “Me gustaría que las cosas fueran más rápido en Bruselas”, dijo ayer, como si la luz no bajase en España porque Bruselas va lenta. Que no, que no… Que lo de que Bruselas asuma el coste de las políticas chavistas que Sánchez aplica en España le ha valido, ¡por ahora!, para el fondo de recuperación, pero no se lo van a comprar más. Países Bajos, Bélgica o Alemania ya han advertido de que para cambiar el mercado energético quieren un estudio detallado del impacto que se produciría, y ya se sabe que el Gobierno de Sánchez lo que no tiene son expertos ni estudios de impacto de sus medidas. 

Miguel Arias Cañete, como comisario de Energía, siempre dijo que la conexión energética de la Península a través del Pirineo era la clave estratégica del futuro de nuestra economía. No intervenir en el mercado, sino abrirlo. ¡Cómo se echa de menos a los políticos que decían la verdad!