ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN
Si Sánchez logra sacar adelante los presupuestos pergeñados con Iglesias, el Gobierno dará una nueva vuelta de tuerca a la explotada clase media
Ala hora de meternos la mano en el bolsillo, nuestros gobernantes no conocen límites ni entienden el significado de la palabra «exceso». Son insaciables. Todos. La diferencia es que los de centro-derecha lo hacen con mala conciencia, sabedores de estar cometiendo una injusticia que traiciona sus propios principios, mientras que los de izquierda alardean de la «hazaña» otorgándole el calificativo de «política social». Como si todos los integrantes de la sociedad anhelaran ser expoliados de los frutos de su trabajo, en aras de una presunta redistribución de la riqueza que cada día castiga con mayor dureza el esfuerzo individual de los más emprendedores, o como si la política consistiera en privar a las personas del más mínimo derecho a elegir cómo gastar su dinero. Que, en el fondo, es lo que piensan los instigadores de esa práctica perversa consistente en subir indefinidamente los impuestos a fin de otorgar al Estado un poder decisorio absoluto sobre qué hacer con las rentas que nosotros generamos.
Creíamos que el sablazo a los españoles perpetrado por Cristóbal Montoro resultaría insuperable, pero nos equivocábamos. Si Pedro Sánchez logra sacar adelante los presupuestos pergeñados con Pablo Iglesias, el Gobierno dará una nueva vuelta de tuerca a la carga que soporta la explotada clase media. En esta ocasión no solo se cebarán con los «ricos» cuyo sueldo alcance los 140.000 euros anuales, que se verán obligados a trabajar desde enero hasta junio (o agosto, si sumamos tributación directa e indirecta) para satisfacer la voracidad recaudatoria de estos políticos que ignoran lo que supone ganarse honradamente la vida sin chupar la sangre del contribuyente, sino que harán presa en los autónomos. Ese es el colectivo a exprimir, con el ensañamiento añadido de mentir al prometer una rebaja fiscal que para el ochenta por ciento de los afectados se traducirá en lo contrario.
El autónomo es ese ser extraño, a medio camino entre el asalariado y el empresario, que sufre los inconvenientes inherentes a esas dos condiciones sin disfrutar de las ventajas que cada una de ellas conlleva. Depende de sí mismo y de su capacidad de generar ingresos, aunque no goza de la protección que brinda una gran estructura a las espaldas. Si enferma, no hace caja ni accede a subsidio alguno durante la primera semana de baja; de ahí su afamada «salud de hierro». Nadie le paga las vacaciones, que constituyen un lujo muy rara vez a su alcance. Tributa por lo que gana, como cualquier hijo de vecino, y abona religiosamente, cada trimestre, tanto IVA como IRPF. Hasta ahora, se le permitía magnánimamente escoger la cuantía de su futura pensión y la correspondiente cotización a la seguridad social, con un mínimo cercano a los trescientos euros mensuales. Una licencia intolerable para estos inquisidores fiscales, determinados a suprimir cualquier resquicio de libertad personal en aras de incrementar la cuantía de lo que recaudan. Si se consuma su plan, los autónomos soportarán una nueva exacción en forma de doble tributación, al cotizar proporcionalmente a lo que ganen sin por ello obtener derecho alguno. ¡Toma «política social»!
En el aire está, de momento, la supresión de la magra desgravación todavía consentida por la aportación económica a los planes de pensiones privados. Podemos la exige y buena parte del PSOE la aplaude. Les chirría que se escamotee un solo céntimo a las arcas públicas que controlan, aunque sea para destinarlo al ahorro. ¿A quién le interesa el ahorro, la previsión o el futuro? Lo que les importa a ellos son sus votos. Y el que venga detrás, que arree.