EL MUNDO 22/05/2013
· Ayete será escenario de nuevo de un acto en el que cuatro relatoras internacionales harán públicas 12 recomendaciones realizadas al Gobierno y a ETA. La izquierda abertzale ha dado el visto bueno. Sobresale una: se recomendará a los presos que rechacen la violencia y que reconozcan el daño causado.
A pesar de lo llamativo de la fórmula (y a la espera de conocer los términos del rechazo a la violencia) ésta no cumple las exigencias establecidas por la ley para la mejora de las condiciones penitenciarias. Pero es un modo de utilizar la internacionalidad para que los presos se planteen dar un paso y para que, sobre todo, el Gobierno modifique su actitud respecto a ETA y, en concreto, su política penitenciaria si no quiere ser tachado de inmovilista.
En principio se pensó que la escenificación, la próxima semana, iba a estar a cargo del ex presidente Jimmy Carter; después, se especuló con Bertie Ahern, ex primer ministro de la República de Irlanda y firmante de la Declaración de Ayete del 18 de octubre de 2011, anterior al anuncio del cese definitivo; pero, finalmente serán cuatro miembros de instituciones internacionales, desconocidos, los que expongan las recomendaciones.
El documento es el resultado de las reflexiones de un foro social coordinado por Lokarri –la misma plataforma encargada de la logística de la Conferencia de Ayete– , activo en el País Vasco durante marzo y abril y en el que, una vez más, se han abordado las denominadas consecuencias del conflicto, es decir, la política penitenciaria que debería adoptar el Gobierno y, por parte de ETA, el desarme y el desmantelamiento de sus estructuras o su disolución. El PNV y la izquierda abertzale han sido consultados y los muñidores de un texto que se considera de consenso sostienen que no se habría hecho público si alguna de esas dos partes no hubiese mostrado su acuerdo. El lehendakari Urkullu y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, estarían al cabo de la calle y, por parte de los abertzales, habría sido Rufi Etxeberria quien diera su consentimiento.
En las conclusiones también se impele a la banda a la entrega de sus armas pero se le recuerda al Gobierno que, para que esta actividad esté plenamente controlada, ha de estar «monitoreada» por agentes internacionales o por un tercer protagonista cuyas características no son detalladas. Tampoco es explícito el documento sobre si el Gobierno debe reunirse con ETA directamente o no para llegar a acuerdos sobre esta cuestión, una condición que la banda ha exigido en todos sus comunicados, que el Ejecutivo no está dispuesto a cumplir y que la izquierda abertzale no cree posible mientras el PP esté en el Gobierno.
El texto es el desarrollo, de algún modo, de las conclusiones de Ayete, cuya segunda parte fue fallida hace unos meses porque el lehendakari advirtió a Jonathan Powell de que, tras la primera, todos los asuntos se iban a decidir en el Parlamento.
En aquella ocasión, hace poco más de año y medio, el primero de los cinco puntos firmados instaban a que ETA, tras una declaración de cese definitivo, solicitara un «dialogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto» y «se adoptaran pasos para avanzar en la reconciliación, reconocer el dolor causado, reconocer a todas la víctimas y ayudar a sanar las ideas». Esa primera Conferencia se llevó a cabo después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero diese a entender que la izquierda abertzale iba a ser legalizada –cosa que ocurrió– y que se iba a dar una salida escalonada a los presos de ETA.
Muchos de los reclusos entendieron que esa solución escalonada se iba a producir de inmediato; tanto que algunos expresaron su seguridad de que antes de la manifestación de febrero de 2012 podrían estar en la calle.
Nada de eso se produjo. ETA aseguró entonces que la amnistía era irrenunciable, exigió hablar con el Gobierno de Rajoy y hubo tensión en las cárceles. La posición del Gobierno negándose a efectuar cualquier movimiento en la política penitenciaria –al margen de la vía Nanclares– hasta que ETA no se disuelva hizo que la izquierda abertzale constatase que tenía un problema y buscó salidas para solucionarlo.
Hace más de un año que los dirigentes radicales aseguraban estar convencidos de que el debate interno que se estaba produciendo en las cárceles acabaría con los presos dando algún paso, asumiendo una fórmula comúnmente pactada, con el visto bueno de ETA, que sería pronunciada por cada uno individualmente en la que reconocerían el dolor causado. Pretendían que esto facilitara la salida de un centenar de ellos, los que han cumplido tres cuartas partes de la condena. Sin embargo, los reclusos se han venido negando, del mismo modo que la dirección de la banda se negó a desarmarse en Oslo ante los verificadores internacionales porque, según sus comunicados, todavía pretende negociar estos asuntos sólo con el Gobierno.
Pero la izquierda abertzale sigue intentándolo porque necesita resolver el problema de los presos, que implica momentos de tensión interna, porque quiere dar una salida airosa a la banda y porque es un modo de presionar al Ejecutivo.
Una vez estas recomendaciones se hagan públicas, la idea es que algunas personalidades vascas sean sus depositarias y que las partes invocadas respondan.
EL MUNDO 22/05/2013