Si en una coalición donde existen un partido agonizante y un micropartido se integran independientes y son éstos quienes controlan la situación, es que hay una formación política encubierta que dirige la operación. Existiendo textos de ETA en pro de semejante artilugio, solo alguien que no quiere ver puede avalar ese fraude de ley.
El tema de la participación de Batasuna en las elecciones, bajo esta o aquella fórmula, tiene dos dimensiones: una, la judicial, en la medida que de una u otra resolución del Tribunal Supremo primero, y del Constitucional luego, depende su presencia en los ya inminentes comicios del 22 de mayo; otra, de fondo, en qué grado toda esta secuencia, incomprensible para quien no conozca de cerca el laberinto vasco, puede influir sobre la normalización definitiva de la vida política, es decir, sobre la desaparición de ETA, del terrorismo.
El primer aspecto es ya de suyo complicado, según ha podido comprobarse con las dos votaciones casi igualadas del Supremo. Lógicamente, sin ser jurista, resulta difícil encontrar una salida adecuada al otro laberinto en que se han metido los magistrados, signo por lo demás de que la aplicación de la norma no resulta fácil. Tal vez como observadores podríamos ver las cosas con mayor claridad si miramos al espíritu de la ley, que consiste en vetar la reproducción de Batasuna bajo uno u otro disfraz, si no modifica sustancialmente su posición antes comprobada de dependencia respecto de ETA, y en cambio garantizar su reencuentro con la legalidad si por encima de la continuidad en personas y en finalidad independentista, tiene lugar un rechazo efectivo y veraz de la estrategia de los practicantes del terror.
Llegados a este punto, el laberinto se abrió a una serie de galerías ciegas, de falsas salidas, como la de pensar que resultaba posible exigir de los dirigentes de la izquierda abertzale, bien una condena explícita de ETA, empleando ese término, bien un deseable mea culpa por los crímenes pasados, cosas ambas que no figuraban en la ley de Partidos. Y que por lo demás chocaban con la experiencia histórica, apreciable en las Brigadas Rojas italianas, donde bastó con el reconocimiento de la inadecuación de la vieja táctica para disolver el movimiento, y con la triste realidad que Fernando Reinares acaba de mostrar en su ‘Patriotas de la muerte’, segunda edición: los exetarras no se arrepienten de lo que hicieron.
Tampoco vale esperar a la desaparición de ETA, porque justamente una sincera reconversión de Batasuna en partido independentista democrático sería una excelente contribución al fin del terror.
Desde este punto de vista, la presentación del 7 de febrero pareció marcar un antes y un después en la trayectoria política de la izquierda abertzale. Ateniéndose a los estatutos y a las intervenciones no había espacio para la duda. El problema venía de un antes y de un después. Antes, la circular de Batasuna en enero sugería un acomodo con ETA que si bien respondía a la ya sabida voluntad de autonomía política, no garantizaba la independencia de Sortu. Luego, de acuerdo con la sentencia de Estrasburgo, en la valoración debían entrar los comportamientos, y aquí la gran sorpresa fue la inexistencia del nuevo partido, salvo para una declaración importante respecto de los sucesos de Francia. Difícilmente cabe legalizar un tipo de formación sin vida política propia, por mucho que los dos pasos dados supongan otros tantos avances hacia la democracia.
De nuevo ateniéndonos al espíritu de la ley, lo de Bildu es menos problemático, puesto que en este caso sí encontramos una reiteración de tácticas previamente empleadas por Batasuna. La primera fue dar vida a partidos fantasmagóricos, como aquel Comunista de las Tierras Vascas, conseguir que los harapos exteriores encubrieran la mercancía averiada; luego sirviéndose de unas siglas históricas con ejecutoria de nobleza, ANV, para la misma misión, y ahora según todos los signos coaligándose con otra formación legal, tristemente en caída libre, que así ganaría la supervivencia. La prueba del algodón ofrece aquí una total seguridad: si en una coalición donde existen un partido consolidado, aunque agonizante, y un micropartido, se integran independientes a título supuestamente personal, y quienes controlan la situación y la previsible representación en posiciones determinantes son estos mismos independientes, es que los tales proceden de una formación política que dirige la operación de manera encubierta. Más aún, como contamos con textos de ETA a favor de semejante artilugio, amén de la respuesta de Bildu ante el episodio de Francia, solo un ciego que no quiere ver puede avalar el visible fraude de ley.
Sea como sea, habida cuenta de la voluntad de normalización a toda costa dominante en la opinión pública vasca, Gobierno vasco incluido, y de la confusión mostrada por el poder judicial, el balance político del episodio no puede ser más negativo. Lo que en un principio pareció marcar una nueva etapa a la irlandesa, en que el independentismo político impusiera su auténtica ‘alternativa democrática’ a ETA, ahora se abre hacia un escenario de inseguridad, donde esa mutación efectiva pasa a segundo plano y, bien el fraude de ley, bien la frustración, caracterizan a las previsibles vías de resolución.
Antonio Elorza, EL CORREO, 5/5/2011