Entre un tronado y un trilero resulta difícil discernir quién dice la verdad. Puigdemont sostiene que Sánchez le ha enviado emisarios con promesas de buen trato, rebaja del delito de sedición mediante, y Moncloa niega la existencia del recadero y del recado. ¿A quién creer, al estrambótico desertor que se ve a sí mismo como un Napoleón en Elba o al Gobierno de un presidente cuya palabra se evapora antes de que termine de pronunciarla? En casos así conviene acudir a la lógica sin necesidad de buscar a ese ‘señor X’ por el que preguntaba ayer Cuca Gamarra. Y la lógica, o más bien la razón, aconseja desentenderse del sujeto y centrarse en el predicado. Es decir, en el fondo de la cuestión, que reside en la evidencia de que con o sin heraldo la reforma penal en ciernes beneficia en todo caso los intereses del fugitivo lunático.

Aunque el interés principal de Esquerra al exigir la modificación legal estriba sobre todo en la exoneración de su exdirigente Marta Rovira –sobre la que no pesa acusación por malversación–, el horizonte procesal de ‘Puchimón’ se vería también muy aliviado con dicha medida. De hecho, la reducción de penas con validez retroactiva constituye una suerte de amnistía subrepticia, una fórmula para complacer la reclamación independentista eludiendo la prohibición constitucional a través de una maniobra oblicua. Y más allá de que aun así el antiguo mandatario catalán tendría que comparecer ante la justicia si Europa le retira la inmunidad o él mismo decidiese regresar en vez de buscar refugio alternativo en Suiza, sus cuentas pendientes serían de mucha menor cuantía.

La minusvaloración del delito –una insurrección contra el ordenamiento jurídico y en particular contra la soberanía nacional– servirá además una herramienta clave de convicción al recurso planteado por los sediciosos ante la Corte Europea, que sumado al indulto ya concedido imposibilita en la práctica la confirmación de la condena. Se trata de prefigurar el argumento para que la sentencia del Supremo quede demolida por desproporcionalidad manifiesta. Una artimaña que retuerce los principios de neutralidad del Derecho para instrumentalizarlos con voluntad maliciosa en una operación legislativa diseñada ‘ad personam’.

No hace falta, pues, mandar a nadie para explicarle a Puigdemont lo que ya sabe. Que si ese proyecto va adelante no tendrá que pasar mucho tiempo en la cárcel –tal vez pueda incluso eludirla– y será indultado en el supuesto menos favorable. Otra cosa es que Sánchez pueda gestionar el desgaste añadido que le cause el enjuague. Que en medio de dos campañas electorales se atreva a arrostrar los efectos impopulares de ver al jefe de la sublevación separatista en la calle. Lo de menos es si hubo o no mensaje. Lo grave es que el Código Penal del Estado se redacte al dictado y conveniencia de los culpables de su transgresión flagrante.