Ignacio Camacho-ABC
- La autorización temeraria del 8-M es una brecha en la retaguardia de un Gobierno obsesionado con la propaganda
Lo saben. Saben que el 8-M es una brecha sin cerrar en la retaguardia. Quizá sea difícil que puedan derivarse consecuencias penales -hay demasiado bufete de «todo a cien» presentando a la ligera querellas mal fundamentadas- pero el veredicto de opinión pública es una condena política palmaria, y esa derrota en el «relato» es lo que más importa a un Gabinete obsesionado con la propaganda. El vídeo de Irene Montero produce estupor más allá del lenguaje -«o sea, tía, mogollón de peña», etc- por la inconsciencia absoluta con que quita importancia a una amenaza que ya había forzado a otros países a tomar medidas «superdrásticas». Porque no se trata de una muchacha que comenta la manifa con una colega de
oficina o una compañera de aula sino de una ministra del Gobierno de España, el mismo que autorizó la concentración feminista habiendo recibido de las autoridades sanitarias datos y advertencias suficientes para no poder alegar ignorancia. Y tanto si los avisos fueron minimizados por exceso de confianza o desoídos por contumacia ideológica, la autorización de la marcha constituye un ejemplo cristalino -como diría Iglesias- de decisión temeraria. Que además tuvo efectos colaterales igual de desafortunados, porque implicaba permitir también un congreso de Vox, un partido de Liga en el Wanda, un concierto de Isabel Pantoja y un fin de semana completo de actividades sociales celebradas bajo la sensación colectiva de una normalidad falsa. La propia Montero revela sus reparos ante la gente que se acercaba a abrazarla, reticencias tan razonables que ella misma acabó contagiada. Con o sin vídeo, no hay modo de encontrar atenuante a una irresponsabilidad tan axiomática.
Otra cosa será encajar esa conducta en un tipo delictivo. Muchas familias y asociaciones han acudido a minoristas jurídicos que carecen de la experiencia y el rigor necesarios para enfrentarse al enorme aparato legal del Consejo de Ministros. El Derecho tiene una lógica procesal muy compleja en la que la inmadurez o la chapuza en la presentación de una demanda puede desembocar en el resultado contraproducente de su prematuro archivo; ayer mismo, un magistrado rechazó una contra Fernando Simón porque no había sido presentada en el juzgado debido. Gatillazos de esta clase conducen al efecto ficticio de avalar en apariencia la gestión del Ejecutivo. La justicia no es un desahogo; probar una acusación de negligencia culpable u omisión punible requiere un trabajo mucho más arduo y fino que el de armar ruido para utilizar la instrucción como anticipo del castigo. Y sería lamentable que la precipitación, el oportunismo, la impulsividad o la falta de oficio impidiesen al cabo el imprescindible escrutinio político y judicial de la flagrante ocultación cometida en aquellos días críticos.
Que eso es lo que está esperando «la peña». Una rendición de cuentas «superdrástica, o sea».