ABC-IGNACIO CAMACHO
Sánchez y Batet saben que la decisión sobre los presos corresponde al Parlamento. Los jueces no los sacarán del aprieto
DURANTE la fase aguda del procés era frecuente que la oposición y los medios criticasen –criticásemos– a Rajoy por eludir las decisiones políticas y parapetarse tras los tribunales. Era la estrategia de la vicepresidenta Soraya y su célebre «batallón Aranzadi», que presentaba recurso tras recurso mientras la rebelión proseguía impertérrita su avance. La cosa acabó con una desobediencia flagrante y una declaración de independencia ante el absentismo desesperante de un Gobierno que echó mano de su autoridad demasiado tarde. Pues bien: he aquí al Partido Socialista, cuyo líder fue entonces uno de los más críticos, utilizando el mismo procedimiento exacto para sacarse de encima el compromiso de suspender en sus funciones a los parlamentarios separatistas sometidos a juicio. Sólo que no le mueve un exceso de prudencia como al marianismo sino un ataque de pánico al voto de castigo que podría sufrir en Cataluña en las elecciones del domingo. Después de sus demostraciones de buen rollito con Junqueras –«no te preocupes»–, Sánchez no quiere conflictos que empañen su plan de armisticio.
Así, La Moncloa ha ordenado a la Fiscalía y a la presidenta del Congreso que mareen la perdiz con innecesarias solicitudes y preguntas al Supremo. Pero el auto judicial es diáfano al respecto: la suspensión corresponde a la Cámara porque, además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así lo contempla su propio reglamento. Marchena está teniendo mucho cuidado en la dirección del proceso para evitar cualquier argumento con el que los procesados puedan apelar ante los jueces europeos, y no va a incurrir bajo ningún supuesto en la violación de garantías de los reos o la invasión de competencias del Parlamento. Batet –ay, cómo pesan ciertos apellidos en según qué momentos– sabe que la decisión está bajo su responsabilidad, o la de la Mesa, y sólo trata de ganar tiempo hasta que los comicios estén resueltos. Luego puede prolongar el papeleo: informe de los letrados, junta de portavoces y trámites diversos, pero antes o después le tocará dictaminar sobre los congresistas presos. Lo magistrados no le harán el favor de sacarla del aprieto. Suspenso en su primer examen serio.
Con todo, incluso cuando el obstáculo electoral esté despejado, el PSOE tendrá que enfrentarse a un pronunciamiento ingrato: aceptar la inevitabilidad de suspender a los encausados o desafiar a la oposición y a la opinión pública interpretando la norma del modo más laxo y permitiéndoles incluso votar en la sesión de investidura por método telemático. Esto último constituiría un monumental escándalo, tan grave que acaso ni siquiera Sánchez esté dispuesto a afrontarlo. Pero ahora lo único que le importa es sacudirse el engorroso expediente durante un rato. Para apaciguar a los independentistas, incluso para indultarlos –¿alguien lo duda después de lo del martes?–, tiene por delante todo el mandato.