Es un error decir que todos los presidentes hablaron con ETA y la Justicia no les penalizó por ello. Porque no es lo mismo dar a unos representantes ilegalizados un tratamiento democrático que la Justicia les había negado previamente, que haber mantenido con ellos unas relaciones normales cuando estaban legalizados.
Ahora que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia en el caso de las reuniones que los representantes democráticos mantuvieron con los portavoces de la ilegalizada Batasuna se va despejando otro de los debates políticos en Euskadi, que ha tenido enfrascada a la clase política durante cuatro años de proceso. Queda claro que aquellas conversaciones con los delegados políticos de ETA no fueron delito, aunque hablar con los terroristas suponga, además de un error, una pérdida de tiempo. Roma locuta, causa finita. No hubo desobediencia porque no se dió orden que luego se incumpliera.
Independientemente de que algunos acusados recurran al amparo del Tribunal Constitucional, la causa más politizada de los últimos tiempos en los tribunales de Euskadi pasará ya al rincón de los archivos. Hace quince días decíamos que el caso podría «quedar en nada» porque ése era el pulso en los ambientes jurídicos del Tribunal Supremo: que quería dar «carpetazo» a unas reuniones que, si se miraron con lupa en 2006, fue porque existía ya una Ley de Partidos que impedía tratar a las formaciones proscritas por su complicidad con el terrorismo como si fueran unos portavoces democráticos más. Cuando gobernó Felipe Gonzalez no se dió esa circunstancia. Cuando lo hizo Aznar, tampoco. Es importante situar los hechos en su contexto político ahora que todo se mezcla y hay quienes todavía preguntan, afectados quizás por un ataque de desmemoria, por qué se persiguió tanto a Ibarretxe y Lopez cuando todos los presidentes de gobierno anteriores hablaron con ETA. Pues sencillamente porque la Ley de Partidos ilegalizó a las formaciones políticas que no han querido desvincularse del terrorismo como fue el caso de Batasuna y todas sus franquicias.
Decir a estas alturas que todos los presidentes hablaron con ETA y la Justicia no les penalizó por ello, supone incurrir en un doble error. En primer lugar porque no es lo mismo dar a unos representantes ilegalizados un tratamiento democrático que la Justicia les había negado previamente, que haber mantenido con ellos unas relaciones normales cuando estaban legalizados. Y en segundo lugar, porque los intentos de los presidentes de Gobierno para sondear a la banda sobre la posibilidad de que su fin estuviera cerca no implicaban un intercambio de precio político. Ahora que ha sido tan clara la resolución del Supremo, quizás cambien algunas opiniones de los representantes nacionalistas vascos que suelen echar pestes de la Justicia española en general y por definición.
Otros partidos, como EB pidiendo la dimisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro, no terminan de entender la separación de poderes en un Estado democrático. Si cada vez que un tribunal revoca una decisión de un juez, porque la ley precisamente no tiene una sola interpretación, se pidiera la dimisión del cuestionado, a estas horas estaríamos con la Justicia descabezada. Existe tal tendencia a mezclar los estamentos que la magistrada Garbiñe Biurrun dijo que comprendía que se pida «la dimisión de responsables políticos». Da la casualidad de que Ruiz Piñeiro no es un ‘responsable político’ sino una ‘autoridad judicial’. En fin, que de las pocas aportaciones cabales en las últimas horas, de nuevo destaca la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendía, reconociendo que la resolución del Supremo marca una jurisprudencia muy importante, pero que no ve necesaria la dimisión del presidente de los jueces vascos.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 3/2/2010