España es el escenario de un descomunal saqueo, al estilo de los que culminan algunas manifestaciones violentas en las que la turba asalta las tiendas de deportes y de móviles y procede a llevarse material sin pasar por caja. La banda de Puigdemont recorre las galerías del Estado y selecciona productos varios para meterlos en el carrito de la amnistía. Ahí cabe todo. Un abogado condenado por terrorismo, blanqueador de miñancos; una dama bullanguera que presidió el Parlament y que facilitaba jugosos contratos públicos a un amiguete traficante; unos personajillos oscuros conchabados con la mafia putinesca para animar la rebelión separatista del 17 (el de aquí)…. En broma (o no) dicen que también colocarán en el saco del alivio al gang de los Pujol, a Negreira y sus trencillas y hasta a Laporta cuando le toque. Todo esto justificado por eso que los peronistas llaman lowfare, el uso político de la justicia.
Entregados a la demolición del Estado de derecho, ya todo es posible. Sánchez ha pactado con los dinamitadores de la Constitución un artefacto legal para exonerar de su responsabilidad penal a los golpistas, perdonar deudas multimillonarias a la Generalitat y conceder todo tipo de beneficios y prebendas (esas rodalías tan fatigosas) a cambio de su investidura. De propina, quizás también un par de presupuestos generales, lo que se traduce en tres, al menos, legislaturas tranquilas. «Al año 26 llegamos de sobra», dicen los asesores del caudillo.
Es entonces cuando, como Sinatra en Suddenly, aparecieron los jueces y se torció el invento. Al menos algo trocó el ritmo de la negociación con los depredadores de Waterloo, que han tenido a Santos Cerdán a dieta de moluscos y chocolate, días y días varado en Bruselas y sin dignarse siquiera a recibirlo de nuevo en el cuarto oscuro de la foto de la urna. Apenas le admitieron unas sesiones de diálogo telemático, pese a que estaba a trescientos metros.
Sánchez tiembla a la espera de cada reclamo, Bolaños tartamudea cuando habla con los malditos lazis y Cerdán tiene sus rodillas en carne viva de tanta jodida genuflexión
Primero fue el Consejo General del Poder Judicial (no está caducado, sino bloqueado por el Congreso para su renovación y por el TC para ejecutar nombramientos), que emitió un comunicado implacable contra la medida del Gobierno porque supone «la abolición del Estado de Derecho». Acto seguido llegó el auto García Castellón que imputaba por delitos de terrorismo a Puigdemont (invitado a declarar antes de pedir su suplicatorio a Bruselas dada su condición de europarlamentario), a Marta Rovira, la marisabidilla prófuga de ERC y a una docena de cofrades de la hermandad de Waterloo. La decisión del instructor de la causa del tsunami (las razzias salvajes que paralizaron Cataluña tas la sentencia del procès) provocó un cimbronazo en la confiada soberbia de los aludidos, en especial en el molt honorable, que reaccionó con un tuit emprenyat en el que no olvidó mencionar al Rey, siempre presente en sus oraciones.
Puigdemont ha recuperado notoriedad, foco, protagonismo, se le ha hinchado el pecho como a una avutarda, se siente el president del mambo, el capo absoluto de la situación. Sánchez tiembla a la espera de sus exigencias, Bolaños tartamudea cuando habla con los lazis y Cerdán tiene sus rodillas en carne viva de tanta genuflexión inclemente. Humillar al Estado y salvar su culo son las dos grandes obsesiones del forajido, según trasladan asesores de Moncloa, exasperados con una negociación que más parece una eterna sesión de tortura, uan venganza envuelta en sadismo como aquella escena denterosa de Pulp Fiction entre Bruce Willis y los nazis perversos de la armería (Dieter Brandau dixit).
Acaba de recordar que el Estado cuenta con unos anticuerpos que, manejados con integridad, firmeza y decisión, le pueden defender de los ataques más feroces, incluidos los que provienen de la cúpula de su propio organismo
«Sólo nos queda la Corona y la Guardia Civil», aseguraba aquí Savater en muy atinada entrevista. La Familia Real mostró su fuste y su firmeza en la Jura de la Princesa Leonor, toda una manifestación de fortaleza, compromiso e intenciones, en las mismas narices del descomunal Narciso. La Benemérita hizo lo propio nutriendo de artillería penal al juez García Castellón, quien ha obrado en consecuencia y ha sacudido un directo a la mandíbula del clan de los prófugos. ‘Togados fachas’, ‘puñetas franquistas’, ‘jueces de la ultraderecha’, han coreado los aludidos, enrabietados como un bulldog canijo al que le han arrebatado su hueso. No se lo esperaban.
El magistrado de la Audiencia Nacional es un tipo con bemoles, de demostrada independencia (la policía patriótica, el caso Kitchen) y que acaba de recordar que el Estado cuenta con unos anticuerpos que, manejados con integridad y decisión, pueden defender de los ataques más feroces, incluidos los que provienen de su propio organismo.
Consumada la investidura, nadie duda de que la respuesta del sanchismo será terrible. Este mal trago que le está haciendo pasar el carioco de Waterlooo, un destroyer despendolado con enorme afición al suplicio y el ensañamiento, requiere adoptar una serie de medidas drásticas para conjurar el riesgo de remake. De ahí el empeño en hacerse con el control del CGPJ -último baluarte del edificio del Estado de derecho, junto con la Sala Segunda del Supremo- para completar la bolivarización del país y, como dice el gobierno de los jueces en su declaración institucional, para arrasar la función que la Carta Magna otorga a los tribunales.
Evitar sustos y sobresaltos
La orden de García Castellón no sólo ha supuesto un contratiempo para el tira y afloja del enjuague con Boye y los trapaceros de Junts. Evidencia también que la Justicia sigue su marcha, al menos hasta que Sánchez logre su objetivo de sojuzgarla, maniatarla y dejarla convertida en un cachivache inoperante. El manotazo de la Audiencia ha puesto nervioso a Puigdemont, que no se fía, tiene miedo a los barrotes, pavor a la celda, de ahí que le reclame a Moncloa garantías y blindaje ante nuevos sobresaltos de los tribunales. Algo que, por ahora, se antoja imposible salvo que Marlaska despliegue a los acelerados policías de las fumarolas en Ferraz a que encierren a los togados en la Audiencia y el Supremo y no les dejen moverse hasta nueva orden. Pumpido y su hijito ofuscado les acercarían ocasionalmente una bacinilla con caldo de gallineja en señal de solidaridad.
Suena a fantasía disruptiva de Tarantino, pero todo se andará, aunque, gracias al cielo, siempre habrá un guardia civil decente, un magistrado íntegro o una instancia judicial incorrupta que pueda propinar algún susto al Gobierno, a sus socios y demás espantajos. Sin ruido. Suddenly, como Sinatra.
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