José Luis Zubizarreta, EL DIARIO VASCO, 31/7/2011
Cuando cada uno haya hecho lo que tiene que hacer, será el momento de pensar en el siguiente paso. Hoy, de momento, toca esperar a que quienes han iniciado un proceso por ellos mismos definido como unilateral e irreversible terminen el camino emprendido. Luego nos tocará a toda la sociedad atender a las secuelas que ha dejado el desgraciado conflicto.
Ayer fue día de unanimidades. Creo que fui el único analista que se aventuró a poner la nota discordante en el unánime aplauso con que el mundo mundial recibió el anuncio del adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno. Pero, yendo a lo particular, la unanimidad ocultaba discrepancias. Lo que fue aplaudido por unos con entusiasmo como lo más deseable otros se limitaron a aceptarlo de manera resignada como inevitable. No es que estos segundos no aplaudieran, sino que lo hicieron como dejándose llevar por la corriente. No resulta fácil mantener quietas las manos cuando todo tu alrededor es un batir de palmas.
Entre los que recibieron la noticia con fría resignación están algunos partidos vascos y, más en concreto, los de signo nacionalista o abertzale. Los otros, los de adhesión constitucionalista, comparten el sentimiento general de sus organizaciones nodrizas, sabedores de que su suerte va de la mano de la de éstas. Esperan, si acaso, leves matizaciones, a tenor de cómo juzgue la ciudadanía vasca el comportamiento que hayan mantenido en cuestiones de carácter más doméstico.
Al PNV, en cambio, así como a todo ese conglomerado que se aglutina en la coalición Bildu y que, no sólo por economía de lenguaje, denominaremos la izquierda abertzale, el anuncio del adelanto los pilló literalmente con el pie cambiado. Estos sí que necesitaban, por razones, en parte, comunes y, en parte, particulares de cada uno, un poco más de tiempo para pasar a limpio ciertos asuntos de importancia. Y, si dejamos de lado las razones particulares, que, en el caso del PNV, tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora alcanzados y con la continuidad de la privilegiada relación que había mantenido con el Gobierno de Zapatero, lo común -a decir verdad, común a ellos y a los demás- gira en torno a la consolidación del proceso de final del terrorismo y de normalización definitiva de la política del país.
Confiaban, en efecto, el nacionalismo institucional y el abertzalismo radical en que, de haberse celebrado las elecciones en la primavera del próximo año, habrían podido solucionarse ciertos asuntos pendientes que, como la legalización de Sortu o la corrección de la ‘doctrina Parot’, se juzgan decisivos para alcanzar los objetivos arriba citados. Ahora, en cambio, la premura del tiempo, junto con el ambiente electoral en que ya hemos entrado, haría prácticamente imposible siquiera su abordaje. De otro lado, el previsible acceso del PP al poder, que ya ha dejado constancia de cuál es su postura en estos asuntos, haría temer un retroceso o un parón en lo que se creía ser el tramo final hacia el cese definitivo de la violencia.
Sin embargo, estos temores del nacionalismo y del abertzalismo, compartidos en parte por otros sectores de la política y la sociedad vascas, son propios de quienes no han abandonado todavía esquemas de solución que quedaron obsoletos a raíz del fracaso del último proceso de diálogo y no han interiorizado aún la enjundia de lo que está ocurriendo en el momento presente. Y esto tanto por lo que respecta al conjunto de la izquierda abertzale como al propio Estado de Derecho.
Si algo ha quedado claro por parte de la izquierda abertzale es que el nuevo proceso que abrió tras el último fracasado tiene, como signo propio, la unilateralidad, y sus conclusiones, la irreversibilidad. Ello quiere decir que, en contraste con el anterior, el proceso actual no se basa en un ‘do ut des’ de reciprocidad con el Estado, sino que surge de una reflexión incondicionada sobre la improcedencia de la llamada «lucha armada» para alcanzar objetivos políticos. Sus mismos dirigentes han declarado una y otra vez, tras la culminación de su proceso de reflexión y toma de decisiones, que su rechazo a toda violencia, incluida sin ambages la de ETA, no está en relación con las variables coyunturas de la política, sino que es estructural y tiene calado estratégico. Quien piense, pues, que el adelanto electoral o el acceso del PP al poder va a detener ese proceso de fondo se encuentra muy a la zaga de la izquierda abertzale en el camino que, según sus portavoces, ésta ha emprendido.
Lo mismo del lado del Estado de Derecho. También en éste se ha producido un proceso de reflexión cuya conclusión ha sido que sólo la aplicación estricta de la ley, y no el intercambio de favores, es la que ha llevado a ETA y su entorno a la situación en que se encuentran. Su actitud actual no puede ser, por tanto, más que la de esperar a que ambos, el brazo militar y el civil, den el paso definitivo de manera fehaciente y verificable. Inquietarse, por tanto, desde dentro del Estado de Derecho, por que el desarrollo de las actividades que le son propias, como los procesos electorales o las alternancias en el poder, vaya a detener o torcer el camino emprendido equivaldría a no haber entendido nada del proceso que el propio Estado ha contribuido a activar.
Estamos en una nueva situación y hemos de ser consecuentes con ella. Si no fuera nueva, no merecería siquiera la pena tomarla en consideración, pues las viejas, las de los procesos con contrapartidas recíprocas, sabemos lo que han dado de sí. Es tiempo, por tanto, de abandonar temores infundados y de dejar que las cosas sigan su curso. Cuando cada uno haya hecho lo que tiene que hacer, será el momento de pensar en el siguiente paso. Hoy, de momento, toca esperar a que quienes han iniciado un proceso por ellos mismos definido como unilateral e irreversible terminen el camino emprendido. Luego nos tocará a toda la sociedad atender a las secuelas que ha dejado el desgraciado conflicto.