Vox, el hijo rebelde del PP, ha resultado ser para éste tan destructivo políticamente como lo fue Kevin para sus padres. Y es que la conclusión de los analistas políticos es unánime: si Feijóo no va a ser el próximo presidente del Gobierno de España se debe exclusivamente a Vox. Ayuso (que lo tiene calado) y Feijóo (que también, pero titubea en el trato) tienen que hablar de Vox.

Más allá de unos cuantos postulados de planteamiento indiscutiblemente legítimo en la confrontación política, como son los de Vox sobre Cataluña, la inmigración ilegal, la asimetría penal y la compartimentación identitaria de los derechos de los ciudadanos, lo cierto es que de un tiempo a esta parte las declaraciones públicas de algunos dirigentes de Vox se definen por la más absurda y desquiciada chifladura ultramontana. Sobre todo desde el sector más radical del partido, cada vez más dominante.

Desde una cansina moral de sacristía, obsesionada por hacer pedagogía sobre cuál es la correcta identidad sexual de los ciudadanos, hasta las adolescentes teorías conspiranoicas sobre la conjura de una poderosa élite progresista para dominar el mundo, pasando por una exaltada recuperación de la memoria imperial de España, que paradójicamente se esgrime como fundamento de su rechazo a Europa.

Partiendo de esta realidad, dos son las opciones posibles para el PP. La primera es defender su derecho a considerar a Vox, pese a tanta extravagancia, un socio de legislatura tan legítimo (al menos) como lo son EH Bildu y ERC para el PSOE de Sánchez.

Esta opción es tentadora porque la realidad parece avalar su justicia. Basta con hacer una rápida comparación entre los distintos socios de viaje. EH Bildu es el albacea político de ETA porque se ocupa de gestionar por la vía política aquello por lo que ETA secuestró, mutiló y asesinó a más de 850 víctimas, entre ellas, más de 20 niños.

Ninguno de los dirigentes principales de EH Bildu ha condenado específicamente la violencia de ETA. Está dirigido por un hombre condenado por terrorismo y secuestro, y llevó en sus listas electorales a 44 condenados, siete de ellos por delitos de sangre. Además, la propia formación ha participado en homenajes a presos liberados de la banda terrorista.

«Frente al miedo agitado por la izquierda, de nada valió el hecho objetivo de que los gobiernos PP-Vox no han limitado en lo más mínimo ningún derecho»

En cuanto a ERC, sus principales cargos se reparten entre condenados por sedición y malversación, y prófugos de la Justicia. El partido de Aragonès hace continuos llamamientos a repetir los mismos hechos por los que sus dirigentes fueron condenados.

Por el contrario, esa misma realidad nos muestra que ninguno de los dirigentes de Vox ha sido condenado por terrorismo. Ni ha secuestrado, mutilado ni asesinado a nadie. Ni tampoco ha sido castigado por sedición, ni se encuentra prófugo de la Justicia española.

Pese a ello, los resultados de estas elecciones parecen aconsejar el rechazo de esta opción. El pasado 23 de julio, la mitad de los españoles eliminaron toda esta realidad de su análisis, y votaron atendiendo exclusivamente a su imaginación.

La imaginación que ese día se impuso sobre la realidad se alimentó de un único miedo: el miedo a que un Gobierno del PP, por presión de Vox (ya como socio de Gobierno o apoyo parlamentario), prohibiera «ir al cine, pasear, leer, beber agua, exponer, dar un beso, sonreír, bailar, vestirte como quieras, cantar, usar sombrero, pintar, imaginar, pensar, sentir, querer, ser, ser tú» (extracto del guion del vídeo de Stop Censura).

Y frente a este miedo, de nada valió el hecho objetivo de que, desde que Vox entró a ejercer por primera vez responsabilidades de gobierno en una comunidad autónoma presidida por el PP (la de Castilla y León, en febrero de 2022), el Gobierno PP-Vox no ha suprimido ni limitado en lo más mínimo ningún derecho de las mujeres ni de los colectivos LGTBI (ni, que se sepa, ha prohibido «pasear, leer, dar un beso, sonreír, bailar…»).

«El PP debe reflexionar sobre las causas que propiciaron la aparición de Vox para hacerlo innecesario»

Ni tampoco lo llegó siquiera a compensar el hecho indiscutible de que Pedro Sánchez sí ha comprado el apoyo de EH Bildu y ERC a un precio inasumible para una democracia digna. Su blanqueamiento político como socios parlamentarios, la eliminación del delito de sedición, el abaratamiento de la malversación, el indulto de los dirigentes de ERC, el acercamiento de los presos de ETA, la progresiva eliminación de la presencia institucional de España en sus territorios, la desprotección del derecho al uso del español, o el trato privilegiado a Cataluña y el País Vasco en recursos presupuestarios en detrimento de otras más necesitadas.

Entre la realidad acreditadamente dañosa de un bloque Sánchez-Bildu-ERC y el fantasma de un Gobierno PP-Vox como destructor de mundos, la mitad de los españoles prefirió creerse el segundo.

Podemos lamentarnos de su injusticia. Pero lo cierto es que hoy, en España, el campo de juego político no es la realidad, sino la imaginación. Y en este terreno de juego, Sánchez ha conseguido que la mitad de España tenga más miedo a Vox que a Otegi. Y ocurre que, como decía Fraga, la realidad (en este caso, la falta de ella) se impone.

[El dilema del PP para engullir a Vox y poder gobernar: confrontación o asimilación]

Por esta razón, pactar con Vox no es una opción. Nos queda la segunda: eliminarlo. ¿Cómo? Haciéndolo innecesario. Pero ello tan sólo será posible si el PP reflexiona sobre cuáles fueron las causas que propiciaron en su día la aparición de Vox, y convence a sus votantes de que, si alguna vez existieron, ya están muertas.

Entre ellas, la política de apaciguamiento en Cataluña, la desprotección del derecho al uso del español, los privilegios históricos de algunos territorios, la falta de independencia del Poder Judicial, la debilidad de los mecanismos institucionales de control, la falta de igualdad de todos los españoles antes la ley, la imposición de una memoria selectiva, o la prevalencia de las adscripciones identitarias sobre la condición de ciudadano.

Despejando definitivamente todas las dudas sobre la fortaleza de su determinación en la lucha contra estos cánceres (o sea, lo que ha hecho Ayuso en Madrid), esos hijos pródigos del PP, que son los votantes de Vox, entenderán que su padre ya no necesita la tutela de nadie que le recuerde dónde está el camino que un día transitó en unión de más de 11 millones de españoles.

Solo así la vuelta del hijo pródigo a la casa de su padre se obrará. Y, con ella, la posibilidad de forjar una mayoría suficiente que permita superar la peor pesadilla que ha vivido, y sigue viviendo, la democracia española.

*** Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.