Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 14/12/11
Zapatero está viviendo los minutos basura de su mandato
Desde hace años se discute sobre la utilidad del Senado como segunda cámara legislativa. Entre los políticos y en ámbitos académicos se polemiza sobre la conveniencia o no de reformarlo, de reforzar su papel como cámara de representación territorial en lugar de ser un órgano de segunda lectura al que el Congreso enmienda la plana cuando lo considera conveniente.
Como teníamos poco lío con el papel del Senado, ahora el presidente saliente ha descubierto la existencia de una tercera cámara con capacidad de veto: las redes sociales de internet. José Luis Rodríguez Zapatero justificó la negativa a aprobar en el último Consejo de Ministros el reglamento que desarrolla la llamada ley Sinde por la existencia de muestras de rechazo en las redes sociales. Nunca hubieran podido soñar los internautas que iban a tener capacidad de veto legislativo.
La oposición a la ley Sinde, en particular a los mecanismos establecidos en ella para cerrar páginas de intercambio de archivos que vulnerasen la propiedad intelectual, ha sido generalizada en las redes sociales en todo momento. No es algo sobrevenido. La Asociación de Internautas ha tenido pronunciamientos muy claros al respecto durante todo el tiempo que ha durado la gestación de la polémica ley.
Tener en cuenta las opiniones de los grupos sociales concernidos por la aplicación de los proyectos del Gobierno o de expertos en la materia de que se trate es una muestra de talante democrático, pero eso se hace cuando hay que preparar las leyes correspondientes. Los internautas se dejaron oír en su momento, al igual que las sociedades gestoras de los derechos de autor y mucha más gente. Las opiniones de unos y de otros pueden ayudar a los legisladores a la hora de hacer su trabajo, a tener ideas más claras y a conocer con más precisión el alcance que tendrán las normas, los intereses enfrentados que hay en juego y los efectos que provocarán, sean positivos o negativos. Con todos esos datos en la mano, son los responsables políticos los que, al final, tienen que tomar la decisión que corresponda.
La constatación de un rechazo social importante ha paralizado proyectos gubernamentales, pero esas cosas ocurren en la fase de elaboración, cuando se están preparando las leyes, no cuando ya han sido aprobadas. Alegar que hay oposición social para evitar desarrollar la ley es un argumento pobre que no justifica la decisión del Gobierno saliente de quedarse con los brazos cruzados dejándole la papeleta al próximo Ejecutivo. La oposición de hoy no es mayor que la que había cuando se aprobó la norma y a pesar de ello se dio luz verde.
El Gobierno saliente está viviendo los minutos basura de su mandato y actuaciones como la relacionada con el reglamento de la ley Sinde sólo evidencian lo largos que pueden llegar a ser esos minutos, en los que se juega ya sin ningún interés y se está haciendo tiempo para que llegue el relevo.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 14/12/11