Luis Ventoso-ABC
- Ganar la libertad costó siglos, pero puede perderse en años
Las libertades que a los chavales españoles de hoy les resultan tan naturales como respirar son el premio de una ardua aventura filosófica y jurídica, que recorre siglos. El primer vislumbre del parlamentarismo representativo ocurrió en España en 1188, cuando el rey leonés Alfonso IX convoca las Curia Regia. Veintisiete años más tarde, una revuelta nobiliaria obliga a Juan I de Inglaterra a firmar la Carta Magna, documento excepcional, que establece que «nadie está por encima de la ley», ni siquiera el Rey. En el siglo XVI, los pensadores de nuestra Escuela de Salamanca ya esbozan lo que en el futuro llamaríamos Derechos Humanos. En 1628, el gran jurista Sir Edward Coke saca adelante en Westminster la «Petition of Right», un hito constitucional, que fija los derechos y libertades de «los ingleses libres». De ahí beberán los padres constituyentes que en 1787 rubrican ese faro de democracia que fue la Carta Magna de Estados Unidos. En 1791 se aprueban diez enmiendas constitucionales. La primera es crucial, pues consagra la libertad de fe, expresión y prensa. Los liberales españoles, los ilustrados franceses y escoceses, las sufragistas… la pelea continuó, hasta cristalizar en ese refugio de seguridad jurídica que son nuestras democracias. Una vez más, Churchill nos dejó la definición más encantadora: «Democracia es que cuando llaman a tu puerta a las cinco de la mañana estás seguro de que es el lechero».
Disfrutar de esa tranquilidad, saber que «mi casa es mi castillo», que tengo mis derechos y libertades protegidos, es un triunfo que costó centurias, pero que puede perderse en unos años. Es tremendo tener que decirlo, pero por primera vez desde que España recuperó la democracia sufrimos un Gobierno con instintos autoritarios. Hay un deterioro moral: han convertido la mentira en moneda aceptable. Hay una apropiación partidista de instituciones del Estado, como RTVE o el CIS, que nos pertenecen a todos los españoles, de izquierdas o derechas. Hay una facción del Gobierno que abiertamente cuestiona la libertad de prensa, con un vicepresidente que tacha a los medios que no piensan como él de «cloacas mediáticas» y los intimida desde el púlpito privilegiado del poder. Hay un Gobierno que hostiga a la monarquía parlamentaria y al monarca constitucional. Hay una fiscal general del Estado que era ministra socialista y ha sido colocada ahí para defender los intereses de su partido. Hay un ministro que elogia las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela como modelo de éxito. Hay nepotismo sin complejos e incluso se ha creado un empleo público ad hoc para el mejor amigo del presidente. Hay un vicepresidente que repite cada día que la derecha «jamás volverá a gobernar en España» (¿viviremos entonces en un régimen de partido único, sin alternativa?) Y por último, está en marcha un atropello inconcebible por su osadía: el Gobierno pretende modificar la ley orgánica de nombramiento de los jueces, vulnerando el espíritu de la Constitución para liquidar la justicia independiente y someterla a su doctrina «progresista».
La sociedad civil ha de despertar, decir no. Porque esto ya no va de siglas. Va de libertad o cesarismo.