Tiempo de incongruencias

Sorprende que el PNV alegue ahora que lo que le motivó a convocar y encabezar la manifestación por los presos del sábado fue el deseo de evitar un grave problema de orden público si se producía un enfrentamiento entre participantes de una manifestación ilegalizada y las fuerzas de orden público. Sorprende, en primer lugar, porque no fue esa la razón aducida en su momento, sino que fue la de «impedir la conculcación del derecho a manifestarse», según dijo Ortuzar o, como más tajantemente señaló Egibar, «pararle los pies a la Audiencia Nacional». Lo del orden público ha aparecido después.

Pero, incluso admitiendo como cierta esta explicación ‘ex post facto’, sigue sorprendiendo al espectador. En primer lugar, porque la competencia sobre el orden público no es del PNV, sino del Gobierno vasco, por lo que tendría que haber sido éste quien gestionase una solución para evitar altercados callejeros. Lo cual entra en sus facultades y posibilidades, pues cualquier juez sería sensible ante la exposición de un gobierno de la imposibilidad de disolver a cien mil personas sin riesgo grave, por un lado y, por otro, no hace falta convocar y apuntarse a una manifestación para conseguir que se realice sin tiros y pelotas de goma. Hay muchas posibilidades intermedias para lograrlo.

Sorprende más aún que el PNV se duela de la manipulación de la manifestación por parte de los propresos, declarándose sorprendido en su buena fe porque le habían dado la palabra de que no habría consignas de ese tipo. En este país, y después de lo que ha llovido muchos años, esa dolorida sorpresa es inimaginable: cada uno sabe muy bien con quién baila, el PNV el que mejor porque es el que lleva la batuta de la orquesta.

Pero lo que más sorprende es que, después de todo ello, el Gobierno del PNV se ofrezca al Gobierno de Madrid como «garante del proceso de paz» pidiéndole que confíe en él para gestionar la política de disolución de ETA. Después de la equivocación que ha reconocido al confiar en los radicales, después de acudir al dudoso expediente de convocar una manifestación radical para evitar desórdenes de esos mismos radicales, después de todo ello, ¿qué valor de garantía puede ofrecer con credibilidad a Madrid? Cualquier gobierno en la tesitura del de Rajoy haría bien en desconfiar de la capacidad de reflexión y control de quien ha demostrado tamaño descontrol.

Por otro lado, volver al esquema de que el PNV gestione como director el ‘conflicto’, un esquema que tan mal resultado produjo en los años ochenta y noventa hasta que fue superado por la política antiterrorista de Aznar, resulta también incongruente a estas alturas. En los tiempos que corren en España el único camino posible para la política pasa por el cumplimiento de la legalidad penal y penitenciaria. Pensar en que esa legalidad puede modificarse en términos relevantes por la política, en una especie de ‘doctrina Parot invertida’, conduce a los mismos errores que la original. Lo cual es, de nuevo, incongruente con el principio de realidad.