El título de esta columna es tal vez un exceso, una metáfora desdichada, pues en las refriegas que tuvieron policías y guardias civiles con los terroristas locales, contaron seguramente más los disparos que la pericia de los tiradores. Aunque hubo de todo en ese trasiego de ruido y balas, pues las fuerzas de seguridad también contaron con personal de excelente puntería. El caso es que, si nos atenemos a los hechos, ETA dejó en su periplo a 127 militantes muertos, de los que, restando a ocho que se quitaron la vida al verse perseguidos y a otros dos ejecutados por sus propios correligionarios, todos los demás –o sea, casi todos– fueron abatidos en enfrentamientos armados con las fuerzas del orden. Un número este que habrá quien juzgue excesivo, pero que sólo supone el 2,8 por ciento de los combatientes que esa organización armada puso sobre el terreno. Una proporción mayor fue la de los activistas del GRAPO que afrontaron igual circunstancia, pues, aunque sólo sumaron catorce muertes, como eran muy pocos, los caídos en combate llegaron al 5,2 por ciento. Y suma y sigue, porque cuando lo de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, los cinco que perpetraron las acciones perecieron bajo alguno de los más de cien balazos que dispararon los Mossos d’Escuadra contra aquellos desdichados que sólo portaban armas blancas. No quedó, así, ningún testigo directo de aquellos ataques yihadistas, como tampoco tuvieron ocasión de ser presentados ante el juez los dos islamistas a los que se abatió en 2025, uno en Vallecas y otro en Murcia, porque no quisieron rendir sus cuchillos. O sea que disparar, lo que se dice disparar, incluso para matar, se puede sin que a los servidores del orden les caiga un castigo automático o que sufran el reproche de la sociedad –salvo, claro está, el de esa minoría que los ve siempre como enemigos–. Por eso no se entiende que, enfrentados a narcotraficantes armados, tengan vetado el empleo de sus armas. Cuatro de ellos han perdido su vida últimamente por defender, inermes, la ley y el orden moral de la sociedad española. Por eso, algo tiene que cambiar en el mandato que recibieron. Todos –especialmente el Gobierno– se lo debemos.