¿Que las detenciones condicionan? Por supuesto. ¿Que las dificultades para que los cómplices de la violencia no puedan tener asiento institucional han logrado mover algunas piezas del tablero? No hay más que ver cómo la ilegalización de Batasuna ha provocado que empezara a querer influir en ETA.
En las temporadas en las que los terroristas dejan en paz a los ciudadanos sin hartarlos con sus siniestros comunicados, sin atemorizarlos con sus amenazas y sin agobiarlos con sus extorsiones, la vida sigue y la gente se toma un respiro. Menos los jueces y la Policía, que no se dan tregua ni durmiendo. Los profesionales de la lucha contraterrorista daban por hecho que el relevo generacional en el mundo del entorno político de ETA se acabaría produciendo, sencillamente porque la propia banda, cuando anunció su tregua del 98, ya avisó que, si no lograba sus objetivos, otras generaciones tomarían su testigo.
Los vástagos de los dirigentes más significados de Batasuna han estado ahí desde hace tiempo, pero, dadas las dificultades que está teniendo el mundo de los violentos, han ido alcanzando notoriedad hasta que el juez de turno, en este caso Grande-Marlaska, tirando del ovillo, ha dado con ellos. No está mal enfocado, por parte de Batasuna, establecer una relación de intencionalidad en estas detenciones. Claro que quién ordena perseguir el delito quiere despejar la vida del ciudadano del aire contaminado por los terroristas. En donde encalla la cuestión es en el verbo «condicionar»; es ahí donde el entorno político de ETA se suele ir por los robles del Gorbea. Quieren enredar a la opinión pública en la madeja de la confusión en donde las palabras y las bombas parece tener, para ellos, análogo significado.
Si, como alegan, el Estado tuviera «miedo a las palabras», en primer lugar se referirían a un Estado no democrático, luego no es el nuestro. Pero si se persiguiera la palabra, quien habría tenido problemas con la Justicia habría sido el padre del detenido, Txelui Moreno, que es el penúltimo portavoz de la hornada más reciente de los asiduos de Batasuna a las conferencias de prensa para defender ante los micrófonos su apuesta por la política sin violencia. Pero no ha sido el caso. Si el juez ordena la detención de su hijo es porque le acusa de pertenecer a una organización ilegal del entramado de ETA como Ekin. Una joya en el tinglado de este negocio, cuyo papel principal consiste en anular cualquier debate interno y apagar la mínima chispa crítica.
Si el vástago de Txelui Moreno no es un chivato de ETA, tal como acusa el juez, y, sin embargo, fuera exhibiendo en su camiseta una insignia en donde se pudiera leer: ‘¿ETA? Ez, eskerrik asko’, entonces sí. Es un ejemplo. Entonces habría que empezar a sospechar que este Estado que la democracia nos ha dado quiere anular las nobles causas pacifistas e impedir que los ayuntamientos se llenen de almas cándidas antinucleares. Pero no parece el caso. ¿Que las detenciones condicionan? Por supuesto. ¿Que las dificultades para que los cómplices de la violencia no puedan tener asiento institucional han logrado mover algunas piezas del tablero? No hay más que ver cómo la ilegalización de Batasuna ha provocado que la izquierda abertzale empezara a querer influir en ETA.
Desde Batasuna insistirán en que el Estado quiere impedir su acceso a las urnas y lo que ya nadie duda es que, en efecto, la Justicia intentará impedirlo siempre que no rompan con ETA. La leyenda ‘ETA ez’ sólo se ha visto en las solapas de los ciudadanos demócratas. El día en que los adictos de la izquierda abertzale al micrófono aparezcan con lemas similares, el escepticismo dará paso a un tiempo de esperanza. Mientras tanto, Iñaki Galdos (Hamaikabat) se ha acordado de las dificultades del PP y PSE en pueblos pequeños para presentar a sus candidatos. ETA los asesinaba y, por eso, han pasado por una ilegalización encubierta. Así la ha denominado este portavoz. No se suelen dar estas declaraciones en el mundo nacionalista.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 19/1/2011