Ignacio Camacho-ABC
- El pregonado bloqueo de la justicia es una consigna propagandística. La función jurisdiccional sigue plenamente activa
No hay en las últimas semanas declaración de ministro o dirigente del PSOE alguno que no insista en la queja del supuesto bloqueo (por parte de la oposición, claro) de la justicia. Todavía ayer la sensata Margarita Robles compartía la consigna aunque añadiendo, juez de carrera al fin y al cabo, un importante matiz a la simpleza propagandística: que lo que está bloqueada es la renovación del Consejo del Poder Judicial y que la función jurisdiccional sigue plenamente activa. Dicho de otro modo, que los tribunales y juzgados cumplen cada día su misión legítima, con la lentitud habitual pero al margen de la confrontación política. Y si el CGPJ no puede cubrir vacantes ni autorizar relevos es porque -esto lo omite Robles- lo ha impedido la izquierda con una reforma legal ‘ad hoc’ para limitar su funcionamiento hasta que el PP se avenga a aceptar una composición nueva conforme a la mayoría que sostiene al Gobierno. Ese mutuo forcejeo es la causa verdadera del problema que mantiene también en suspenso la sustitución de los miembros del Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo pero en ningún caso afecta a la tutela efectiva de las libertades y derechos.
Se trata de un pulso con pinta de durar bastante tiempo. En primer lugar porque la justicia se ha convertido en el último dique, si no el único, contra el desbordamiento constitucional auspiciado por el Ejecutivo, cuyos reiterados problemas con la ley derivan del intento de cambiar el marco jurídico por métodos subrepticios. En segundo término, porque el Partido Popular parece haber decidido aplicar a Sánchez la táctica que él puso en boga para asfixiar al marianismo: el «no es no», la obstrucción sistemática, el enroque negativo, el boicot a cualquier negociación y a cualquier tipo de compromiso. Su objetivo es dejar explícito el rechazo a la alianza del presidente con Podemos, los independentistas y Bildu, y acentuar el clima bipolar que convertirá el resto de la legislatura y las próximas elecciones en un desafío entre sanchismo y antisanchismo. Y por último, porque si se aviniera a algún tipo de pacto le dejaría una valiosa baza a Vox y a Ciudadanos, hipercríticos con el sistema de reparto partidista de cuotas de magistrados. El órdago va a ser intenso y largo, y nada beneficiaría más a la derecha que una respuesta de corte intervencionista y autoritario -del tipo de un cambio de leyes orgánicas- en la que el Gabinete acabara asimilado ante la UE a los populistas húngaros o polacos. En ese tironeo de togas se está gestando una batalla clave para la estructura del Estado.
Sánchez lo sabe y no es descartable que se atreva a jugar fuerte. Para llevar adelante su proyecto con los socios que tiene necesita una judicatura complaciente, dispuesta a involucrarse con sus intereses. Y la teoría del polvo del camino no es compatible con la separación de poderes.