Con el escepticismo propio de quienes no han recibido del Gobierno toda la información que necesitaban, y con las dudas sobre la inseguridad jurídica del decreto ley de ahorro energético tenemos que estar, desde ayer, con el termostato marcando un tope de 27º en los comercios, hostelería y edificios públicos, y a dos velas en los escaparates y edificios que no estén ocupados a partir de las 22.00 horas. Se repiten escenas que recuerdan a las vividas con los estados de alarma, en la época del Covid, cuando el caos normativo entre la orden del Gobierno central y la gestión de las autonomías se instaló en este reino de taifas llamado España.

El Gobierno de La Moncloa está aguantando el chaparrón de las críticas que ya han trascendido de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a los empresarios de la CEOE, que se mantienen en guardia preocupados por la viabilidad de algunas industrias. Por eso dice que dará margen para la adaptación a las restricciones a comerciantes y hosteleros. No habrá sanciones con carácter inmediato. Pues menos mal.

Como los 80 folios del decreto ley adolecen de un sinfín de concreciones, los sectores más críticos se malician de que el plan de Sánchez se trata de una fachada improvisada para poderla presentar en Europa y aparentar que está controlando una situación que le desborda.

¿Existe, en el decreto, alguna explicación sobre el ahorro energético que facilitarán el aumento de los termostatos en verano, el bajón en invierno y el apagón de edificios por la noche? No ¿Contiene el decreto alguna medida de impulso a una mínima actividad económica? Tampoco ¿Van a recibir las empresas y comercios alguna compensación concreta para renovar calderas y aislar edificios? No saben, no contestan.

Madrid acatará la ley mientras presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional porque dice que ha descubierto diez taras inconstitucionales porque las medidas chocan con las normativas de esa comunidad. La ministra de Justicia, Pilar Llop, dice que la Comunidad de Madrid va tener que hacer contorsiones jurídicas para justificar que este decreto es anticonstitucional. Unas declaraciones que no pueden ser interpretadas de otra forma que como un intento del Gobierno de interferir en las decisiones judiciales. No aprenden desde los estados de alarma en tiempos del Covid.

El decreto tiene que pasar por el tamiz parlamentario. El PNV, que suele ser muy sensible ante las injerencias del Estado en las competencias autonómicas, ha rebajado el tono de sus críticas, lo que da que pensar al sanedrín de asesores de Pedro Sánchez que contarán con su abstención en el Congreso de los Diputados.

No están los ánimos para cantar el tango de Gardel «y todo a media luz/ que es un brujo el amor». Pero seguro que el crepúsculo será más oscuro en nuestra vidas a partir de ahora. Lo peor es que nos movamos con la sensación de que nos están haciendo luz de gas. Hasta noviembre de 2023. Después, elecciones.