Las cuestiones que suscita la reforma de la ley educativa son interesantes y merecerían un debate más detenido del que han recibido: la consideración de la concertada, el paso de curso con varios suspensos, la elección entre ética y formación cívica, la educación sexual de los niños… ¿Y la supresión del castellano como lengua oficial del país y vehicular en las aulas? No, ese no es un problema meramente educativo. Se trata a la vez de una agresión de incalculable gravedad a los derechos constitucionales de los ciudadanos y a un símbolo principal de la realidad de nuestra nación. Dicen que aun así los alumnos acabarán el bachillerato sabiendo castellano además de la lengua de su autonomía: ¡naturalmente, ya que en la mayoría de los casos se trata de su lengua materna! No salen sabiéndola, sino que entran así, pues la traen de casa. Pero no tendrán derecho a estudiar en ella, como sería natural, ni a transformarla de lengua familiar en lengua de cultura. Y además se verán discriminados por usarla como si fueran forasteros no en su terruño, sino en su patria. Así el separatismo, el peor enemigo, se cobrará su pieza más codiciada.