La salida en tromba de tres ministros este martes contra Juan Carlos Peinado confirma que el Gobierno está decidido a todo con tal de intentar librar a Begoña Gómez de una comparecencia judicial que asestaría un durísimo golpe a la imagen del presidente.

Lo que en una democracia debe dirimirse en los tribunales, se ha trasladado por voluntad del Ejecutivo, tras el auto de procesamiento dictado este lunes por el juez instructor del caso Begoña, a una batalla campal contra la independencia judicial.

El magistrado, dando por concluida la instrucción, ha propuesto juzgar a la esposa del presidente ante un jurado popular por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Y poco después de conocerse la resolución, el ministro de Justicia abrió fuego, afirmando que la actuación del juez «avergüenza y sonroja» a los ciudadanos.

Según Félix Bolaños, la instrucción constituye una «persecución política» carente de base jurídica, cuando además la decisión de Peinado está fundamentada en un inventario de hechos objetivos que sitúan a la esposa del presidente Sánchez en el centro de una operativa de aprovechamiento privado de recursos públicos.

De entre todos los ministros de Sánchez que han alimentado la controversia, resulta especialmente embarazosa la posición del ministro de Justicia, que parece querer actuar como el abogado defensor de la familia del presidente desde su despacho oficial.

Nunca en democracia el responsable de garantizar la integridad de la magistratura se había servido de su cargo para atacar de este modo a un instructor, instando también a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial a que sancione a Peinado por el lenguaje de su auto.

Estas críticas responden a una estrategia de presión calculada, con el objetivo último de que una Audiencia Provincial de Madrid a la que el Gobierno ha fijado su ancla de salvación enmiende la plana a Peinado.

El Ejecutivo está en su derecho de apelar a un tribunal superior para intentar que se archive la causa, se anule el juicio con jurado y se expulse a las acusaciones populares. Pero no está legitimado para intentar marcarle el camino a los jueces de apelación para que tomen una decisión favorable a la investigada.

Naturalmente, toda resolución judicial está sujeta a la crítica fundada y razonable.

Y se da el caso de que, precisamente, el juez Peinado no se ha conducido en algunas fases de esta instrucción como el jurista más escrupuloso.

Ha cometido errores materiales en las citaciones, ha mantenido una cuestionable indeterminación en el objeto del proceso y ha descuidado las formas en la cronología de sus decisiones.

Ese es el «caldo» del que se nutre el Gobierno para alimentar su queja.

Pero una cosa es señalar errores técnicos y otra desacreditar con cada vez mayor insolencia al Poder Judicial desde planteamientos políticos e infundados, y sólo porque sus decisiones contradicen los intereses del presidente del Gobierno.

Supone una imprudencia mayúscula que el Ejecutivo esté abandonándose a una ofensiva que no sólo vulnera la debida separación de poderes, sino que lesiona irresponsablemente ante los ciudadanos el crédito del sistema judicial.

Como no podía ser de otro modo, el CGPJ ha salido al paso de los pronunciamientos de Bolaños este martes con un comunicado, en el que ha pedido formalmente al Gobierno lealtad institucional y que respete las competencias de cada poder, como procede en cualquier Estado de derecho.

El órgano de gobierno de los jueces (que ha mostrado implícitamente su rechazo a sancionar a Peinado) ha recordado que no se sanciona a un juez por el contenido de sus resoluciones o su estilo literario. Y que el cauce para combatir un auto que se considera injusto no es el expediente disciplinario, sino los recursos ante los tribunales superiores.

A pesar de este aviso, el Gobierno, lejos de deponer su animosidad, ha redoblado sus ataques.

En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, los tres comparecientes (Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente) se han turnado para descalificar la actuación «ideológica» del magistrado con reproches a cada cual más desaforado, llegando a decir Puente que jueces como Peinado buscan «violentar la acción política de personas elegidas democráticamente».

Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre el procesamiento de su esposa desde China, reclamando «que la Justicia haga justicia».

Pero si el presidente fuera consecuente con su exigencia de observar la separación de poderes, debería cesar inmediatamente a los tres ministros que, desde la mesa de Moncloa, se han dedicado a impartir justicia por su cuenta.