El obstruccionismo del PP y el furtivismo parlamentario del PSOE han consumado un grave atentado conjunto al funcionamiento regular del Poder Judicial. El diagnóstico es aplicable al diálogo de besugos que los dos partidos mantienen para renovar el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, desde la caducidad de este en diciembre de 2018. 

Pero la última vuelta, con aparatosa patada de Feijóo a un tablero manejado desde el poder por Sánchez, tiene rasgos diferentes. Esta vez son palabras mayores. La espantada del partido que ocupa el pilar derecho de la centralidad tiene buenos motivos. Se resumen en uno. Núñez Feijóo lo ha denominado «incongruencia insalvable». Que en nombre del Estado se pretenda pactar el debilitamiento del Estado.

El líder del PP ha entendido que no puede prestarse a concertar con el Gobierno la independencia judicial en defensa de la Constitución mientras el Gobierno desarma a los jueces facilitando el camino de quienes la atacan mediante una reforma del Código Penal pactada con terceros. 

El PP había puesto sobre la mesa negociadora un creativo repertorio de excusas para impedir la renovación de un CGPJ y un Tribunal Constitucional que obstaculizaban la agenda legislativa del Ejecutivo. Que el comentarista recuerde: críticas de algunos ministros al Rey Felipe VI, maniobras sobrevenidas del Gobierno para maniatar al CGPJ caducado, aplazar las conversaciones hasta después de las elecciones catalanas, reprobación del modelo de elección de vocales (extracción corporativa y no parlamentaria de los 12 vocales-jueces), exclusión de Podemos, veto al juez que firmó la sentencia del caso Gürtel… 

Pero de todas las excusas, ninguna de tanto peso, a mi juicio, como la explicada ayer en Vitoria por el propio Feijóo, en un coloquio organizado por El Correo. Se siente en la obligación de impedir un cambio legislativo que afecta al llamado «bloque constitucional» (tratamiento penal a la baja de conductas atentatorias contra los principios de integridad territorial y la soberanía nacional única) y sobre el que pesan muy fundadas sospechas de estar inspirado en un pacto de socorros mutuos del PSOE con ERC.

«En esta ocasión no han funcionado los apaños del PSOE con ERC para retocar el Código Penal lo antes posible» 

Rebajar las penas por el delito de sedición sin contar con el otro partido de la centralidad, cuando sigue viva la secuencia de su aplicación por el Tribunal Supremo a los condenados del ‘procés’ y los huidos de la justicia, sería tan anómalo como endurecerlas. Ni el PSOE debe hacer lo uno sin consensuarlo con el PP, ni el PP lo otro sin consensuarlo con el PSOE, so pena de dejar a la ciudadanía expuesta al bandazo en asuntos que afectan a las cuadernas del Estado. 

En esta ocasión no han funcionado los apaños del PSOE con ERC para retocar el Código Penal lo antes posible, desvinculando la iniciativa de la negociación presupuestaria y sin hacer demasiado ruido. Como mínimo, faltó coordinación entre las voces del Gobierno que lo presentaban como un compromiso de Sánchez y las que pretendían quitarle importancia para que no volviera a saltar por los aires el consenso obtenido en las últimas horas sobre la renovación del CGPJ.

Pero volvió a saltar, cuando el propio Sánchez confirmó de viva voz a Feijóo que, efectivamente, se proponía llevar al Parlamento su intención de rebajar las penas por sedición para homologarlas con lo que se lleva en Europa frente a los ataques al orden constitucional. Esta vez a Moncloa no servirá el recurso a las «presiones de la derecha reaccionaria» porque las objeciones al encamamiento con declarados enemigos del Estado también han arraigado en ciertos sectores de la dirigencia socialista y, por supuesto, entre muchos votantes. 

Ahora el justo reproche del Gobierno al PP por incumplir la Constitución para actualizar el CGPJ con arreglo a la actual normativa legal se le vuelve en contra con el justo reproche del PP por relativizar uno de sus principales dogmas de la Carta Magna: que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española» (artículo 2 de la CE).