Editorial, EL CORREO, 4/12/11
Rajoy deberá redimensionar el Estado, además de aplicar los ajustes de urgencia
El presidente in péctore, Mariano Rajoy, aprovechó ayer su visita a Pontevedra para realizar sus primeras declaraciones públicas desde la noche electoral. Sus palabras dejaron patente la gravedad de una situación frente a la que el líder popular solicitó el esfuerzo de todos, advirtiendo de que no puede ser una tarea solo del Gobierno y anunciando que tendrán que adoptarse medidas inmediatas. La alternancia al frente del Ejecutivo está resultando lenta cuando la sociedad en general y los actores de la economía en particular esperan que se revelen las intenciones del nuevo Gobierno. Pero el conocimiento exhaustivo de las cuentas públicas que éste heredará constituye un requisito imprescindible para que los nuevos gobernantes se pronuncien de forma solvente, por lo que habría dos razones para evitar aventurar medidas antes de la investidura: la institucional y la del rigor. Rajoy invitó ayer a la participación de «toda la nación» en un esfuerzo común frente a la crisis. Una necesidad que nadie puede discutir pero que dependerá tanto de la anuencia que el nuevo Gobierno logre en torno a sus iniciativas como de la solidez de éstas. Puesto que no se trata de realizar un sacrificio colectivo de austeridad sino de orientarlo en buena dirección. Esta misma semana Rajoy se reunió con los líderes regionales de su partido, quienes al parecer se comprometieron con el próximo presidente a rebajar el déficit en la cuota que les corresponde. El déficit determinará, al finalizar el año, tanto el margen de confianza con el que Rajoy contará de partida ante los mercados y ante los demás socios de la Unión, como el margen de maniobra del que dispondrá para cuadrar los presupuestos para 2012. Pero, tras los recortes de urgencia que el nuevo Gobierno y las demás administraciones deban aplicar para cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria y hacer frente a la deuda, a Rajoy corresponderá afrontar la tarea más de fondo de redimensionar el Estado reduciendo sus costes estructurales y optimizando su rentabilidad social. Porque si las instituciones se limitan a ajustar las cuentas públicas a impulsos de la presión que ejercen los mercados será imposible alcanzar la meta de un Estado del bienestar sostenible, que haga realidad los derechos sociales y se muestre atento a las aspiraciones de la ciudadanía.
Editorial, EL CORREO, 4/12/11