El Correo-TONIA ETXARRI
Dos horas antes de que el lehendakari Urkullu recibiera al president de la Generalitat en Ajuria Enea, se celebraba en Bilbao la apertura del año judicial. Un acto solemne y protocolario que supo aprovechar el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para dar un toque de atención sobre las bases del nuevo Estatuto. El texto firmado tan solo por el PNV y EH Bildu, ese «exiguo» acuerdo del que Juan Luis Ibarra dijo que está sustentado en la decisión política de la voluntad popular y no en la Constitución, se encuentra ahora en fase de estudio. Pero quiso enviar un aviso hacia el proyecto que, hoy por hoy, no consigue ampliar ese consenso que proclama el lehendakari y al que sus compañeros de partido en el Parlamento, de momento, hacen oídos sordos. Ibarra, manifiestamente contrariado por la diferencia que ese texto pactado quiere marcar entre nacionalidad y ciudadanía, sentenció, con toda la solemnidad que requería el momento, que la invocación al derecho a decidir resulta incompatible con la legalidad. Sin circunloquios. Lo suficientemente claro para que los representantes del Gobierno vasco presentes en la sala se dieran por aludidos.
Muy mal tiene que volver a ver Ibarra la situación política para que haya decidido lanzar esa advertencia sobre los límites sobrepasados en el proyecto de autogobierno para Euskadi.
Defender la legitimidad de un orden supuestamente sustentado en la voluntad del pueblo que se alce más allá del ordenamiento jurídico es «un directo ataque a la democracia parlamentaria», sentenció apoyándose en la teoría del poder y del conflicto de la obra de Carl Schmitt. Una recriminación con un claro destinatario: el lehendakari Urkullu.
Su partido ha firmado las bases del nuevo estatus con una fuerza política como EH Bildu, que le suele dar mucho valor a las voluntades populares como contrapoder institucional. Y sus compañeros del PNV más radicales siguen fascinados por la política de imposición de los protagonistas del ‘procés’. Los gobernantes catalanes solo funcionan con el resorte del ‘mandato’ de la mitad de su Parlamento y de dos millones y medio de ciudadanos (de los siete que habitan en Cataluña) vulnerando la legalidad constitucional y estatutaria.
Por eso el máximo representante judicial aparcó su habitual discreción, aún a riesgo de ser criticado por esos dirigentes del PNV que quieren forzar un marco jurídico con bases identitarias, para alertar de la peligrosa senda en la que podría caer el Parlamento vasco.
El derecho a decidir podrá ser tildado de «reaccionario» como acaba de calificarlo Nicolás Sartorius, cofundador de Comisiones Obreras y ex dirigente del PCE y de Izquierda Unida. Pero los independentistas como Otegi y los más radicales del PNV que quieren emular las políticas unilaterales de sus homólogos catalanes seguirán aferrados al eufemismo del derecho de autodeterminación. Para imponerlo. Aunque no sea legal porque nuestra Constitución no lo permite. ¿Qué más da? Se salta la casilla y seguimos jugando a tensar al Estado.
Los secesionistas catalanes continúan lanzando órdagos al Gobierno de turno. Ahora le toca a Sánchez. Se mantienen alertas a sus guiños. Que no deja de hacerlos. Casi cada día. Aunque de poco le esté sirviendo. Ayer, Urkullu reclamaba distensión pero su invitado, Quim Torra, sigue instalado en la confrontación. Resulta preocupante que exista cierta admiración en algunos sectores del PNV hacia el bloqueo catalán. De ahí el toque de atención de la máxima autoridad judicial del País Vasco al lehendakari.