José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Paralelismo entre 1934 y 2017 en un libro extraordinario sobre el proceso y condena por rebelión militar del presidente Companys y que demuestra que la historia es «la madre de la verdad»
El titular de este texto («Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer») podría ser la expresión insurreccional de un Puigdemont, de un Junqueras o de un Torra. Sin embargo, son palabras textuales de la proclama de Lluís Companys, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, lanzada 1 de marzo de 1936, al regresar a Barcelona amnistiado por decreto-ley de un delito de rebelión militar por el que fue condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República el 6 de junio de 1935 a 30 años de reclusión mayor, interdicción civil durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta.
La cita resulta escalofriante por lo que tiene de actualidad 85 años después. Está extraída de un ensayo histórico-jurídico de imprescindible lectura elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Enric Fossas Espadaler, titulado ‘Companys ¿golpista o salvador de la República? El juicio por los hechos de 1934 en Cataluña’ (Editorial Marcial Pons, 2019), prologado con gran acierto por Juan-José López Burniol. El libro es breve, descriptivo, objetivo en el análisis y, sin hacer referencia a los hechos de septiembre y octubre de 2017 para compararlos con los de 1934, lleva al lector a establecer un paralelismo entre la rebelión de entonces y la sedición de hace dos años en Cataluña. La historia describe, otra vez, un círculo, se reencuentra con acontecimientos que, sin ser iguales, se parecen o riman.
Una de las causas principales de la rebelión catalana de 1934 fue el desacato a la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República que anuló la ley de Contratos de Cultivo del Parlamento de Cataluña de 11 de abril de 1934, resolución a la que la Cámara hizo caso omiso. Como ocurrió en 2017. A esa insumisión, se unió la intolerancia de la izquierda secesionista, representada por ERC, al resultado de las elecciones de 1933 que dieron la victoria a las derechas republicanas (la CEDA de Gil-Robles y el Partido Radical de Lerroux) y todo desembocó el 6 de octubre de 1934 en la proclamación por Companys del «Estado catalán de la República federal española». La rebelión la sofocó el general Batet haciendo frente a los «mozos de escuadra» (sic del libro) que encabezados por su jefe, Enrique Pérez Farrás, hostilizaron a las fuerzas militares de la República. Las 10 horas de rebelión terminaron con más de 14 muertos (los números bailan) y decenas de heridos, Companys y la mayoría de sus consejeros detenidos y recluidos en el buque ‘Uruguay”’ y luego, juzgados y condenados por rebelión militar.
Sucedió entonces —tomando pie del impecable relato del profesor Fossas Espadaler— algo, o mucho, de lo que ha sucedido bien recientemente. Entonces como ahora, se produjo un debate jurídico y político sobre la competencia del Tribunal de Enjuiciamiento; entonces como ahora, las tesis de la fiscalía y de las defensas (el abogado del presidente de la Generalitat fue el también político Ángel Ossorio y Gallardo), difirieron diametralmente porque frente a la acusación de rebelión se opuso el mero acaecimiento de un «suceso político» que no merecía reproche penal; entonces como ahora, hubo protestas públicas y enfrentamientos entre los partidos políticos, unos a favor de la condena y otros en contra. Y entonces, también como se intenta ahora, mediando un cambio de Gobierno —el del Frente Popular salido de las urnas en febrero de 1936— además de restablecer la Generalitat en plenitud, previamente suspendida, se amnistió a Companys y a sus colaboradores.
Este libro no trata del proceso soberanista y sus consecuencias penales pero me atrevo a sostener —tras leer al menos 30 ensayos de distinta naturaleza sobre la reciente y constante crisis catalana— que es uno de los que más invita a la reflexión. Demuestra que la pulsión separatista está enraizada en Cataluña; que el partido histórico de la secesión fue —y es— Esquerra Republicana de Catalunya; que en el debate de responsabilidades se cuestionó el sistema por entero y que, al final, («tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional») se amnistió a los condenados por rebelión militar.
El grito del «tornarem» de Companys es idéntico al de Puigdemont, Torra y otros dirigentes independentistas. Incluso de los que ahora enarbolan el pragmatismo (el reciente libro de Pere Aragonès se titula ‘El independentismo pragmático’ lo cual es un auténtico oxímoron) y apadrinan una mesa de diálogo en la que se pone a la consideración del Gobierno (léase la carta de Torra a Sánchez) «el reconocimiento del ejercicio del derecho de autodeterminación y el fin de la represión, la amnistía y la reparación».
Es muy importante que el Gabinete de Sánchez, que se ha adentrado en una senda delicada, peligrosa, fronteriza con la legalidad constitucional y desamparada en un limbo normativo, tenga en cuenta lo que sucedió para que no se repita. Porque como se ha dicho, y lo acredita el excelente libro del profesor Fossas Espadaler, la historia es «la maestra de la vida» (Cicerón) y la «madre de la verdad» (Cervantes). Para que los representantes del Ejecutivo español lo tengan presente el día 26 ante sus interlocutores secesionistas catalanes en esa arriesgada «mesa de diálogo».