DESDE el mismo día en que el Tribunal Supremo dictó la sentencia condenatoria por sedición contra los políticos que ejecutaron en 2017 un golpe institucional aprobando la proclamación unilateral de independencia de Cataluña, la Generalitat comenzó los trámites para dejar sin efecto las penas de prisión y facilitar que los condenados saliesen cuanto antes de la cárcel. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias de prisiones, por lo que será la dirección de la cárcel de Lledoners junto con el Departament de Justicia del Govern catalán –del que depende Serveis Penitenciaris– los que interpreten de la manera más favorable para los sediciosos el Reglamento Penitenciario.

Por eso, con ser una provocación para la Justicia, una burla al Estado de derecho y un escándalo político, a nadie extrañó que el pasado martes, al día siguiente de que se hiciera pública la sentencia, el president Quim Torra y la consellera Ester Capella se acercaran a Lledoners a visitar y tranquilizar al ex vicepresident Oriol Junqueras, a los ex consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva y a los activistas separatistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todos ellos, tal y como publicamos hoy en exclusiva, saben ya que, probablemente, podrán acceder antes de lo que les corresponde –haber cumplido una cuarta parte de la condena– a una especial situación que les permitirá disfrutar de una libertad de facto que se empezará a tramitar pasadas las elecciones del 10 de noviembre. Así se lo comunicó la consellera Capella el sábado en el comedor de la cárcel, donde se entrevistó durante dos horas con los siete condenados, como hizo ayer mismo la directora de la prisión Susana Gracia en la reunión que mantuvo con ellos en el área educativa del centro. Esta es la razón por la que a los sediciosos se les ha podido ver visiblemente contentos desde que se conociera el fallo del Tribunal Supremo.

Dado el escándalo jurídico y político que se desencadenaría y debido a la complejidad de conceder directamente el tercer grado a unos condenados que no asumen que han cometido un grave delito, es bastante probable que la Generalitat recurra al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite una especial «flexibilidad» en la concesión de privilegios y no puede ser bloqueado, al menos de forma inmediata, por un recurso de la Fiscalía. Por eso no se entiende que el Supremo desoyera la petición de los fiscales de incluir en la sentencia la petición expresa de que no se les concediese el tercer grado antes del cumplir la mitad de la condena. En el caso de Junqueras y los cuatro ex consellers tendrían que esperar a los primeros meses de 2021. Ahora, para escarnio de todos, es posible que estén en la calle en pocas semanas.