Marcos Lamelas-El Confidencial

Fue el vicepresidente Pere Aragonès quien se pronunció condenando el ataque y pidiendo que se respetase el derecho a la integridad física

La tensión entre ciudadanos catalanes por los lazos amarillos ha ido creciendo este mes de agosto y ayer llegó a su cénit con dos incidentes: la agresión a la mujer de un militante de Cs que estaba retirando lazos amarillos –el símbolo de apoyo a los presos por el intento independentista del pasado mes de octubre– frente al Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament; y por la denuncia contra el periodista Arcadi Espada por haber pintado una bandera española en un lazo amarillo en L’Ametlla de Mar, en Tarragona. Dos actos alrededor del pulso por el espacio público entre los que quieren denunciar la postura del Gobierno español con los presos catalanes y los que consideran que el independentismo está manipulando la realidad en contra de un Estado de Derecho como es España.

Fuentes policiales que cita La Vanguardia apuntan a que el agresor de la mujer no hizo alusión a los políticos presos, pero sí que se habían encarado con sus tres de sus hijos por retirar lazos. Del golpe le rompió la nariz. Cuando llegaron los Mossos, el agresor y el marido de la mujer golpeada, militante de Cs, estaban enzarzados. El atacante estaba paseando a su madre en silla de ruedas.

El llamamiento a la calma por parte de la Generalitat provino de su vicepresidente económico, Pere Aragonès. El nuevo líder de ERC afirmó: «Condenamos cualquier agresión sin matices. Y siempre la sociedad catalana encontrará a la Generalitat a favor de los derechos, tanto de la libertad de expresión como el de la integridad física». Sin embargo, la declaración de Aragonès sonó a poco, en especial en un momento en que la neutralidad de la Generalitat aparece cuestionada mientras crece el clima de enfrentamiento civil, ya sea a cuenta del Rey, de los presos o de los lazos amarillos. En cambio, ni el presidente catalán, Quim Torra, ni otros cargos de JxCAT dieron la cara para rebajar la presión de la calle.

Los lazos amarillos aparecen como el punto más débil de la cadena, porque aquí son los particulares los que actúan y muchas veces son animados por los propios líderes políticos a seguir con las movilizaciones. Lo más parecido a una postura conciliadora este mes de agosto ha venido de la Fiscal General del Estado, María José Segarra, cuando se pronunció el pasado lunes sobre la cuestión e insistió en que no ve «delito alguno ni en quitar ni en poner» lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que «forma parte de la libertad de expresión».

Ayer el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, sí que hizo un llamamiento a la calma a través de Efe y pidió “actuar con tranquilidad y sentido común. Hay todo el derecho a llevar el lazo pero también a que los edificios públicos puedan ser percibidos como de todos”.

Viene de lejos

La tensión viene de lejos. Y en lugar de rebajarla con actos de sentido común –una rueda de prensa conjunta de Quim Torra y la líder de Cs, Inés Arrimadas; por ejemplo– está ocurriendo lo contrario. Cada bando anima a los suyos y denuncia que el fascismo son los otros. Así, Torra denunció el pasado 4 de agosto en su artículo publicado en El Periódico, el fascismo y sus agresiones. Se refería de este modo a incidentes como el del pasado 29 de julio en Manresa, cuando siete personas que estaban colgando una estelada en la plaza Onze de Setembre fueron atacados por cuatro individuos que fueron identificados por los Mossos.

Torra se ha esforzado en denunciar lo que califica de «ataques fascistas» pero se ha puesto de perfil cuando la violencia ha provenido del separatismo

Torra, en cambio, calló cuando, cinco días después de la publicación de su artículo, el secretario de Sociedad Civil Catalana en Lleida. Oriol Casanovas, era atacado y abofeteado cuando repartía folletos por la ciudad. Eso para Torra, no era fascismo. De la bofetada de entonces, al puñetazo de ayer a la mujer del militantes de Cs, todo ha sido una sucesión de pequeños incidentes que van degradando el día a día de los catalanes. Pero la escalada es evidente. La inhibición de los líderes evitando llamar a la concordia ha tenido un precio. La CUP y Albert Rivera, presidente de Cs, hicieron justo lo contrario: animar a los suyos a actuar en el espacio público. De esos polvos, estos lodos.

Impacto en el turismo

Ayer mismo hubo manifestaciones en Salou, Tarragona, a favor y en contra de la independencia de Cataluña. Los grupos se han increpado a gritos pero la cosa no ha llegado a más. El alcalde de Salou, Pere Granados se había opuesto para intentar evitar manifestaciones en espacios turísticos. Pero, al contrario, la Generalitat la autorizó pese a que discurría por el paseo marítimo de Salou. Se da la circunstancia de que Pere Granados es alcalde por CDC y que gobierna en alianza con el PSC. El alcalde intentó ser neutral. Pero la Generalitat prefirió jugar a fomentar al enfrentamiento civil.

Puede que el alcalde no lo haga por la neutralidad sino por proteger el turismo. Pero es que el proceso independentista está afectando a esta actividad económica. Según datos del INE correspondientes a este mes de julio, ese mes Cataluña recibió 26.000 turistas menos del resto de España que en el mismo mes del año anterior. El seguir con concentraciones enfrentadas en los paseos marítimos de las localidades turísticas no parece la mejor manera de fomentar la llegada de visitantes.