Los 95 millones de euros que Andalucía puede perder al suprimir el impuesto sobre el Patrimonio son siete veces menos –el 13,9 por 100, exactamente– que los 680 malversados en los ERE. Sí, malversados en su totalidad pese a lo que sostiene el discurso sanchista, porque al tratarse de un procedimiento viciado de raíz, según los jueces, la irregularidad comprende todo el sistema al margen de que los perceptores de ayudas fueran o no conscientes. A diferencia de esos fondos repartidos de manera discrecional y con propósitos clientelares, y además en la práctica irrecuperables, la rebaja fiscal puede proporcionar contrapartidas tangibles si logra captar inversiones empresariales y/o empadronamientos de contribuyentes relevantes. Hay bastantes más probabilidades de que funcione la curva de Laffer que de reingresar en las arcas públicas el dinero perdido en una década de fraude.

El Gobierno, al movilizarse en tromba contra esta clase de medidas, demuestra que su política tributaria no se basa tanto en la eficacia recaudatoria como en meros criterios electoralistas. Por eso, entre otras cosas, se allana a bonificar la gasolina o a reducir el IVA del gas después de haberse negado cuando el PP lo pedía: el malestar social le ha hecho entender que el alto precio de la energía perjudicaba sus ya deficientes expectativas. El nuevo gravamen a las eléctricas y a la banca no aspira a incrementar ingresos, que a escala presupuestaria van a ser mínimos, sino a obtener réditos propagandísticos con el señuelo de apretar las tuercas «a los ricos». El mantra favorito de un Ejecutivo volcado en la impostura de un populismo que se alimenta de la invención de enemigos: los hombres del puro, la plutocracia, los poderes sombríos y demás espantajos ficticios que vienen a sustituir o reforzar a los sobreexplotados fantasmas del tardofranquismo.

En una escena pública madura, el debate fiscal constituye una prueba de contraste perfecta entre los liberales y los socialistas, entre la derecha y la izquierda. Pero para eso es menester que existan propuestas serias, fruto de la reflexión, del análisis de las circunstancias y de una razonable visión estratégica. Luego son los ciudadanos quienes miden el éxito de cada cual –por ejemplo comparando unas autonomías con otras– y votan en función de los resultados, a tenor del crecimiento económico y del grado de prestación de los servicios básicos. En lugar de eso, el sanchismo traza marcos mentales caricaturescos, sectarios, trampantojos ideológicos dibujados a brochazos, y pone o quita impuestos –quitar poco, la verdad– según las demandas de sus aliados y las proyecciones de voto a corto plazo. Su punto débil consiste en que los paganos empiezan a mostrarse refractarios al engaño. Y que las clases medias se están cansando de sufragar el crecimiento elefantiásico, insaciable, de las estructuras del Estado.