Estamos atascados en el patio de las fabulaciones y los engaños de la reforma del Código Penal a la carta de los secesionistas. Donde la gente de comprensión lectora ve que Pedro Sánchez va a reducir las penas de un grave delito cometido por quienes atentaron contra el orden constitucional en Cataluña, el gobierno y el PSOE hablan de «europeización». La Moncloa ha puesto el Código Penal al servicio de ERC pero no lo quiere reconocer. No es lo que parece, insisten. Y con el mismo aplomo con el que el ministro Bolaños engañó al popular González Pons negándole que la negociación con ERC sobre el delito de sedición estuviera incluido en la agenda inmediata, ahora nos cuentan que se trata de modernizarnos, como los países de nuestro entorno y de ayudar a los jueces. Vaya papelón, Patxi López. La guinda la ponen con la última versión a la desesperada: fue el PP quien precipitó el pacto de la sedición. Va a tener que vigilar Feijóo a ver si en cuestión de horas va a ser él el responsable, y no Sánchez, de este manoseo del Código Penal.
Se elimina el delito de sedición y aquí no queda ni la huella de lo que fue un tumultuario alzamiento sin armas contra la Constitución. Ahora, a la conspiración contra la unidad territorial se le llamará «desórdenes públicos agravados». Sánchez abaratará el delito después de haber negociado con los condenados por ese tipo penal, y posteriormente indultados, que son los que le mantienen en el poder. ¿Qué puede salir mal?
Son los hechos delictivos y no las palabras cambiadas lo que se debe buscar cuando se requiere rigor en el derecho comparado. Todos los países de nuestro entorno castigan los delitos contra el orden constitucional y contra la unidad territorial, se llamen de sedición o de alta traición. El Tribunal Supremo ya desmintió, en su detallado informe en el que se opuso al indulto para los condenados del ‘procés’, que la sedición se castigara en exceso en España. Y citaba ejemplos donde se penaliza el delito llamado de otra manera. Alemania, Francia, Italia y Portugal. No importa para la propaganda del Gobierno. Un Gobierno que no quiere ni oír ni ver los informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo iba a tener en cuenta las opiniones del Alto Tribunal?
Pero, como para ejecutar ciegamente una orden es preciso no reflexionar sobre ella ( lo decía Victor Klemperer en ‘La lengua del Tercer Reich’), el coro socialista repite que el delito de sedición «ha desaparecido» en Europa, cuando, en realidad, existe con otro nombre.
Hoy los secesionistas están divididos, es cierto. Pero saben que los condenados e indultados podrán volver a la primera línea de la política. Sánchez los ha rehabilitado abandonando a la mitad de los ciudadanos catalanes constitucionalistas y dejando a sus barones indefensos ante las próximas elecciones locales. Persuadido de que el sometimiento al independentismo le dará centralidad política en Cataluña en las próximas elecciones. Pero los socios son insaciables y esperan más: la amnistía y el referéndum secesionista. Volverán a cometer delitos de deslealtad constitucional. ¿Con total impunidad? En cuanto Sánchez controle el Tribunal Constitucional, será pan comido.
¿Está hoy Cataluña mejor que en 2017? ¿Por qué no se lo preguntan a las más de 7000 empresas que la abandonaron por culpa del ‘procés’? Después vendrá Euskadi. El lehendakari Urkullu ya está calentando por la banda. Por detrás, Otegi espera su turno.