Trece años después de su promulgación, el Tribunal Constitucional ha respaldado hoy jueves la totalidad de la vigente ley del aborto, obra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, rechazando el recurso interpuesto por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados en 2010. Lo ha hecho por siete votos a cuatro, liberándose así del asunto más antiguo que obraba todavía en sus manos.

La decisión, que EL ESPAÑOL apoya, contribuirá a sacar del debate político un asunto hoy amortizado por la sociedad española y que sólo agitan ya algunos sectores extremos del antiabortismo partidarios de su prohibición total o casi total. El debate moral sobre el aborto continuará sin duda alguna durante muchos años, y es sano que así sea en una sociedad moderna como la española.

Pero el debate político se cierra hoy.

Es sintomático, en cualquier caso, que haya hecho falta la renovación de las mayorías del Constitucional para que se desatasque un asunto que el sector conservador había dejado languidecer en un cajón durante más de una década. En parte porque ni siquiera al PP, promotor del recurso, le interesaba resucitar un debate que sólo podía dañarle electoralmente. Y eso tanto si la resolución del tribunal era positiva como si era negativa.

Tampoco es buena señal que el Tribunal se haya dividido en una proporción tan diferente a la del consenso mayoritario de la sociedad española en torno a la vigente ley de plazos. Algo que podría alentar esa idea, difundida por populistas y nacionalistas, de que el Constitucional no representa adecuadamente las mayorías sociales.

De los cuatro discrepantes, tres de ellos (Ricardo Enríquez, César Tolosa y Enrique Arnaldo) han considerado que la ley no garantiza un adecuado consentimiento informado para la protección de la vida prenatal. La cuarta, Concepción Espejel, ha considerado que el sistema de plazos, y otros aspectos de la norma, no caben en la Constitución

Tampoco ayudará a evitar la idea de un Constitucional politizado la evidencia de que la nueva mayoría ha sido capaz de desatascar el recurso sobre el aborto en sólo unas semanas tras trece años de parálisis. Si todo lo que hacía falta era voluntad, ¿por qué y con qué objetivo no ha existido esa voluntad desde 2010?

Finalmente, hay que lamentar que las sentencias del Constitucional se demoren durante años hasta el punto de perder todo su sentido y su propósito. Ni el PP de 2023 es el de 2010, ni la ley del aborto es hoy objeto de debate como si lo era entonces, ni conviene a una sociedad polarizada como la española que asuntos como este languidezcan en el limbo del Constitucional, irresueltos, mientras los ánimos se enconan y los más extremistas encuentran pretextos en ese retraso para alentar la división.

El aval a la actual ley del aborto se produce, además, cuando el Parlamento está a punto de aprobar una nueva norma que define el aborto como «un derecho» y que elimina el período de reflexión de tres días, así como la información previa obligatoria, con el objetivo de evitar lo que Vox ha intentado hacer en Castilla y León: ofrecerles la «opción» de escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D del feto.