Al menos, Imanol Pradales señaló tres crisis globales con consecuencias directas en la vida del País Vasco: el «impacto» del cambio climático en la economía, representado casi a la misma hora de su intervención por una tractorada de protesta en Vitoria con la que agricultores y ganaderos denunciaron las «grandes perdidas» sufridas en un verano extremadamente cálido y, además, reclamaron ayudas para compensar los pastos y cultivos que se han agostado antes de tiempo; las penurias del mercado de la vivienda, «pocas y cada vez más caras», en palabras de un Pradales que se comprometió a promover «más VPO y más rápido»; y sobre todo una emergencia migratoria en territorio ceutí que capitalizó buena parte de su comparecencia hasta el punto de situarla como un reto clave para la estabilidad de la legislatura y el desgaste cada vez más acusado del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este terreno, el jefe del Gobierno vasco lanzó dos mensajes. Criticó sin ambages la respuesta del gabinete de Sánchez, al que acusó de «descoordinación» y de reaccionar «tarde» a la entrada masiva de inmigrantes por Marruecos. Y llamó a la «solidaridad» con los menores no acompañados, pero sin concretar esa voluntad en una acogida real en Euskadi al relegar cualquier reparto entre comunidades autónomas a un eventual «reagrupamiento familiar» en sus países de origen. La magnitud de la urgencia humanitaria y el tiempo que puede prolongarse la búsqueda de una solución, con miles de personas acogidas en campamentos improvisados en la ciudad autónoma, amenazan con tensar al límite lo que quede de legislatura española. La «manifiestamente mejorable» gestión de Sánchez puede obligar a socios parlamentarios indispensables como el PNV a endurecer el tono de sus reproches, mientras el lehendakari le reclama competencias migratorias en su paquete de transferencias aún pendientes.