José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 17/12/11
Cuando Mariano Rajoy enfile el lunes la tribuna del Congreso para pronunciar el discurso de su investidura como presidente del Gobierno, habrán convergido las tres crisis que padece España, desatadas en su máxima virulencia este annus horribilis: la crisis económica, la crisis del modelo de Estado (el sistema autonómico y las tensiones segregacionistas en Euskadi y Cataluña) y la crisis de la forma del Estado (la monarquía). No obstante, las crisis, por graves que se presenten, pueden también convertirse en inmejorables oportunidades. A condición de que se afronten desde un espíritu positivo y correctivo. De lo contrario, es decir, si se encaran como ocasiones para derribar el sistema constitucional, lo que se produce es un efecto indefectiblemente autodestructivo.
Las sociedades mal conducidas por sus clases dirigentes -las políticas, pero también las económicas e intelectuales- no son muy distintas en sus comportamientos a los humanos en los suyos. El suicidio es el resultado de una pulsión interior que opta por la autoliquidación en vez de por la superación de la adversidad. La autodestrucción del sistema -por actos conscientes o temerariamente inconscientes- se corresponde al suicidio, especialmente, si como ocurre ahora en España tras los intentos de derribo la alternativa es el caos disgregador.
Aunque este análisis pueda tacharse de catastrofista, pesimista e, incluso, funerario, los hechos resultan elocuentes: el maltrato político al sistema constitucional es de tal envergadura que la gran transformación que España necesita es de carácter cívico y moral. Por una razón esencial: porque la conflictividad de nuestra vida política y que golpea a la arquitectura constitucional se fundamenta en malversaciones de la realidad, en argumentos falsos y en irresponsabilidades colectivas.
El conflicto y el latrocinio
En el País Vasco el independentismo radical -secundado históricamente en los momentos decisivos por el que se intitula moderado- agita un falso “conflicto político” de carácter secular que justificaría, o al menos, explicaría, el fenómeno terrorista. La verdad es que no hay tal conflicto, sino la emergencia durante más de cuatro décadas de una criminalidad terrorista que invoca el patriotismo vasco y el socialismo y que ha mantenido uncomportamiento mafioso. La verdad es que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Guernica otorgan a Euskadi el mayor autogobierno que quepa imaginar en un Estado unitario y autonómico, mucho más allá de un modelo federal, dejando en manos del Gobierno vasco desde la seguridad hasta las haciendas públicas.
Que pese a este colosal esfuerzo de empatía con las corrientes del nacionalismo vasco, el PNV siga prometiendo la Constitución “por imperativo legal”, mostrando ante el Rey su “preocupación” por las cuotas de poder que ha conseguido democráticamente el PP y reclamando componendas para alcanzar no se sabe qué pacto para un plácido final de ETA, constituye un abuso histórico sustentado en un terrible engaño, que golpea la legitimidad del sistema ante la sociedad vasca, que está lejos de mostrarse homogénea y uniforme en su identidad y pertenencia nacionales.
En Cataluña, el irredentismo independentista -igualmente secundado tantas veces por el nacionalismo moderado, ora pragmático, ora fronterizo al radical- ha encontrado una nueva formulación: “España nos roba”. En el Parlamento catalán, pese a la sensatez de su presidenta, se ha llegado al acuerdo de que nadie reprobará al orador que se refiera a España como “ladrona”, ni tampoco nadie, al parecer, se siente concernido por la agrupación de 157 ayuntamientos en la Asociación de Municipios por la Independencia, presidida por el alcalde de Vic, que pertenece al partido -Unión Democrática de Catalunya de Duran Lleida- que dice no desear planteamientos soberanistas.
Es cierto que Cataluña registra un déficit fiscal con el resto de España, pero ¿se contabilizan los retornos y el mercado que supone para Cataluña? Con el desempleo actual, ¿es igual ahora el déficit fiscal que en tiempos de bonanza? En todo caso, ¿cómo es posible que un Parlamento ampare una expresión, además de falsa, ofensiva para el conjunto español? Por lo demás, ocurre en Cataluña como en Euskadi: que los nacionalistas no parecen asumir la propia pluralidad de sus comunidades, que es la que no permite fórmulas de autogobierno sustancialmente diferentes a las constitucionalmente implementadas. El Gobierno de CiU, que atraviesa por enorme problemas, incluso de tesorería para pagar íntegramente las nóminas de diciembre, ha de mirar a sus predecesores del Tripartito para localizar buena parte de las tropelías financieras que muestran ahora sus peores consecuencias.
Esta irreductible crisis del modelo de Estado -basada en la reiteración de argumentos tantas veces falaces- tendría una conformación auténticamente política si se expresase en términos de rigor y veracidad: la independencia del País Vasco y de Cataluña, no sólo no es inviable desde el punto de vista material, sino que, además y sobre todo, lo es desde el punto de vista social, de tal manera que la fórmula autonómica asimétrica -que es la que está en vigor- y progresiva en el perfeccionamiento de los mecanismos de financiación, resulta ser la mejor de las posibles y a la que hay que ajustarse con realismo y lealtad.
Asalto al Palacio de Invierno
En lo que a la crisis de la forma del Estado se refiere -la de la Monarquía a propósito del caso Urdangarín– parece claro que no tendrá solución si se plantea como el asalto al Palacio de Invierno de los Zares. Da la entera impresión que por parte de algunos -no demasiados pero con mucho poder mediático y de presión- más que propugnar la regeneración de pautas, comportamientos, usos y privilegios malgastados por miembros determinados de la Familia Real o la familia del Rey, lo que se pretende en derribar la Corona como tal institución pasando de la crítica al escarnio y de los hechos probados a las insidias de mentidero que afectan directamente al propio Rey.
La crisis de ejemplaridad de algún/os miembros de la Familia Realresponde a su torpeza ética, pero también a determinadas impasibilidades: ante una falsa democratización de la institución a cuyo entorno han accedido por vía matrimonial personas inidóneas sin que se haya advertido del peligro que ese paso comportaba; ante una estúpida complacencia haciacostumbres burguesas de altezas reales que por serlo no siempre pueden compatibilizar su situación privilegiada con la felicidad a la que puede aspirar cualquier ciudadano llano; y ante la de los poderes Ejecutivo y Legislativo que durante más de tres décadas se han abstenido de desarrollar el Título II de la Constitución dotando a la corona de un estatuto que pusiese a cada cual en su sitio y atribuyesen el correspondientes listados de derechos y de obligaciones.
Decirnos la verdad es la única manera de afrontar las tres crisis concatenadas, discerniendo entre aquellos que las aprovechan para destruir el sistema de los que pretenden remontarlas. Sin una actitud cívica de carácter ético que sea el fundamento de la recuperación, tampoco vamos a remontar en lo económico. Durante los años del socialismo gobernante, la sociedad española ha sido sometida a celadas, simulaciones, distracciones y mentiras. Hemos retrocedido a niveles de renta de 2002 y estamos ya a ocho puntos por debajo de la media de los países de la eurozona.
El reto es casi esencial: ser o no ser. Construir o destruir. Apostar por lo primero, es invitar y favorecer que el Gobierno gobierne con el instrumento -mayoría absoluta- que el pueblo español le ha conferido a través de las urnas. El peor escenario sería que el nuevo Ejecutivo -y poner a Amaiur en su sitio en el Congreso de los Diputados es un buen inicio– se dedicase a bailar con lobos, es decir, a contemporizar con los piqueteros del sistema que inoculan en la sociedad el vértigo atractivo que produce el vacío.
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 17/12/11