Javier Olaverri, EL PAÍS, 26/6/2011
El foralismo es un tigre de papel. Nunca jamás, y la Guardia Civil podrá avalar este dato, ha habido un foralista en la cárcel por defender su visión del Concierto Económico. Palabrita del niño Jesus: solo hay foralistas en los aledaños de las propias Diputaciones.
Ya tenemos tres de las cuatro instituciones que mandan en el tema de Hacienda regidas por un partido distinto. Solo falta conocer lo que pase en Araba y, si no repite el PNV, tendremos un magnífico ejemplo de descoordinación potencial, con cada Diputación funcionando por su cuenta.
El modelo actual de Hacienda vasca es el que impuso el PNV a comienzos de la autonomía, cuando gobernaba con solo mayoría relativa, pero que gracias a la ausencia voluntaria de HB en el Parlamento vasco se convertía en mayoría absoluta. Consiste en un complejo sistema de toma de decisiones que tiene dos características básicas: su opacidad y su falta de control parlamentario.
La opacidad se basa en que las normas son elaboradas por un hermético y desconocido Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), formado por funcionarios del Gobierno y de cada una de las tres Diputaciones. Nadie sabe cómo toman sus decisiones, nadie conoce los informes en los que «justifican» sus propuestas, pero todo el mundo sabe que ese organismo es el paraíso de los lobbys empresariales vascos, quienes han conseguido introducir siempre sus peticiones sin que sean sometidos a ningún contraste con otros sectores de la sociedad.
La falta de control parlamentario es evidente. Euskadi es el único país de la OCDE que no aprueba sus normas fiscales en el Parlamento. Lo hace formalmente a través de tres votaciones separadas en cada una de las tres Juntas provinciales, a las que algunos foralistas quieren llamar «Parlamentos provinciales». Como es sabido, en las Juntas no residen precisamente los políticos más importantes del país y, por lo tanto, su capacidad real de incidir en esta materia es ínfima. Pero es que además si en una Junta General se modificara alguna de las propuestas elaboradas por la OCT, entonces habría una desarmonización del sistema interno fiscal vasco, lo que todo el mundo reconoce que llevaría al caos. En consecuencia, salvo excepciones sonadas, todo el mundo aprueba sin rechistar lo que proponen los funcionarios del OCT.
Pero, como decía Machado, no hay Gobierno que perdure ni mal que 100 años dure y el modelo puede saltar por los aires. En la próxima OCT, y en el Consejo Vasco de Finanzas, se pueden sentar tres o cuatro partidos, y el PNV estará en clara minoría, con uno (o dos) votos sobre seis. Es por lo tanto el momento en que se debe poner todo patas arriba, porque se puede y porque se necesita.
Que se puede, está claro. Desde mayo del 89 esta en vigor la ley vasca 3/89 en la que se especifica que el Parlamento vasco tiene competencias fiscales y puede fijar los temas esenciales de los impuestos, acabando así con ese mito interesado y falso de que el Estatuto de Autonomía atribuye dicha competencia en exclusiva a las Diputaciones. Aunque parezca mentira, esa ley vasca está «virgen y sin estrenar» cual novicio jesuita, porque los foralistas se han resistido siempre a que les legislen desde el Parlamento vasco con visión de los problemas generales del país y porque ningún Gobierno vasco se ha atrevido a desafiar ese «veto». Las Diputaciones, ya se sabe, siempre prefieren relacionarse en materias fiscales con el Estado español antes de con el Parlamento vasco.
Y que se necesita también es claro: la crisis de ingresos ha venido para quedarse unos cuantos años. Por ello resulta imprescindible revisar la eficacia y coste de nuestra Administración, que es excesivamente cara, y actuar por el lado del ingreso. Y resulta lacerante ver al lehendakari de un Gobierno pidiendo a las Diputaciones que mejoren su eficacia y reformen los tributos para poder recaudar más. ¿Qué país es éste donde el Gobierno no puede mandar sobre los ingresos que proporcionamos los ciudadanos con nuestros impuestos?.
Por si el lehendakari no lo sabe, las leyes vascas, no las leyes españolas, le permiten legislar sobre impuestos que pagan los vascos. Si cree que hay que restaurar el Impuesto de Sucesiones lo puede hacer; si cree que se debe restaurar el Impuesto de Patrimonio, lo puede hacer. Si no lo hace no será porque no puede legalmente, sino porque sigue fascinado por el mito del foralismo. Y déjenme que les diga una cosa: el foralismo es un tigre de papel. Nunca jamás, y la Guardia Civil podrá avalar este dato, ha habido un foralista en la cárcel por defender su visión del Concierto Económico. Palabrita del niño Jesus: solo hay foralistas en los aledaños de las propias Diputaciones.
Al resto de ciudadanos lo que nos importa es que la Hacienda funcione bien y con justicia social. No es de recibo que tras 30 años de Concierto Económico todavía los bancos de datos de las tres Haciendas forales no estén conectados entre sí automáticamente, ni que no haya a día de hoy un plan de inspección fiscal común pensado como país. Tampoco es de recibo que en las Haciendas no haya prácticamente nadie dedicado a «pensar» los temas fiscales y que, en consecuencia, no haya nunca informes analíticos y críticos sobre la eficacia y justicia del sistema fiscal que aplicamos, dejando en manos de determinados informes externos pagados por lobbys la iniciativa de los cambios. Al margen del ego de algún foralista paniaguado, a los únicos que les interesa esa falta de coordinación y de medios es a los defraudadores fiscales y a los lobbys que tienen medios para defender sus intereses.
A ver si en esta legislatura vemos estrenarse al Parlamento vasco en materia fiscal.
Javier Olaverri, EL PAÍS, 26/6/2011