De todas las instituciones sometidas bajo el mandato de Sánchez a una estrategia de desarticulación sistemática, el Senado tiene la ventaja de que no puede salir más dañado de lo que ya estaba. Pero esa situación degradada, eternamente pendiente de una reforma capaz de dar sentido a un papel constitucional poco preciso en el ámbito territorial y secundario en el legislativo, no le resta un ápice de representatividad ni cuestiona su carácter legítimo. Merece, por tanto, un respeto a su condición de órgano de debate político y un trato digno que le viene siendo negado por la simple razón de que en su actual composición existe una mayoría de signo distinto a la que sostiene al Ejecutivo. Ese desdén por los dispositivos de control y contrapeso es una característica permanente y unívoca de las legislaturas del sanchismo, que está desactivando uno tras otro todos los mecanismos ideados para proteger al Estado de las tentaciones de poder expansivo.

A falta de ver cómo responde el bloque gubernamental a las comisiones de investigación recién creadas, ayer se produjo una primera manifestación de inaceptable boicot a una Cámara. Ningún ministro ni presidente autonómico del PSOE compareció en la sesión sobre financiación territorial y amnistía, ni siquiera un García-Page cuya posición sensata ha derivado en decepcionante espantada. Para rebajar la importancia del Senado, al menos tres miembros del Gabinete han sostenido en las últimas semanas que la soberanía nacional reside en el Congreso, asombrosa teoría reveladora de un desconocimiento de la Carta Magna –artículo 2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español»– impropio de un alumno de primaria, lo que no ha impedido su repetición sincronizada por parte de la habitual brigada de trompetería mediática. Con semejante concepto de la base esencial de la democracia poco puede extrañar la obstrucción deliberada a la función parlamentaria.

Pero como a veces la justicia (poética) escribe derecho en renglones torcidos, el catalán Aragonès, valga la redundancia nominal, convirtió su anunciado troleo a la mayoría conservadora en una humillación al Gobierno. Los titulares informativos más relevantes recogieron su desafiante seguridad en que el mismo cambio de criterio sobre la amnistía se acabará produciendo respecto a la reclamación de un referéndum. «Recuerdo –dijo– lo que decían Illa o Iceta: ni amnistía ni nada de eso. Hay muchos ejemplos». Y añadió que lo mismo sucederá con la fiscalidad por concierto. Metido en campaña, Aragonès no se ahorró ningún desprecio aun a sabiendas de que cargaba de munición el argumentario ‘pepero’. Quizá lo que los socialistas pretendían con su ausencia era evitarse en directo un chorreo al que no pueden responder sin afrontarla terquedad flagrante de los hechos. Y de cualquier modo, la cortesía institucional (¿qué será eso?) la perdieron hace tiempo.