Los jueces investigan delitos no prescritos, no hacen censos de muertos cuya cifra ni acuerdan los historiadores. Tampoco elaboran tesis sobre cuestiones de Historia contemporánea. Sobre todo, cuando aún quedan asesinatos sin prescribir y sin resolver: Joseba Pagazaurtundua, los policías Julián Embid y Bonifacio Martín, el ex concejal Isaías Carrasco…
Entre los defectos de funcionamiento de la Justicia española, no parece que figure la falta de solidaridad entre sus servidores. Al menos, en la Audiencia Nacional. Los titulares de los juzgados centrales 1, 2, 3, 4 y 6 han pedido amparo al Poder Judicial para el del número 5, Baltasar Garzón, por el editorial que este diario publicó ayer bajo el título Truculenta Garzonada. Se criticaba en él la iniciativa del juez en busca de los desaparecidos de la Guerra Civil y la represión franquista, antes de determinar si se considera competente para instruir la causa que le solicitan las Asociaciones de la Memoria Histórica. Por si acaso, uno advierte de antemano que no reivindica la parte alícuota (que viene a ser lo que Felipe llamó «la cuota parte») que pudiera corresponderle del calificativo truculenta, que a 3 de septiembre no estamos para líos.
Garzón ha pedido datos a varios ministerios; a los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid; a la Conferencia Episcopal, para investigar en las 22.827 parroquias que hay en España; a la Universidad de Granada, y al Valle de los Caídos. Hace seis meses, fue descubierta en terrenos del Ministerio de Defensa, más concretamente de la Bripac de Alcalá de Henares, una fosa común con nueve cuerpos, uno de los cuales podría ser el del dirigente del Poum Andreu Nin, según explicó ABC en su día.
Es un reto para el Ministerio que dirige Chacón. La memoria histórica, gran oxímoron, está hecha para examinar los asesinatos y la represión franquista. Exclusivamente. Sus promotores no acaban de comprender que la democracia debería acoger en el mismo seno a los dos bandos. «Las víctimas de la represión republicana ya fueron honradas por los suyos», dicen en contradicción flagrante quienes aún quieren anular con imposible efecto retroactivo los juicios del franquismo, renunciando con ello a la incontestable superioridad ética de la democracia y a su carácter inclusivo sobre el sectarismo y la injusticia intrínsecos a toda dictadura. El problema se plantea cuando la víctima y el victimario pertenecían ambos al bando de los buenos. Con lo claro que estaría todo si a Nin lo hubieran fusilado los falangistas.
Casi 23.000 son muchas parroquias y no sabemos si tenemos policía para investigarlas una a una. A pesar de la capacidad y diligencia de nuestros cuerpos de seguridad, cabe temer que esta ocupación les distraiga de las habituales. Es posible que, con afán de corresponder, los obispos envíen una delegación de párrocos a Irún para investigar quién fue el presunto policía que dio el chivatazo al del bar Faisán e hizo posible el milagro de la transformación de la pasta en vino, gran paráfrasis de las bodas de Caná. O que los curas envíen a Garzón sus propias listas, las esculpidas en el atrio de las iglesias, más tajo para que investigue.
El PCE lanzó un pelillos a la mar en junio de 1956, con su declaración Por la Reconciliación Nacional; la democracia amnistió todos los delitos de sangre cometidos hasta 1977, tal como recuerda la Fiscalía; Fraga presentó a Carrillo en el Club Siglo XXI el 27 de octubre de dicho año; los jueces investigan delitos no prescritos, no hacen censos de muertos cuya cifra no han sido capaces de acordar los historiadores; tampoco elaboran tesis sobre cuestiones de Historia contemporánea. Sobre todo, cuando aún quedan asesinatos sin prescribir y sin resolver: Joseba Pagazaurtundua, el 8 de febrero de 2003; los policías Julián Embid y Bonifacio Martín, el 30 de mayo de 2003 y el ex concejal Isaías Carrasco, el 7 de marzo de 2008, por citar sólo los cuatro últimos.
Santiago González, EL MUNDO, 3/9/2008