En su intervención inicial, el alcalde, previsor, se había levantado un dique: «Yo me afilié al PSOE por su idea del hombre, no por su idea de España; y la verdad es que el asunto catalán me cansa, me aburre, me da mucha pereza». Centrado el balón, uno del público tuvo que rematar: «¿Pereza, dice? Los dirigentes políticos, como los periodistas, no pueden escoger sus temas. La idea socialista del hombre –igual– se está viendo radicalmente impugnada por su idea de España –plurinacional–. Y díganos: en la nueva España de Sánchez, ¿dónde queda Castilla y León? ¿Es nación o región?».
El alcalde Puente contestó con resignado fair play, pero no pudo evitar el naufragio. Primero buscó la cobertura moral del CIS: «Al 90% de los españoles tampoco les interesa la cuestión catalana». Luego embistió contra la Historia, contra el individuo y contra sí mismo: «Si hubiera una verdadera nación en España, sería Castilla, la madre de todas las naciones españolas [sic], pero nosotros [sic] somos más modestos». Y finalmente se rindió: «No sé responder. Supongo que Castilla y León seguiría siendo lo que es: una comunidad autónoma que ni siquiera ha funcionado bien como tal. Y que las únicas naciones serían Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra. Es decir, los territorios con derechos históricos». Glu, glu.
Los dirigentes socialistas siempre han tenido una pintoresca capacidad de adaptación. En la memoria, Maragall: de alcalde de la olímpica modernidad española a escudero del tribalismo de Perpiñán. Pero su travestismo nunca había sido tan flagrante como ante el golpe separatista del 1 de octubre. El caso más extremo es Guillermo Fernández Vara, sanchista sobrevenido, que ahora reclama, también entre amigos y con agresiva impaciencia, «un trato diferencial para los catalanes, más acorde con sus sentimientos». ¿Y los sentimientos de los catalanes no nacionalistas? Como los de los extremeños: irrelevantes.
El odio del PSOE a la derecha –su aversión a un pacto con el Partido Popular– es más poderoso que su amor a la igualdad. Es decir, que su propia ambición. La llamada Declaración de Barcelona es una toalla en el suelo. La rendición definitiva del PSOE ante las posiciones que han convertido al PSC en un partido menguante, residual, por momentos risible. Una decisión doblemente inmoral por estéril. El dúo Sánchez–Iceta asegura que «el reconocimiento de los elementos simbólicos referidos a la identidad nacional de Cataluña» va a desactivar el desafío separatista. ¿Qué elementos son ésos, distintos de los que la Constitución y el Estatuto de 2006 ya admiten, y distintos de la soberanía? No existen. Y no hablemos ya de la letra ínfima de la Declaración: la anulación del juicio a Companys, la adopción de las veguerías, la transferencia urgente de las competencias de salvamento marítimo y de formación sanitaria especializada… Relleno de bocata de estación.
La capitulación del PSOE coincide con la salida, voluntaria o a la fuerza, de una serie de dirigentes que podrían haber constituido una corriente crítica de nueva generación: Juan Moscoso, David Vegara, Bernardino de León, Álex Sáez, Leire Iglesias, Francesc Vallés… Y con ellos Eduardo Madina, que aún no se ha ido pero que lo medita: de un lado, la constatación de que su partido es un páramo donde mandan las bases contra la razón; del otro, la vocación y la voluntad de culminar una evolución política y personal. Madina viene de lejos: del enfrentamiento con Nicolás Redondo Terreros, la devoción hacia Zapatero y el rechazo visceral al PP. Pero podría disputar a Sánchez la candidatura a la Presidencia del Gobierno, dentro de dos años. Es consciente de que España necesita una socialdemocracia adulta, inteligente, antipopulista y dispuesta a un gran pacto en defensa de la igualdad. Y de que la «nación de naciones» es un truco tóxico y desesperado. El verano dispondrá.
Entretanto, para su decisión y para la vida, mi sugerencia es que vea el discurso con el que Rodolfo Martín Villa clausuró el curso de Valladolid. La Universidad Europea Miguel de Cervantes lo colgará pronto en su web, para beneficio también del alcalde Puente, que tuvo que marcharse. Es un testimonio preciso de los meses que culminaron en las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977. Martín Villa habló de pie. Literal y metafóricamente. Explicó que la Transición empezó mucho antes del fin de la dictadura, cuando el hombre del 600 hizo suya la carretera nacional. Contó anécdotas que agrandan la figura de Torcuato Fernández-Miranda como padre de la reforma política. Y otras que desmienten la falacia separatista de Tarradellas como padre de la ruptura: «Tarradellas me dijo: ‘Yo soy el representante ordinario del Estado en Cataluña y no volveré a Barcelona si no es nombrado por el Rey y por el presidente Suárez’». Recordó la tensión, el miedo y los muertos: «ETA nunca nos perdonó la llegada de la democracia». Encaró el dilema moral de la amnistía: «No lo hicimos por justicia ni por equidad, sino por conveniencia pública, y fue duro de explicar». Y en un alegato a favor del liderazgo que reclaman los momentos excepcionales, concluyó: «Tuvimos suerte con las personas».
La tuvimos, sí. Y basta leer los periódicos de ayer para ratificar el tiempo verbal. El vacuo Errejón recibe el tratamiento de intelectual. El intelectual Cercas escribe que «en definitiva una nación no es otra cosa que un grupo de personas que se considera a sí mismo como tal». Algo así como los catalanes que quieren seguir siendo españoles, y que junto a los catalanes que no quieren seguir siendo españoles convierten a Cataluña en una nación de naciones. Exuberantemente plurinacional si añadimos a magrebíes, pakistaníes, sudacas y extremeños, sobre todo, extremeños. Y el ministro Zoido se limita a afirmar que el Estado tiene «suficientes armas legales» para impedir el referéndum de secesión, una afirmación absolutamente tranquilizadora después de que los secesionistas hayan dicho que no van a respetar la ley. Desde luego, armas jurídicas no nos faltan. Otra cosa son las políticas e intelectuales. Hay momentos en que los países no generan hombres a la altura de sus desafíos. En España se ha roto la cadena del mérito. Y lo vamos a pagar. Qué pereza.